Validez Personal De La Ley Penal

Validez Personal De La Ley Penal gy angicavirodri I Ocopa,nR 10, 20 IE IE pagos UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DERECHO DERECHO PENAL VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL Autor: Colmenares Pérez, Cesar Rafael C. I. V- 23. 410. 204 Seccion 85 reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Lo que impide establecer discriminaciones entre los individuos que puedan eximirlos de la aplicación de la ley penal.

De esto se infiere, que este ámbito de validez nos dice, que las leyes se aplican sin distinción a todas las personas, capaces de ser sujetos e derechos y obligaciones, y la pena es dada en relación al delito cometido». Ahora bien, el referido artículo establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercic10 en condiciones de Igualdad, de los derecho y libertades en el proceso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha reconocido en varios fallos que el principio o derecho subjetivo a a igualdad y a la no discriminación es una

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obligación de los entes incardinados en todas las ramas que conforman el Poder Público, de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogos o similares situaciones de hecho y que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria.

La Sala en el marco del pnnclpio de igualdad, admite en el ordenamiento jurídico la existencia de disposiciones que de un tratamiento diferente en aquellos casos que por algún motivo sean distintos, con el objeto de corregir las desigualdades que surgen de la aplicación de la norma genérica que parte de un ?nico supuesto a situaciones distintas, lo que e 2 OF de la norma genérica que parte de un único supuesto a situaciones distintas, lo que en definitiva deviene de un trato desigual que contradice la esencia del Principio de Igualdad. El articulo 3 del Código penal Venezolano (CPV) dice: «Artículo 3.

Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, seré penado con arreglo a la ley venezolana. «. Sin embargo establece algunas excepcione, en razón de la función pública que desempeñan, Entre ellos, parlamentarios, jefes de estado extranjeros, presidente de la república, por las cuales iertos ciudadanos quedan exentos de la aplicación de la Ley Penal, a pesar que sus actuaciones encuadren dentro de un tipo penal. Su existencia no implica una violación a las garantías individuales de los gobernados, ya que esos casos especiales están perfectamente justificados. Estas excepciones son: 1 .

Inviolabilidad de los Diputados y del Jefe de Estado Extranjero: De acuerdo con la (CRBV) en el artículo 199 señala: «Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o lectoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos». Se desprende entonces que estos miembros gozan de una inviolabilidad absoluta frente a la ley penal. Dos aspectos básicos discute la doctrina con relación a este punto, la extensión de este privilegio y su naturaleza jurídica.

En cuanto a la extensión de este privilegio, debe precisarse que la inviolabilidad se limita a los voto cuanto a la extensión de este privilegio, debe precisarse que la inviolabilidad se limita a los votos y opiniones emitidos por los diputados en ejercicio de sus funciones, dentro o fuera de la samblea. En cuanto a la naturaleza jurídica de este privilegio, algunos autores creen que se trata de una causa de justificación, otros de una excusa absolutoria y otros de una excusa personal de exclusión de la pena.

Se trata de una causa personal de exclusión de la pena, por quedar excluidos de la aplicación del Derecho Penal, en razón de sus funciones. Otra excepción de la aplicación de la ley penal en Venezuela, es el caso del Jefe de Estado que se encuentre en nuestro territorio, por reconocimiento a la soberanía del Estado que representa. El artículo 297 del Código de Bustamante preceptúa: Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros Estados que se encuentren en su territorio» Esto está fundado en el Derecho Internacional.

El ordenamiento jurídico venezolano consagra o acuerda ciertas prerrogativas, que no constituyen realmente excepciones al principio de igualdad de la ley penal que no sustraen absolutamente a estas personas de su aplicación pero si le dan prlvileglos o tratamiento especial, cumpliendo determinados requisitos. 2. Presidente de la Republica y otros altos Funcionarios: El artículo 232 de la (CRBV), establece: Articulo 232. El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garant(a de los derech 40F obligaciones inherentes a su cargo. Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territono y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y la ley’.

Por tanto, no goza de exención alguna en relación a la aplicación de la ley penal sustantiva. Sin embargo de acuerdo al artículo 266, numeral 2 de la misma Carta Magna, establece que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva

Asimismo, en lo que respecta al Vicepresidente de la República, a los integrantes de la Asamblea Nacional, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los Ministros, al Procurador General, al Fiscal General, al Contralor General, al Defensor del Pueblo, a los Gobernadores, a los Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y a los Jefes de misiones dlplomáticas, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no méritos para su enjuiciamiento y en caso afirmativo, remitirá los autos al Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si uese el caso, y seguirá conociendo, hasta sentencia de s OF o a quien haga sus veces, si fuese el caso, y seguirá conociendo, hasta sentencia definitiva si se trata de un delito común (artículo 266, numeral 3, ejusdem). procedimiento especial: Se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 377 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y en otras leyes especiales.

A los efectos del enjuiciamiento se requiere la previa querella del Fiscal General de la República y la realización del antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si se declara que hay mérito se seguirán las reglas del proceso enal ordinario y si no lo hay se sobreseerá la causa. Artículo 378 (COPP) Reclbida la querella, El Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública dentro de los treinta días siguientes, para que el imputado responda. En la audiencia el Fiscal General explanará la querella, seguidamente el defensor hará sus alegatos, se admitirá réplica y contra réplica y el imputado tendrá la última palabra.

Concluido el debate el Tribunal Supremo tendrá cinco días para dictaminar si hay o no méritos para el enjuiciamiento. Artículo 379 (COPP) Declarado el enjuiciamiento el funcionario público quedará uspendldo o inhabilltado para ejercer cualquier cargo durante el proceso. Artículo 380 (COPP). para los exfuncionarios o las personas que hayan ocupado los cargos públicos enunciados, la Ley Contra la Corrupción prevé la no exigencia de antejuicio de mérito cuando el enjuiciado haya cesado en sus funciones. 3. Inmunidad de los Diputados y del Defensor Público: Además del privilegio de la inviolabilidad de que 6 OF Inmunidad de los Diputados y del Defensor Público.

Además del privilegio de la inviolabilidad de que gozan los miembros de la Asamblea Nacional ya tratado, consagra nuestra egislación un régimen especial en virtud del cual, en forma temporal, mientras desempeñen sus funciones y con limitaciones. Establece el Articulo 200 (CRBV): «Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, unica autoridad que podrá ordenar, prewa autorización de la Asamblea Nacional, su etención y continuar su enjuiciamiento.

En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley». Se establece entonces que en caso de delito flagrante, previa autorización de la Asamblea Nacional, la autoridad competente o pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 200 ejusdem) y el enjuiciamiento del diputado si hay méritos para ello, no podrá continuar sin la autorización de la Asamblea Na del diputado si hay méritos para ello, no podrá continuar sin la autorización de la Asamblea Nacional. En lo que respecta al Defensor del pueblo, órgano del poder Ciudadano, el artículo 282 (CRBV), le acuerda el goce de inmunidad en el ejercicio de sus funciones: «Artículo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, o podrá ser perseguido, detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En todo caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia». Esta inmunidad es temporal y limitada al periodo de ejercicio de su cargo.

No puede ser sometido a juicio penal por hechos que no guarden relación con sus funciones, si previamente el Tribunal Supremo de Justicia no declara la existencia de méritos, correspondiendo a esta maxima instancia el conocimiento de la causa. 4. Diplomáticos Extranjeros Acreditados en Venezuela: Se consagra la «inviolabilidad» en sus personas, residencias articulares y oficiales, bienes y documentos, y la «inmunidad» de la jurisdicción civil administrativa y penal del Estado receptor, lo que no los exime de la jurisdicción del Estado acreditante (Ley Aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 Sin embargo, existe la posibilidad de que el Estado acreditante renuncie a la inmunidad, lo cual debe hacer expresamente.

Lo que hace que se trate de una inmunidad relativa, ya que cave la posibilidad de que sean procesados en Venezuela por hechos punibles cometidos en el país si se produce la renuncia a la inmun rocesados en Venezuela por hechos punibles cometidos en el pais si se produce la renuncia a la inmunidad y asi mismo pueden ser juzgados una vez que han cesado en su cargo, a menos que ya hayan sido juzgados. 5. Funcionarios Consulares en Venezuela: Existen ciertas prerrogativas, consagradas en la Ley Aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, que prevé que en caso de instaurarse un procedimiento penal contra un funcionario consular, si el delito no es grave, el funcionario no podrá ser detenido preventivamente, ni sometido a ninguna limitación de su libertad, sino en virtud de sentencia irme y en todo caso debe concederse la debida deferencia y con el minimo de perturbación a sus funciones, En caso de delito grave si procede la detención preventiva.

El Estado al cual pertenece el funcionario consular puede renunciar, en forma expresa, a las prerrogativas señaladas. La Extradición La extradición es el procedimiento jurídico mediante el cual un sujeto acusado o condenado por una conducta considerada como delito por la ley de un Estado es detenida en otro Estado y este hace entrega del inculpado para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. IJn Estado está obligado a conceder la extradición de un elincuente extranjero, si existe un tratado internacional o Convención Internacional sobre extradición con el Estado requirente. Cuando no existe un tratado o convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla.

En otras palabras, es el acto por el cual En otras palabras, es el acto por el cual un Estado, en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito, lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o para la ejecución de una pena impuesta. Hoy en día, se señala que la extradición es un acto de olaboración internacional en materia penal con el cual se refuerza la lucha contra el delito, con el fin de evitar la impunidad. Clasificación de la Extradición: 1 Necesaria u obligatoria: cuando entre uno y otro de dichos estados está vigente un tratado de extradición, en el que, además, se ha incluido el delito que motiva la extradición, el Estado requerido está jurídicamente obllgado a atender dicha solicitud; y 2. Facultativa o potestativa: cuando entre el Estado requirente y el requerido no existe tratado de extradición o si aquél existe, pero en él no está comprendido el hecho delictivo que ha dado rigen a la solicitud, el Estado requerido no está jur[dicamente obligado a conceder la extradición, aun cuando puede acordarla en ejercicio de un acto de soberanía. En Venezuela existe un procedimiento para la extradición activa, por ser el Estado que la soliclta y otro procedimiento diferente cuando se trata de la extradición pasiva, por ser el Estado a quien se le solicita, asi lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Artículos 391 al 399 (COPP) Fuentes de la Extradición: En Venezuela esta materia está regulada por normas contenidas en el Código Penal articulo 6 (COP), Código Orgánico Procesal Penal, artícu