Trabajo I de Contencioso

Trabajo I de Contencioso gy gerbelysyangelica cbenpanR 10, 2016 17 pagos UNIVERSIDAD DE MARGARITA. VICERRECTORADO ACADEMICO. FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS. DECANATO DE DERECHO CATEDRA: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PACE 1 ori? to View nut*ge JURISDICCION DE LO PROFESOR: ALUMNOS: Rafael Santiago, Materam Carreño, Robert. Matheus, Berbelys. Angélica. MI TRATIVO Neira, «Jurisdicción», es usado para designar la esfera de acción, competencia o atribuciones de una persona o determinada entidad.

De manera restringida, se entiende como el modo de administrar justicia por el Estado, constituyendo una función ública, cuyo objeto, es la aplicación del derecho a los casos cuestionados por los particulares, cuando acuden ante el funcionario pertinente, para dirimir o aclarar sus diferencias. Contencioso, según el diccionario jurídico elementar, de Guillermo Caballenas de torres. Expresa: «en general es litigioso, contradictorio». En otras palabras, es el motivo de disputa entre dos partes. p. 89) Administrativo, «es un adjetivo que procede de un vocablo latino que significa perteneciente o relativo a la administracion. La administración, por su parte, está vinculada al funcionamiento, l rendimiento y la estructura de una organización». (La web, http://definicion. de/administrativo/#ixzz3xSqOL69z). De modo que, la administración, es el conjunto de reglas para gestionar bien un negocio; y, más particularmente para aplicar los

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medios a la consecución de los fines del Estado.

Ahora bien una vez aclarado estos conceptos, podemos explicar que es la jurisdicción contencioso administrativo de forma clara y precisa resumiéndola de la siguiente manera: es aquella con competencia para revisar, fuera de la vía jerárquica, los acuerdos definitivos de la administración pública. Esto se debe a que existe una controversia o contradicción entre las partes, que requiere de un juicio y una decisión.

En otras palabras, es la encargada de velar porque los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública y los Administrados, estén apegados a los principios de legit omisiones de la Administración Pública y los Administrados, estén apegados a los principios de legitimidad y legalidad, valiéndose para ello, de los distintos órganos judiciales y jurisdiccionales, que tienen la responsabilidad de controlar estas relaclones administrativas y jurídicas en todos los niveles.

En síntesis, la jurisdicción contencioso administrativa, representa una garantía de la aplicación del principio de legalidad de la Administración Pública en todos sus niveles, vale decir, Nacional, Estadal y Municipal. Noción. En nuestro pa(s, la legislación del procedimiento administrativo no tiene una larga tradición. Sin embargo, los antecedentes constitucionales se remontan a la Constituclón de 1830 (Art. 86, Título XXVI, Disposiciones Generales), cuando dispuso: «Ningún funcionario público expedirá, obedeceré ni ejecutará órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución o a las eyes, o que violen de alguna manera las formalidades esenciales prescritas por éstas; o que sean expedidas por autoridades manifiestamente incompetentes» Efectivamente, ese es el primer asomo de respeto al procedimiento administrativo incorporado al principio de legalidad.

Ahora, por cuanto la idea inicial era su consideración como un elemento propio de la actividad ad intra (dentro) administrativa, las primeras regulaciones se contenían en textos dispersos contenidos en leyes, reglamentos y resoluciones, en los que junto a normas relativas a la organización y distribución de ompetencias, se contenían muy escasos preceptos dedicados al procedimiento administrativo.

Ahora bien, partiendo desde la explicación anterior donde se puede apreciar la estrecha vinculación existente entre I desde la explicación anterior donde se puede apreciar la estrecha vinculación existente entre la Jurisdicción contencioso administrativa y el derecho a la tutela judicial efectiva nos permite afirmar, como lo hace Brewer-Carías, que la consagración constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa no debe ser vista únicamente como una norma atributiva de ompetencias judiciales a un conjunto de órganos jurisdiccionales, sino que la misma debe ser apreciada como un derecho a la tutela judicial frente a la Administración. Por otra parte, cabe señala que, Ana Elvira Araujo, la define de la siguiente manera: «Una tutela de derechos e intereses legítimos, una tutela de posiciones subjetivas. No es, en modo alguno, un proceso al acto o protección de la legalidad objetiva, es un proceso de tutela de derechos del recurrente y de la Administración (ésta última más potestades que derechos) confrontados entre sí como partes»

En sentido similar se pronunció la emblemática sentencia de la Sala Constitucional del 23 de octubre de 2002 (Caso: Gisela Anderson, Jaime Gallardo y otros vs Presidente de la República, Ministerio de Infraestructura y Conatel) al establecer: «Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa, no está limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa, ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia, incluyendo a la contencioso-administrativa, como un sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos, or lo tanto, a partir de la Constitución de 1999, la jurisdicción contencioso-administrativa no puede concebirse como un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que e sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, regula procedimientos objetivos, cuya finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado – sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas, que no permite reducir, limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de hecho» De manera que, el objetivo principal del contencioso administrativo no es garantizar el apego a derecho de la actividad administrativa, sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad.

Es decir, regula la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales. Ello no significa que en modo alguno se abandone el control de legalidad del actuar administrativo, antes por el contrario, éste siempre será revisado por el juez, pues toda alteración a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce l particular constituye en si misma una vulneracion a la ley, que como tal, debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego. Competencia. En cuanto a las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa es de suma importancia hacer, mención al artículo 259 de la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela.

Debido a que este artículo es mucho más enfático en lo ateniente a la reparación de daños y perjuicios causados a los particulares por las autoridades administrativas. Esto, en comparación con la Constitución an administrativas. Esto, en comparación con la Constitución anterior. Por lo tanto el articulo 259 ejusdem prevé las siguientes competencias: Anular los actos administratlvos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. Condenar al pago de sumas de dinero. Reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración. Conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Aunado a esto, el estudio de las demandas de nulidad desde u ámbito orgánico comporta el análisls de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dictada con el fin de regular la organización y función de la jurisdicción contencioso administrativa prevista a nivel constitucional, a cada uno de los tribunales que integran dicha jurisdicción para controlar la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. Cuyas competencias quedan previstas en el artículo 9 ejusdem de la siguiente manera: 1 Las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por esviación de poder. 2. De la abstención o la negativa de las autoridades a producir un acto al cual estén obligados por la ley. 3. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a los órganos del Poder Público. 4.

Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y, perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el poder público. 5. Los reclamos por la presta extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público. 5. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el establecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos. 6. La resolución de los recursos de interpretación, de leyes de contenido administrativo. 7. La resolución de las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades. 8.

Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales a República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. g. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociacion, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de 10. Las actuaciones, abstenciones, negativas o las vías de hecho de los consejos comunales y de otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejerzan funciones dministrativas. 1 .

Las demás actuaciones de la Administración Pública no previstas en los numerales anteriores. Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este orden de ideas, la percepción de la jurisdicción contencioso administrativ ante del derecho a la tutela judicial efectiva, a la IS de la integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, a la luz del análisis de la disposición que la consagra con rango constitucional (art. 259), nos permite afirmar que ésta goza de las siguientes características: Es de rango constitucional, tal y como ha sido observado, esde su nacimiento la jurisdiccion contencioso administrativa venezolana ha estado consagrada expresamente en la Constitución (salvo el texto de 1953).

Sin embargo, las formulaciones más acabadas se encuentran en la derogada Constitución de 1961 y en la actual Constitución de 1999 Es judicial y especial, sostiene Calcaño De Temeltas lo que a su vez es uno de los axiomas de esta materia, «no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes, con neutralidad, esa controversia; lo que caracteriza al contencioso administrativo es la existencia de un Tribunal que ilucide las controversias que han surgido entre la Administración y el administrado». En jurisprudencia reciente, la Sala Político- Administrativa ha comentado a este respecto que «desde el punto de vista organizativo, la jurisdiccion contencioso administrativa en Venezuela, está estructurada tanto por grados como, por materias que tiene atribuida, pudiendo también clasificarse los tribunales en: Tribunales Contencloso Administrativo Generales, Especiales y Eventuales… » Es universal Ejerce el Control sobre la Administración Pública en Venezuela, es decir, a los efectos o consecuencias de la actividad pública, olocando mayor énfasis en la actuación que en la persona.

Ejecuta el control de la actividad de los Órganos que ejercen el Poder Público, así como de los Entes Públicos, no limitándose solo al conocimiento de juici ejercen el Poder Público, así como de los Entes Públicos, no limitándose solo al conocimiento de juicios de nulidad de actos administrativos, abarca el conocimientos de demandas contra la Republica, Estados, Municipios, Institutos Autónomos, Entes, y Empresas. Posiblemente el de mayor trascendencia, ejerce el control de la legalidad y legitimidad de toda la actuación administrativa, a ravés de la competencia de sus órganos no solo en anular actos administrativos contrarios a derecho, sino también de relaciones, hechos y demás actuaciones de aquellos entes sometidos a su control.

Es subjetivo, tal y como en su oportunidad lo dispuso el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961, y hoy lo hace el articulo 259 de la Constitución de 1999, los poderes del juez contencioso convergen en un fin muy preciso: «el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa» Ello aparta al sistema contencioso venezolano de la línea de los igilantes de la legalidad, y determina que el proceso no sea un juicio al acto sino un instrumento de realización de justicia (Artículo 257 del Texto Fundamental vigente) y medio para hacer valer la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, incluso los colectivos o dlfusos (Articulo 26 de la actual Constltucón). Se trata de un verdadero sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos. Es público, respecto al principio de la publicidad, dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que los actos del proceso serán públicos, salvo que a ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, orden público o protección d contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, orden público o protección de la intimidad de las partes.

Permite la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en cualquier estado y grado del proceso, los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento. Así ha quedado establecido en el art[culo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Reconoce la participación popular, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los entes, consejos comunales, colectivos y otras manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación, aunque no sean partes.

El juez contencioso administrativo, representa una figura nquisitiva, él va a intervenir de manera determinante en el procedimiento contencioso Administrativo. Este es un juez que actúa con poderes especiales que se derivan del propio procedimiento contencioso administrativo; ya que, interviene en el proceso como una parte más. Es decir, puede buscar sus propias pruebas o elementos de convicción, distinto a lo que han presentado las partes. Aunque, también el juez puede tomar la decisión de lo aportado por las partes Este juez se puede apartar de lo que digan las partes, puede declarar una prescripción, una caducidad de oficio sin que lo hayan solicitado las partes, as