Sistema económico social dentro del marco constitucional en venezuela
INTRODUCCION El presente trabajo se hace un recorrido por diversos temas de interés los cuales mencionamos a continuación: Sistema Económico, Mecanismos de participación económica, Contexto Jurídico-Político-Social, Transformaciones del sistema económico a través de la cogestión, Libre Empresa, Bases constitucionales y Legales, Participación económica, cooperativa, microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresas de producción Social. Estos temas pertenecen al ámbito nacional; siendo necesario conocer estos, para PACE 1 consecuencias de ca u to View nut*ge Además de lo en lo que a nuestro p s aportes o aquí se tratan. s hacer énfasis rtante del presente trabajo; el cual se refiere a la Libre Actividad Económica, y específicamente al papel tan importante que juegan las transformaciones del Sistema Económico a través de la cogestión Nuestra mayor recompensa es que el presente trabajo sea del agrado y utilidad del lector, pues nuestra intención es aportar un pequeño grano de arena para el desarrollo de Asociaciones de carácter Social y Participativo y las nuevas formas de Organización como son las Cooperativas, las Pequeñas y Medianas empresas como también las Empresas Mixtas.
Siendo así una de las caracteristicas de la Constitución venezolana aprobada en 1999, la inclusión de diferentes mecanismos de participación popular, consagrados como derechos pollticos
Por otra parte, es el conjunto de principios por los cuales se abordan los problemas económicos, tales como la escasez mediante la signación de recursos productos limitados. La idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. Durante esa articulación de partes cada sociedad trata de resolver el problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades básicas.
Los mecanismos de participación económica: Una de las características de la Constitución venezolana aprobada en 1999, es la inclusión de diferentes mecanismos de articipación popular, consagrados como derechos polticos de Entre ellos cabe destacar las diversas formas de participación en la esfera socio-económica, en los cuales se incluyen las » instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad» (art. 0 CRBV). El establecimiento de este derecho constitucional ha servido como punto de partida para que los órganos gubernamentales rienten su apoyo institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras 2 5 institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras ya mencionadas. Inicialmente se concentró la atención en el sector de las cooperativas, dando origen a la creación de miles de iniciativas de este tipo, en la búsqueda del apoyo oficial.
Sobre esta experiencia, se estima que hasta mediados de 2005, se habían creado en el país más de 74 mil cooperativas, pasando Venezuela a ocupar el segundo lugar a nivel mundial entre los arses con mayor número de casos, después de China. La experiencia del programa de apoyo gubernamental a las cooperativas muestra algunos logros, como el estimulo a la iniciativa productiva de microempresarios y población en situacón de desempleo formal, pero debe ser evaluado objetivamente para detectar sus debilidades y diseñar planes de acción que permitan su permanencia sustentable.
En todo caso, los puntos a favor y en contra de este programa gubernamental han servido como referencia para la promoción de nuevos programas que impulsan la participación popular en el campo económico, como lo establece el texto constitucional. Es asi como durante el aho 2005 se comenzaron a impulsar las figuras de la cogestión y las empresas de producción social, que junto con las cooperativas, los microcréditos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, se toman como puntas de lanza de los programas oficiales orientados a la consolidación de la «economía popular».
Son diversos los temas de discusión que surgen a raíz de estas acciones gubernamentales, ya que cada una de ellas tiene implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, ambientales, e incluso Institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexio 35 mbientales, e incluso institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexiones relacionadas especialmente con los mecanismos de cogestión que vienen promoviéndose en el país, analizados desde una perspectiva económica.
Es necesario comenzar la exposición aclarando el significado del término «cogestión», para diferenciarlo de otros esquemas de participación en las decisiones económicas. Al respecto puede citarse a Sabino (1 991: 1), quién la define como: Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a través de representantes suyos en el directorio y en algunas otras nstancias de gestión: gerencias, departamentos, entre otros. La cogestión puede ser una derivación de la copropiedad de la empresa o puede ser independiente de ésta, como resultado de leyes que la imponen.
En este sentido, se diferencia de la autogestión, ya que esta se refiere a aquellos casos donde los trabajadores toman las decisiones gerenciales en forma independiente, sean o no propietarios de la empresa; por otro lado, las cooperativas se conforman por un grupo de socios que comparten sus servicios y sus gananclas, y que eligen una junta directlva que tome las decisiones generales. Otro término con el que puede confundirse la cogestión es el de copropiedad, donde los trabajadores poseen una porción significativa de las acciones de la empresa, hecho que puede dar cabida a la aplicación de mecanismos cogestionarlos.
En Venezuela las experiencias de cogestión que se vienen aplicando en el sector empresarial, no parten de la copropiedad de la firma, sino que se basan en la expropiación por parte del Estado de empresas en crisis, declaradas como utilidad pública, y entregadas a los trabaja 4 35 parte del Estado de empresas en crisis, declaradas como til dad pública, y entregadas a los trabajadores para que sean coadministradas por ellos y por los directivos designados por el gobierno.
Se han dado otros casos en los cuales los propietarios privados, con la finalidad de acceder a planes de financiamiento del sector público, aceptan la cogestión dentro de sus estructuras directivas, sin compartir la propiedad de la empresa. En todo caso, los mecanismos de cogestión que comienzan a aplicarse en el país no se basan en la copropiedad de empresas, sino en la aplicación voluntaria de los propietarios, sean estos del sector público o del privado.
Con la finalidad de normar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los procesos de cogestión, se ha planteado la necesidad de crear leyes que regulen la materia, por lo que una vez aprobado el marco legal respectivo, daría lugar a nuevas modalidades de cogestión, tal vez en forma obligatoria si así lo establece el instrumento normativo.
Otro mecanismo de participación popular en la actividad económica, que comienza a aplicarse en el aho 2005, es el de las Empresas de Producción Social, las cuales se han constituido en una exigencia para contratar con ciertas empresas de Estado como PDVSA Esta figura consiste en la creación de empresas que no sólo persigan el objetivo de maximizar su rentabilidad para el sector privado, sino que parte de esta rentabilidad sea distribuida entre los trabajadores y la comunidad ubicada en su entorno, contribuyendo al financiamiento de obras para el desarrollo social.
Estas empresas pueden utilizar mecanismos de cogestión, pero no se ha contemplado aún como requisito obligatorio. Ya establecidas las s 5 cogestión, pero no se ha contemplado aún como requisito Ya establecidas las diferencias básicas entre la cogestión y otras ormas de particpación en la actividad econórmca, se comenzará la discusión sobre sus implicaciones económicas, haciendo referencia obligada a ciertas circunstancias en el entorno jurídico- político y social que condicionan su aplicación. 2.
El contexto jurídico-político-social: En el ámbito de las decisiones políticas y jur[dicas que se relacionan directamente con los mecanismos de cogestión, se hará referencia a tres de los instrumentos que le sirven de referencia en la actualidad; estos son: la Constitución, ya referida anteriormente, el documento sobre el Nuevo Mapa Estratégico, y el proyecto de «Ley de participación de trabajadores y trabajadoras en la gestión de empresas públicas y privadas», presentado por la Unión Nacional de Trabajadores.
Los comentarios que se esbozarán sobre estos instrumentos se concentrarán en las implicaciones que tiene cada uno de ellos sobre la configuración del sistema economico propuesto por el gobierno central. En primer término, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lineamientos para promover y proteger las diferentes formas de participación popular, en lo social y o económico, comprometiendo al Estado a proporcionarles capacitación, asistencia técnica y financiamiento oportuno (art. 70, 118, 308 CRBV).
En estos términos no solo se refiere a la cogestión, sino a todos los medios de participación y formas asociativas «guiados por valores de mutua cooperación y solidaridad» (cooperativas, autogestión, cajas de ahorro, entre otros). Al mismo tiempo se preserva el respeto a la libertad econ 6 5 Al mismo tiempo se preserva el respeto a la libertad económica y la propiedad privada, con las limitaciones que implemente el Estado en aras del interés social y con el objetivo de «lograr na justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta» (art. 12, 299 CRBV) Lo anterior puede interpretarse como la supremacía del Estado para decidir cuando la libertad económica de los agentes privados debe ser intervenida, para favorecer objetivos de tipo social. Con este marco constitucional, queda abierta la puerta a decisiones gubernamentales que puedan imponer la cogestión de manera coercitiva, y aplicable aún en los casos donde los propietarios privados pudieran oponerse. Actualmente no hay un régimen jurídico específico que regule sta situación probable, pero pudiera estar amparado por la norma constitucional.
Por otra parte, si se revisan los documentos relacionados con la planificación estratégica del alto gobierno pueden observarse cuáles son los objetivos que se han establecido para la esfera economica y social. Tal es el caso del texto denominado «El nuevo mapa estratégico» (Chávez, 2004), documento donde se plasman los diez objetivos estratégicos que deben guiar los planes de acción gubernamentales. Estos son: 1 . Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular. 4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado. 5. Activar una estrategia integral contra la corrupción. 5. Desarrolla institucionalidad del Estado. 6. Desarrollar la nueva estrategia electoral. 7. Acelerar la construcción de un nuevo modelo productlvo, rumbo a la creación de un nuevo sistema económico. 8. Continuar instalando la nueva estructura territorial. 9. Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional. 0. Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar. Los objetivos 1 y 7 hacen énfasis en los cambios propuestos en el campo social y el económico, respectivamente, sin olvidar la interdependencia que estos tienen con el resto de los lineamientos estratégicos perseguldos por el gobierno. Con respecto a la conformación de una nueva estructura social, se enfatiza en el empoderamiento de los estratos de bajo ingreso, «darle poder a los pobres» (Chávez, 2004: 33), y en la búsqueda de una sociedad más justa y con mayor igualdad.
Este planteamiento busca mejorar las condiciones sociales de mplios sectores de la población venezolana, caracterizados desde hace muchos años por: 1. Creciente nivel de pobreza, estimado para finales del 2004 en 50,1 5% de la población, con un grado de pobreza extrema de (cesap-Cisor, 2005). 2. Desigualdad en la distribución del ingreso: en términos estadísticos el coeficiente Gini alcanzó un valor de 0,457 a comienzos del siglo XXI (año 2000), mostrando una tendencia decreciente (Cesap-Cisor, 2005).
Este indicador varía teóricamente entre Oy 1, donde un valor de cero representa igualdad total en la distribución del ingreso y 1 indica una desigualdad extrema. Esto significa que el índice venezolano se encuentra en un nivel intermedio de desigualdad, aunqu índice venezolano se encuentra en un nivel intermedio de desigualdad, aunque mostrando un comportamiento decreciente en los últimos años. 3.
Tasa de desempleo en disminución y altos niveles de ocupación en el sector informal: los niveles de desempleo han experimentado una caída importante (10,7% para febrero de 2006, según INE, 2006), mostrando resultados favorables para la gestión gubernamental y la recuperación del sector privado. Sin embargo, se mantienen altas tasas de desempleo informal (46,1% n marzo 2006, según INE, 2006), indicando que este sector de la población no goza de los beneficios laborales previstos en el marco institucional venezolano, afectando su calidad de vida. 4.
Limitado acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda) en los estratos más pobres de la población (INE, 2006). Este marco de condiciones sociales desfavorables ha justificado gran parte de las acciones implementadas por el gobierno, entre ellas la promoción de las políticas de cogestión, con el argumento de recuperar y fortalecer empresas que generen nuevos empleos, que eviten la desaparición de fuentes de empleo ya existentes. Para ello se estimula la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, otorgando el apoyo financiero requerido para continuar las operaciones de empresas en situación de cnsis.
En el caso del séptimo objetivo del «Nuevo mapa estratégico», referido al sistema económico, se esbozan tres lineamientos principales: a) Trascender el modelo capitalista: citando las palabras del presidente Hugo Chávez (2004: 30), «el objetivo de largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el odelo capitalista… este modelo es inviable, imposible… «. Ac puede tener duda de ello, es trascender el modelo capitalista… este modelo es inviable, imposible… «.
Aclara su autor que no es un objetivo alcanzable en el período propuesto para el plan 2004-2006, pero que deben ejecutarse las acclones que establezcan los cimientos para alcanzar esta meta en el largo plazo, ya que es un sistema basado en la explotación y en una distribución altamente desigual del ingreso, y de esta forma no se alcanza el desarrollo de un país. b) No se plantea eliminar la propiedad privada: en cuanto a los squemas de propiedad descarta la instalación de un sistema comunista, al menos en el corto plazo.
Al respecto señala lo establecido en la carta magna, sobre la construcción del sistema económco con desarrollo social, hacia «la economía social, la economía humanista, la economía igualitaria» (Chávez, 2004. 30). Se infiere la permanencia de los regímenes de propiedad privada de los medios de producción, pero supeditada a las regulaciones que pueda establecer el Estado al respecto, entre ellas los mecanismos de participación económica y la cogestión en la toma de decisiones. ) Construcción del nuevo modelo productivo: ‘transformar no sólo el aparato productivo,… ay que transformar las relaciones de producción y acabar con el patrón del capitalista» (Chávez, 2004: 80). De nuevo enfatiza en el objetivo de superar el modelo de producción capitalista, pero sin abolir la propiedad privada como institución económica. Para la transformación del modelo productivo la principal herramienta del gobierno central, en una época de abundancia de recursos provenientes de la explotación petrolera, es la disponibilidad de recursos financieros y el condicionamiento al sector privado para