Sentencia de discrecionlidad

Sentencia de discrecionlidad gy jupupica ACKa5pR 03, 2010 38 pagos Sentencia No. C-318/95 ESTADO DE EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA- Naturaleza jurídica El estado de emergencia penitenciaria y carcelaria no implica que el Ejecutivo asuma funciones legislativas pues, a través de la precitada figura sólo se están actualizando las restricciones anexas a la suspensión del derecho a la libertad física, precisamente ya determinadas por el propio legislador al regular el régimen penitenciario y carcelario y fijar los propios límites del mencionado estado de emergencia.

En ese orden e ideas, el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria es una manifestación de es un procedimiento agilidad a ciertos trá normalidad, en virtu sanitario a la cual se penitenciaras.

Este e atestad administrativa, pues solamente e la cr onferir mayor situaciones de y de orden s carcelarias y asimila entonces a otras figuras administrativos, como la llamada contratación estatal por urgencia manifiesta, en las cuáles la ley hace más expeditos ciertos procedimientos y tomas de decisión, por las situaciones de urgencia que enfrenta la administración, sin que por ello pueda declrse que se trata de uno de los estados de xcepción regulados por la Carta, puesto que el Ejecutivo sigue estrictamente sometido a la ley y no

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DISCRECIONALIDAD/ARBITRARIEDAD Esta diferenciación entre lo discrecional y lo arbitrario tiene claro fundamento constitucional en Colombia, pues la Carta admite la discrecionalidad adminitratlva pero excluye la arb arbitrariedad en el ejercicio de la función pública. Así la potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria e indispensable, en ciertos casos, para una buena administración pública, pues se le bnnda al gestor público la posibilidad de ecidir, bajo un buen juicio, sin la camisa de fuerza de una reglamentación detallada que no corresponda a la situación que se quiera superar o enfrentar.

En cambio, la arbitrariedad está excluida del ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, si bien la Constitución colombiana no consagra expresamente «la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», como lo hace el articulo 90-30 de la Constitución Española, este principio deriva de normas específicas de nuestra Carta. POTESTAD DISCRECIONAL,’PRINCIPIO DE MENSURABILIDAD- Concepto La potestad administrativa, y en especial la discrecional, se ncuentra sometida al principio de mensurabilidad, el cual consiste en que en ningún caso la potestad puede constituirse como un poder indefinido o ilimitado.

En efecto, en primer término, la actuación del Estado a través de la potestad administrativa esté sujeta a los lineamientos constltuclonales, pues «en el Estado Social de Derecho las competencias son regladas y el margen de discrecionalidad de los agentes públicos debe ejercitarse dentro de la filosofía de los valores y principios materiales de la nueva Constitución». En segundo lugar, la potestad citada se encuentra condicionada a la definición de u ámbito de acción, determinándose los fines a cumplir y la forma en la cual se debe desplegar la conducta mencionada.

Esto significa que la potestad siempre se debe entender limitada a la realización de los fines específicos que le han sido encome 2 8 se debe entender limitada a la realización de los fines específicos que le han Sido encomendados por el ordenamiento jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo contiene una actuación legítlma, en tanto y en cuanto, se ejecute en función de las circunstancias, tanto teleológicas como materiales, establecidas en la norma que la concede. r ello, el artículo 36 del C. C. A. , a cuyo tenor la Corte considera que deben ser interpretadas las facultades del INPEC durante el estado de emergencia carcelaria y penitenciaria, señala con claridad que «en la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. DERECHOS DEL INTERNO-LímiteS/INSTlTUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO Las limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales se presentan dadas las circunstancias especiales de seguridad y alubridad que se deben mantener en una cárcel, para garantizar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, así como para la propia protección de los reclusos y de derechos de terceros. El Director del INPEC, tanto a nivel general como cuando ejerce las potestades discrecionales derivadas del estado de emergencia, está obligado a respetar los derechos constitucionales de los internos.

Esta limitación opera, según la Corte, al menos en un doble sentido. De un lado, la autoridad carcelaria y penitenciaria no puede, en ningún caso, efectuar conductas que sean lesivas de aquellos derechos constitucionales ue las personas recluidas conservan en forma plena. Así por ejemplo, y tal y como esta Corporación lo ha reiterado en antenores d 38 conservan en forma plena. Así por ejemplo, y tal y como esta Corporación lo ha reiterado en anteriores decisiones, la dignidad de los presos debe ser respetada y no se les pueden aplicar torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De otro lado, cuando sea necesario limitar un derecho, la autoridad carcelaria o penitenciaria tiene la obligación de tomar medidas proporcionales al fin perseguido, el cual obviamente tiene que ser onstitucionalmente legitimo. ESTADO DE EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA-Medidas que se adopten Las medidas que pueden ser adoptadas durante la emergencia carcelaria o penitenciaria no pueden tener un carácter sancionatorio contra los reclusos, puesto que ellas están destinadas exclusivamente a «superar la situación presentada», tal y como lo señala expresamente el inciso segundo del artículo impugnado.

En efecto, si tales facultades pudieran implicar un poder sancionador discrecional de parte del Director del INPEC, tendrían razón aquellos inten,’inientes que solicitan la declaración e inexequibilidad de este inciso segundo por violar las reglas del debido proceso y el principio de legalidad y predeterminación de las sanciones disciplinarias. Pero ello no es así, por cuanto se trata de medidas únicamente destinadas a superar una situación de crisis.

TRASLADO DE INTERNO Se debe verificar la entidad normal de la figura para así establecer con certeza su naturaleza jurídica. En el ordenamiento jurídico colombiano, el traslado no tiene el carácter de sanción sino que solamente es una decisión de gestión, a partir de los recursos físicos disponibles. AISLAMIENTO DEL INTERN 4 38 AISLAMIENTO DEL INTERNO El aislamiento de internos tiene dos dimensiones: tanto la sanclonadora como la preventiva.

Vista la naturaleza precaria del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, la Corte estima que el aislamiento de internos de que trata el artículo 168 de la Ley 65/93 es de naturaleza preventiva pues tiene como objeto sólo precaver la extensión o continuación de la situación de crisis, por lo cual la utilización de las facultades de emergencia para la imposición de aislamientos para sancionar internos y no para superar las situaciones de urgencia constituye una desviación de poder.

Siendo ello así, cuando los problemas de seguridad u orden sanltario hayan sido superados el mencionado alslamiento debe cesar teniendo en consideración su característica precautelativa. La adopción de estas medidas específicas debe ser adecuada, razonable, proporcional y respetar los derechos constitucionales de los internos. DERECHO A LA IGUALDAD-Trato diferenciado La Constitución reconoce el derecho a la igualdad de las personas.

Tal derecho no implica sin embargo que la ley no pueda establecer formas de diferenciación y tratos diferentes, pero para que éstos sean constitucionalmente legítimas, es ecesario que se presenten las siguientes condiciones: – Distinta situación fáctica; – Finalidad en el trato distinto; – La finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; – El supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre si o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; – Esa racionalidad debe ser proporcionada, de su s 8 guarden una racionalidad interna; – Esa racionalidad debe ser proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica ue constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.

Si concurren estas circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso contrario, el trato desigual configura una discriminación contraria a la Constitución. El trato distinto que se podría dar a los diferentes reclusos por la aplicación de medidas decretadas en virtud de un estado de emergencia carcelaria en principio no viola el derecho a la igualdad de los internos. REZ Demanda NO. -759 Norma acusada: Artículo 168 de la Ley 65 de 1993. Actor: José Joaquín León Aldana. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Temas: – Naturaleza jurídica del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria. Potestad discrecional, prohibición de la arbitrariedad, igualdad y control judicial Las facultades de la administración y los derechos – El traslado y el aislamiento en el estado de emergencia penintenciaria y carcelana. Santa Fe de Bogotá, diecinueve (19) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional de de Colombia, integrada Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA l. ANTECEDENTES El ciudadano José Joaquín León Aldana presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, a la cual le fue asignada el número D-759. Cumplidos, como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. 1. Del texto legal objeto de revisión. El articulo 168 de la Ley 65 de 1993 preceptúa lo siguiente: Artículo 168. Estados de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria. El Director General del Inpec, previo concepto favorable del Ministro de Justicia y del Derecho, podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los centros de reclusión, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes casos: a) Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar grave o inminen den y la seguridad penitenciaria V carcelaria; de acuerdo con los artículos 31 y 32 de esta Ley.

Si en los hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere comprometido personal del sewicio penitenciario o carcelario, el Director del Inpec podrá uspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes. Cuando se trata de las situaciones contempladas en el literal b) el Director del Inpec acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las que están obligadas a prestarla de inmediato en coordlnación con los centros de reclusión afectados. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá disponer de los traslados de los internos que se requieran, a los lugares indicados. De igual manera se podrán clausurar los establecimientos penales si así lo exigen las circunstancias.

Así mismo podrá hacer los traslados presupuestales y la contratación directa de las obras necesarias para conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto. Superado el peligro y restablecido el orden, el Director General del Inpec informará al Consejo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las autoridades judic ales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus orrespondientes fines. 2. De los argumentos de la demanda. El actor considera que la d art[culos V, 13, 28, 29, 83 andada viola los stitución Política. Constitución Política.

En efecto, el demandante sostiene que la norma acusada «desconoce el principio de igualdad al establecer un tratamiento diferencial y desfavorable para algunos de los procesados, es decir para aquellos que son trasladados a establecimientos carcelarios distintos a donde se instruye el proceso, alejados del lugar de residencia, de sus familias sin estar condenados, privados del derecho a las visitas por dificultades conómicas y de distancia». Así mismo, el ciudadano León Aldana da a entender que se presenta una violación al debido proceso porque en la norma acusada no hay una concreción de los derechos y garantías que son reconocidos a las partes en toda actuación judicial, para salvaguardar la dignidad humana y el ejercic10 imparcial de la justicia. por otro lado, el actor manifiesta que los detenidos deben estar separados de los condenados; así mismo, que el enjuiciado detenido debe alojarse en un lugar cercano a aquel donde actúa el Juez que dirige el proceso, por lo cual, los traslados debidos emergencias carcelarias violan sus derechos constitucionales.

Finalmente, aduce que el Legislador omitió los términos o plazos para que una vez superada la situación de crisis, se retrotraigan los efectos de las medidas tomadas con ocasión del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria. 3. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. El ciudadano Antonio José Nuñez Trujillo, apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, interviene en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la disposición acusada. El inten’iniente, en primera instancia, sostiene que el derecho a la gualdad no es matemático sino que consiste en instancia, sostiene que el derecho a la igualdad no es matemático sino que consiste en el trato igual de los guales y en el desgual de los desiguales.

En ese orden de ideas, los reclusos que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el texto impugnado no estarán en las mismas circunstancias que los demás, por tanto, no puede exigirse que el trato sea idéntico entre los dos grupos. Por otro lado, el ciudadano Nuñez Trujillo expresa que una norma que en circunstancias excepcionales permita el traslado de presos debe entenderse dentro del erecho de reglamentación que le corresponde al Estado dentro de esta materia y sujeto a las restricciones que la función administrativa impone. Asevera, además, el interviniente que el perjuicio recibido por el recluso, a causa de la limitación efectiva de su derecho a recibir visitas, no es injustificado ni excesivo, por tanto, tampoco es inconstitucional.

Añade que «es claro que las facultades del director del INPEC no quedan por fuera de las reglas generales aplicables al ejercicio de la función administrativa». Respecto al cargo según el cual los procesados deben estar etenidos en sitios distintos de los condenados, el ciudadano Nuhez Trujillo no se refiere a él porque considera que la norma impugnada no toca este asunto en manera alguna. De otro lado, el mencionado ciudadano afirma que no existe norma constitucional que fundamente el presunto derecho constitucional del interno de que su reclusión se surta en el sitio en donde se tramita el proceso. Este ciudadano acepta que es preferible que la reclusión se efectúe en el lugar de residencia de los allegados al interno; sin embargo, según su criterio, si ello no resulta viable o hay circ