Sent art 46

Sent art 46 gy Vickyl_uaccs cbenpanR 17, 2016 56 pagos Fuente: httpWwww. tsj. gov. ve/decisiones/scon/Octubre/170070 -1353-161014-2014-10-0161. H ML Fecha: 16/10/2014 sala constitucional – Exp NO 10-0161: 10-0161 – Sentencia NO 1 ,353 del 16 de octubre de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra.

Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual declara la nulidad parcial del artículo 46 del Código Civil y al efecto realiza una interpretación sin distinción de género del mencionado artículo y equipara a dieciséis años (16) años la edad ínima requerida para contraer matrimonio entendiéndose, a partir de la publicacl a Gaceta Judicial y PACE 1 ors6 Oficial, con efectos e un matrimonio la perso oue n EN SALA CONSTITUCIONAL ap.

N010-0161 _ rá ntraer válidamente dieciséis (16) años MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHAN El 9 de febrero de 2010, compareció ante esta Sala Constitucional escrito presentado por la ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en sU condición de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados Larry Devoe Márquez, Eneida Fernandes Da Silva y Zulay Arcia, en u condición de Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, el primero de ellos,

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y las demás en su carácter de abogadas de la referida Dirección General de Servicios Jurídicos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado 281. 1. 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como de los artículos 2, 4, 7 y 15. 2. 3, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentaron escrito contentivo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida contra el artículo 46 del Código Civil, publicado en la Gaceta Oficial núm. 2. 90 Extraordinario del 26 de julio de 1982.

El 1 a de marzo de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 11 de marzo de 2010, la parte actora presentó nuevamente escrito ante esta Sala solicitando la admisión de la aludida demanda. por decisión núm. 555, del 8 de junio de 2010, esta Sala Constitucional declaró su competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad del mismo. Mediante diligencia del 10 de agosto de 2010, la abogada Zulay Arcia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 71. 87, actuando en su carácter de Defensora II adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del pueblo, solicitó que el recurso fuese admitido. Por auto del 17 de noviembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala dejó constancia de que el 29 de julio de 2010, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 5. 991 Extraordinario la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, en su Título XI, Capítulo II enominado “de los procesos ante la Sala Constitucional”, artículo 132 establece que “… la Sala decidirá acerc 2 OF procesos ante la Sala Constitucional”, artículo 132 establece que “„. a Sala decidirá acerca de la admisión de la demanda”, por tanto acordó remitir la presente causa a la Sala Constitucional, a los fines de que fuera ésta la que se pronunciara acerca de la admisión del recurso. El 23 de noviembre de 2010, fue recibido por la Sala el expediente. El 7 de diciembre de 2010, fue reconstituida la Sala por el nombramiento de sus nuevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 39. 569 del 8 de diciembre de 2010. El 22 de febrero de 2011, el 9 de febrero y el 19 de junio de 2012, la representación de la Defensoría del Pueblo manifestó interés en la resolución de la presente causa. Esta Sala, mediante sentencia núm. 406, del 24 de octubre de 2012, ratificó su potestad para conocer de la pretensión de nulidad interpuesta por la representación judicial de la Defensoría del Pueblo contra el articulo 46 del Código Civil y admitió la isma; igualmente, ordenó citar al Presidente de la Asamblea Nacional y notificar a la Fiscal General de la República. De igual manera y en atención al segundo aparte del artículo 135 eiusdem, acordó notificar a la parte actora, por cuanto esta admisión se produjo fuera del lapso previsto en el articulo 1 32 eiusdem. Y, por último, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que realizara las notificaciones respectivas y acordara el emplazamiento de los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal. Constituida esta Sala Constit 37 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal.

Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero ópez, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. El 25 de junio de 201 3, la abogada Lucelia Castellano, en su carácter de Defensora II adscrita a la Dirección General e Servicios Jurídicos de la Defensor(a del Pueblo, consignó la publicación del cartel de emplazamiento de los terceros interesados. Cumplidos como fueron los actos de comunicación respectivos, el 6 de agosto de 2013, los abogados Laurie Annie Meneses Sifontes y Kimberlyn Yohanna Flores Polanco, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 181. 135 y 151. 95, respectivamente, actuando en representación de la Procuraduría General de la República, comparecieron ante esta Sala, a los fines de presentar escrito de alegatos. En el mismo sentido, el 17 de septiembre de 2013, los abogados Maria Elena Delgado Graterol, José Gregorio Rojas Ramírez, Cruz Esteban Febres Despujols, José Jesús Calzadilla y Jesús Millán Alejas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 64. 949, 65. 630, 66. 384, 92. 948 y 117. 900, respectivamente, en representación de la Asamblea Nacional, presentaron escrito mediante el cual formularon sus alegatos. El 17 de octubre de 201 3, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausenc 40F formularon sus alegatos. usencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia e esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuho, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani. Se ratlficó en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, uien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 13 de noviembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dejó constancia de que, el 13 de agosto de 2013, se cumplió el lapso de diez días de despacho para que las partes consignaran sus escritos de defensas o promovieran pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y visto que no fue promovida prueba alguna se ordenó la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional a los fines del pronunciamiento correspondiente.

El 19 de noviembre de 2013, se dio por recibido del Juzgado de Sustanciación el expediente a los fines del pronunciamiento correspondiente y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 28 de noviembre de 2013, la abogada Marielba del Carmen Escobar Mart s OF presente fallo. Escobar Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 16. 770, en su condición de Fiscal Octava del Ministerio Público con competencia para actuar ante la Sala Constitucional, solicitó se declare con lugar la presente causa. El 5 de febrero de 2014, vista la reincorporación del Magistrado

Francisco Antonio Carrasquera López por haber finalizado la licencia que le fue concedida, esta Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Doctores Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y juan José Mendoza Jover. Mediante diligencias del 27 de marzo y 3 de junio de 2014, el abogado Javier López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 4. 543, actuando en su carácter de representante judicial de la Defensoría del Pueblo, manifestó el interés en la resolución de la presente causa y solicitó su continuacion. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

DE LA ACCION DE NULIDAD La Defensoría del Pueblo fundamentó su pretensión de nulidad en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que el presente recurso de nulidad se interpuso contra la disposición establecida en el artículo 46 del Código Civil al stablecer una distinción res 6 OF establecer una distinción respecto a la edad para contraer nupcias, consagrando como requisito sine qua nom que la mujer debe haber cumplido catorce (14) años de edad y el hombre haber alcanzado la edad de dieciséis (16) años, lo cual a todas luces lesiona el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” Que dicha normativa infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el articulo 77 eiusdem”, pues según las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado ‘Protocolo de San Salvador’, tiene como principio esencial que los hombres y las ujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos, tomando en consideración que no todo trato diferenciado resulte de por si discriminatorio. Que “[lla existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminacion relacionada con a institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”.

Que “[a]plicar los principios y consideraciones antes mencionados a los requisitos para contraer matrimonio, implica que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial. En este sentido, si bien el Legislador está facultado para definir los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen formalizar una unión matrimonial, tal definición debe ser realizada espetando la igualdad del hombre y la mujer, así como el resto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales sobre la materia”. Por tanto, ” . n el caso del art[culo 46 del Código Civil, nos encontramos en presencia de un tratamiento diferenciado sobre la edad mínima para contraer matrimonio, fundado de manera exclusiva en el sexo, que carece en los actuales momentos de toda razonabilidad u objetividad. Es decir, el referido articulo al establecer requisitos de edad diferenciados para el hombre y la mujer, incorpora una iscriminación injustificada que atenta contra el derecho a la igualdad en general, y contra el principio de igualdad de derechos en el matrimonio de manera particular Así, y a manera de fundamentar aún más el escrito de nulidad refirieron que: La declaratoria de nulidad por razones de inconstitu de nulidad refirieron que: La declaratoria de nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil, publicado en Gaceta Oficial NO 2. 990 Extraordinario del 25 de julio de 1. 82, implicará para esta Honorable Sala Constitucional la necesidad de definir el alcance e los efectos de su decisión, así como establecer las condiciones y requisitos exigibles para la celebración del matrimonio. En atención a ello, resulta necesario precisar que tal como se señaló supra, el Legislador está facultado para determinar los requisitos y condiciones para la procedencia del matrimonio, respetando en todo momento la igualdad de derechos del hombre y la mujer en relación con el matrimonio. (omissis) (… ) el derogado Código Civil de 1942 establecía una edad mínima para contraer matrimonio, definida en catorce años cumplidos para el hombre y doce años cumplidos para la mujer. Con la eforma del Código Civil de 1982, la edad mínima para contraer matrimonio se elevó a catorce años para la mujer y dieciséis años para el hombre.

Sin embargo, a pesar de la reforma realizada en el año 1982, la edad mínima para el matrimonio establecida por el artículo 46 ha sido objeto de manifestaciones de preocupación por parte de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Así, en sus Observaciones Finales al segundo informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité de los Derechos del Niño expresó: ‘Al Comité le preocupa que la edad mínima para el matrimonio de las niñas sea demasiado baja, y que sea distinta (14 años) a la de los niños para el matrimonio de las niñas sea demasiado baja, y que sea distinta (14 años) a la de los niños (16 años). El Comité recomienda al Estado Parte que establezca una edad mínima para el matrimonio que sea igual para niñas y niños y que considere la posibilidad de aumentar esa edad a 18 años.

Además, lo alienta a que emprenda campañas de sensibilización sobre los posibles efectos negativos de los matrimonios en la adolescencia’. En virtud de lo anterior, la decisión que esta Honorable Sala Constitucional tenga a bien adoptar, al momento de determinar los efectos de la declaratoria de nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil, debe tomar en consideraclón las disposiclones y recomendaciones a las que hemos hecho referencia, a los fines de garantizar en mayor medida la protección de los derechos humanos de todas las personas, y en especial de los y las adolescentes que habitan en la República Bolivariana de Venezuela.

CONCLUSIONES En el aho 1999, se produjo un episodio transcendental en la ealidad política y jurídica de nuestro país, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivanana de Venezuela. En esta nueva Carta Política se incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, sin precedente en la historia constitucional venezolana y universal. El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos pleno de derechos, asf como la ampliación del reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, son sólo algunos de los avances en derechos humanos que se han visto incorporados al texto constitucional. Este proceso de transformación jurídica, inlciado con la