Politica criminal

Politica criminal gycaycro 110R5pR 17, 2011 78 pagcs Procuraduría General de la República LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA CRIMINAL DOMINICANA, DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA ACCIONES DE APLICACION INMEDIATA Tabla de Contenidos l. INTRODUCCION. II. LA POLíTlCA CRIMI PACE 1 or78 to View nut*ge ESTADO 1 El delito como problema social 2EI sentimiento de inseguridad o miedo al delito 3Los costos del delito 4La prevención como reto de la política 5Seguridad y Democracia III. NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL IV.

PUNTOS DE PARTIDA Y NECESIDAD DE UN CAMBIO DE RUMBO 1 Expectativa social de cambio 2Decisión política de transformar la realidad 3Complejidad de los problemas 4FaIta de información adecuada a las víctimas 2. Eficiente sistema de respuestas jurisdiccionales tempranas 3. Atención de la sobrecarga de trabajo y descongestión de los asuntos del viejo sistema 4. Profesionalización de la investigación criminal 5. Tecnificación de la litigación durante la investigación y el juicio 6. Nuevo sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley penal 7.

Sistema Integral de Ejecución penal. VI. OBJETIVOS 1 Objetivo general 20bjetivos específicos VII. IMPLEMENTACION Y GERENCIAMIENTO DEL PROCESO VIII. LA COMUNICACION IX. PROPUES AS DE EJECUCION INMEDIATA A. Acciones

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de carácter preventivo 1 Control del expendio de bebidas alcohólicas. 2Transporte Público 3Juegos de azar 4Tránsito de veh[culos 5Violencia en las escuelas y mediación escolar 6Programas deportivos en comunidades con alta conflictividad 7 Emprendimientos productivos para jóvenes en riesgo en comunidades vulnerables 8Consejo Nacional para la Seguridad Pública.

Consejos locales B. Acciones de carácter preventivo-punitivo 78 Trata de personas y pros Programa de capacitación de policías y fiscales en investigación criminal 50ficina de control de obligaciones sustitutivas 5Programa de descongestión de causas del viejo sistema 70ficina de recepción de denuncias y atención permanente 8Línea telefónica contra la corrupción 9Racionalización de la prisión preventiva X. CONCLUSION. BASES PARA UN PLAN NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO DOMINICANO ACCIONES DE APLICACIÓN INMEDIATA l. INTRODUCCIÓN.

El fenómeno de la conflictividad, como realidad social que precede al delito y que resulta de un conjunto variado de actores, se ha manifestado en los últimos tiempos en nuestro país cada vez con mayor violencia y sofisticación. Esto ha venido a agregarse a altos niveles de ineficiencia en el control, investigación, persecución y juzgamiento de las formas tradicionales de la criminalidad, todo lo cual ha contribuido a ir creando un ambiente de impunidad e inseguridad, amplificado por una sensación de temor al delito que se extiende en muchos sectores de la población.

Independientemente del hecho de que se haya producido o no un aumento en la criminalidad real, o que el problema lo cause a aparición de nuevas formas de criminalidad, lo cierto es que el tema de la violencia repre to que ha generado en la sociedad dominicana un e inseguridad que atenta base del respeto a los principios democráticos.

Por esta razón, en cumplimiento de la atribución específica que le es conferida a la procuraduría General de la República por el Estatuto del Ministerio Público, en su Artículo 47, numeral 5, conforme al cual le corresponde «Dirigir la política del Estado contra la criminalidad, en coordinación con los lineamientos trazados a tales fines por el Poder Ejecutivo», el Procurador

General de la República ha dado inicio al proceso de preparación de un Plan Estratégico de Política Criminal para la República Dominicana, para definir las lineas centrales de la política del Estado frente a los conflictos penalmente relevantes que suceden en nuestro país, conjuntamente con las instituciones que inciden en el fenómeno, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la persecución. La Politica Criminal es aquel aspecto de la política del Estado, debidamente articulada con la sociedad, dirigida a prevenir, controlar y gestionar los conflictos que tienen relevancia penal.

En esa medida, comprende el conjunto de decisiones que regulan la coerción penal, esto es la reacción estatal frente a los hechos punibles, pero también otras acciones que se relaciona con el campo previo al delito. En la República Dominicana, como en muchos otros países de nuestra región, la política criminal no ha estado recogida en un documento contentivo de sus líneas generales, que permita conocer sus premisas, sus objetivos y las acciones principales; pero ha existido en la realidad, en acciones concretas, y se ha caracterizado por el autoritarismo, la arbitrariedad y un ejercicio esproporcionado de la violencia.

Además la Política Criminal tradicionalmente se ha concentrado fundamentalmente en 4 38 violencia. fundamentalmente en la represón y es muy poca la atención que se le ha brindado a la cuestión de la prevención, con lo cual no se han encarado adecuadamente los factores desencadenantes de muchas actividades delictivas que con efectivas políticas de prevención bien pudieran desactivarse.

Por último, la Política Criminal ha sido vista entre nosotros como una cuestión privativa del Ministerio Público, la policía y demás agencias ejecutivas que cumplen funciones policiales y aun las ue cumplen funciones de la denominada «segundad del Estado». En consecuencia, es muy limitada la participación que han tenido las demás agencias gubernamentales en lo concerniente a la Política Criminal, con lo cual se ha desaprovechado la oportunidad de contar con una política articulada del Estado a los fines de gestionar adecuadamente la conflictividad penalmente relevante.

Por último, la Política Criminal debe ser estudiada dentro del contexto del Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana (PSDRD), anunciado en febrero de 2005 por el Presidente Fernández. Este Plan propone el fortalecimiento nstitucional de la Policía, la creación de la policía comunitaria, el adiestramiento de la Policía y Fuerzas Armadas en situaciones especiales, así como una estrategia de comunicación que contribuirá, entre otras cosas, a cambiar la percepción negativa de la ciudadanía respecto a la gestión policial.

El Plan que se propone en el presente documento tiene en cuenta los elementos del plan de Seguridad Democrática y resalta la existencia de líneas transversales de acción entre los lineamientos propuestos en ambos documentos. II. LA POLíTlCA CRI s 8 acción entre los lineamientos propuestos en ambos documentos. II. LA POLÍTICA CRIMINAL COMO POLÍTICA DE ESTADO. 1.

El delito como problema social Si bien el delito es toda aquella conducta prohibida por la ley penal, la perspectiva normativa resulta insuficiente para comprender y prevenir la criminalidad. En efecto, el delito también constituye un conflicto que involucra a personas en su relación intersubjetiva y que se manifiesta en un contexto social determinado. El delito representa un síntoma o indicador de conflictos que no encuentra una solución satisfactoria y pacifica a través de otros mecanismos comunitarios o institucionales.

Esta perspectiva ace posible apreciar la criminalidad como un problema social y comunitario, de carácter permanente y de naturaleza aflictiva, pues tanto la victimización como la propia intervención estatal frente al delito suelen ser portadores de altos componentes de Debe tenerse en cuenta que la violencia, en un sentido amplio, comprende el ejercicio de un poder o supremacía sobre otra persona, a través de la fuerza física o psíquica. Muchos delitos cuentan con claros ingredientes violentos (así, una muerte causada en una riña, un robo a mano armada, un arrebato callejero, etc. , pero también existen otras manifestaciones iolentas que no se encuentran tipificadas por la ley como delitos. Además, no todos los delitos conllevan el mismo grado de El delito, la violencia y la inseguridad afectan fuertemente la calidad de vida de las personas, especialmente en las grandes ciudades, pues provocan individuales, causan daños comportamientos s irreparables, debilitan causan daños muchas veces irreparables, debilitan las instituciones e impactan sobre la economía de un país. . El sentimiento de inseguridad o miedo al delito. La criminalidad tiene una dimensión objetiva, dada por los delitos cometidos en una sociedad determinada (criminalidad ficial y cifra negra), pero también una dimensión subjetiva, dada por la percepción y representación social de la delincuencia y de la violencia, que suele ser producto de mediaciones, interpretaciones y significaciones, más que de vivencias efectivas de las personas.

El temor al delito, si bien tiene su origen en una situación de victimización directa de una persona o grupo de personas, se difunde y propaga a través del entramado social, generando un proceso de victimización indirecta a otras personas que, como producto de la sensación de inseguridad (impacto psicológico), odifican hábitos, conductas y actitudes personales. En este proceso juegan un rol importante los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, no sólo por su potencial de penetración, sino también por la efectiva capacidad de trasmitir dolor, es decir actuar sobre las sensaciones y los sentimientos.

Igual pudiéramos decir del impacto de la prensa escrita, ya que la misma es la fuente de los comentarios en los programas radiales, los cuales son de alto impacto y penetración en la audiencia dominicana. La sensación de temor depende de la existencia de vivencias oncretas sufrida por una persona, pero también de la cantidad y el peso de los mensajes que a través de su entorno y de los medios masivos de comunicación reciben otras personas.

Asimismo, influyen los factores personales y sociales de apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de m 38 los factores personales y sociales de apoyo, que puedan neutralizar las condiciones de mayor vulnerabilidad. Incluso, se ha dicho que el sentido de inseguridad «puede verse exacerbado por varios factores, entre los que se incluyen las condiciones de vida precarias, el aumento del nivel de desempleo y un futuro oco prometedor.

No obstante, la delincuencia sigue siendo una importante fuente de inseguridad pública» En suma, el delito real afecta la vida y las condiciones de coexistencia de muchas personas, pero la amplificación de la inseguridad a través del miedo al delito también desmejora la calidad de vida de muchas más personas, distorsionando las respuestas al problema y acentuando los critenos simbólicos y retributivos. Por ello es muy importante trabajar sobre el miedo al delito o la sensación de seguridad en el ámbito de la prevención, pues contribuye a controlar o limitar la victimización indirecta ntes aludida.

En ese sentido, explica Baratta que «no se puede tomar el sentimiento de inseguridad social de la criminalidad como efecto directo de la criminalidad. Ello no quiere significar que la criminalidad como fenómeno real no exista, pero la inseguridad ciudadana no tiene una única y fundamental causa en la criminalidad, esto quiere decir que debemos afrontar dos problemas relativamente independientes entre ellos, si no queremos caer en la ilusión de hacer de la criminalidad como fenómeno real, el verdadero y único elemento genético de la alarma social.

Creemos más bien que los dos fenómenos, nseguridad social y realidad criminal, sean ambos dependientes de una situación de desarticulación en la comunicación social y que por tanto, si existe un elemento que constituye una vanable entre ambos, comunicación social y que por tanto, si existe un elemento que constituye una variable entre ambos, este debe ser buscado en una general insuficiencia del tejido social ciudadano. Y es allí donde debe ser puesto el acento de las políticas preventivas» 3.

Los costos del delito. La criminalidad provoca grandes costos personales, sociales y económicos. Entre ellos destacamos la pérdida de vidas, años en la integridad física temporarios o permanentes, daños psicológicos, desmejoramiento de la calidad de vida, deterioro de la institución familiar, debilitamiento institucional y también perdidas económicas directas e Indirectas. Se ha señalado con justeza que «las consecuencias sociales de la delincuencia son muy graves.

La delincuencia afecta los pobres de las zonas urbanas con mayor frecuencia y mas profundamente que a otros grupos de la población. Destroza las vidas de las víctimas y tiene repercusiones en la sociedad en general, que se observan en el aumento de las medidas adoptadas para arantizar la seguridad privada, la perdida de confianza de un gran sector de la sociedad en el sistema de justicia y una arquitectura del miedo» . Además, el Estado destina cuantiosos recursos al control y represión del delito, lo que implica a veces quitarlos de otros ámbitos de la inversión y el gasto público.

En los países en desarrollo, paradójicamente, «el costo total de la delincuencia para las comunidades (en términos de justicia penal, pérdida de bienes, vidas destrozadas y seguridad privada), medido como proporción del producto interno bruto, es vanas veces superior al de los países desarrollados» Ello acarrea reducciones en las inversiones públicas y en el gasto social, especialmente en programas esenc reducciones en las inversiones públicas y en el gasto social, especialmente en programas esenciales para el desarrollo humano, como la salud y la educación.

Una adecuada política de prevención, con fuertes componentes extrapenales y gestión comunitaria, debe servir para reducir los costos sociales y económicos del delito, al reducir la presión sobre las instancias de control punitivo y el campo de intervención de los instrumentos penales (policía, justicia penal, cárceles, etc. ). Las medidas de prevención suelen ser mas efectivas, y también más económicas, que la misma intervención punitiva . 4. La prevención como reto de la política.

Si bien la prevención del delito se ha convertido en una de las prioridades de los Gobiernos democráticos, continúa siendo un área donde campea cierta imprecisión conceptual y falta de claridad en las acciones. En un sentido amplio, se considera que la prevención es el conjunto de medidas destinadas a impedir o limitar la comisión de un delito , comprendiendo la intervención policial y la del sistema de justicia penal, pero también otras medidas de carácter ocial que, aunque reconocen otros objetivos centrales, pueden influir sobre los Índices y formas de delincuencia.

La prevención implica cierta capacidad o posibilidad de prever situaciones, de anticiparse a su producción, atendiendo a ciertos signos que indican su concreción. Debe tenerse en cuenta al respecto que el delito generalmente es una conducta racional, lo que permite comprender en la mayoría de los casos su motivación, su instrumentalidad, sus fines y sus riesgos. La misma complejidad del fenómeno criminal y su multicausalidad, trae seria operativas en el plano de las acciones de preve