PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA

PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Los Estados partes en esta Convención se “comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta su jurisdicción, sin discriminación al una” 2 Si el ejercicio de tales p garantizado por disp Estados partes están de otro carácter que o estuviere ya e otro carácter, los didas legislativas o acerlos efectivos.

Además, establece la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Como medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer de los asuntos elacionados con el cumplimiento

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de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ha sido complementada con: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), de 1988 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, de 1990 Contenido ]Esta Convención consagra diversos derechos civiles y políticos, entre otros: el derecho al reconocimiento de la personalidad jur[dica, el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y garantías Judiciales, erecho al respeto de la honra y reconocimiento de la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión, y el derecho a asociarse libremente. EJEMPLOS DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA Derechos de la Convención Americana aplicables en materia tributaria Diversos pronunciamientos nacionales han aplicado normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en el marco de una relación tributaria material y procesal, como por ejemplo nuestra Corte Suprema en el fallo “Intercorp” (Corte Suprema de Tucumán, Sala Civil y penal en los autos “Provincia de Tucumán -DGR- Vs. Benjamín Paz SRL s/ Ejecución Fiscal”, sentencia de fecha 20 de diciembre de 2013). 1.

Artículo 8: garantías judiciales La obligación de aplicar las garantías del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica a todo tipo de controversias fue establecida por la Corte Interamericana en el “Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá” de fecha 2 de febrero de 2001. Allí manifestó que “si bien el articulo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a 12 artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías udiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales n sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.

Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que ‘cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal’, pues les un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de umplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”. Dicho pronunciamiento fue acogido por nuestra Corte Suprema en la causa “Losicer, Jorge Alberto y otro” de fecha 26 de Junio de 2012. 1. 1 .

Derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (inciso 1) Introducida esta cuestión se pueden advertir casos en donde los tribunales se exceden del parámetro de razonabilidad de duración de un proceso. Surge del considerando 7) de la ya mencionada causa “Losicer” que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la C 30F 12 resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del “speedy trial” de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-.

En este sentido se ha expedido esta Corte al afirmar que “la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un ronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de Incertidumbre de Innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 272:188; 300:1102 y 332:1492)”. Concluye nuestro Máximo Tribunal en el considerando 1 0) que “”plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, constituye, entonces, una garantiza exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión”.

Se pueden advertir casos en que los jueces se demoraran en dictar una sentencia, provocando de esta forma que el recurso interpuesto pierda virtualidad. Un ejemplo de ello en las acciones declarativas de certeza o de inconstitucionalidad en las que se peticiona una medida precautoria a fin de que el fisco se abstenga de intimar, reclamar o iniciar una ejecución fiscal a fin de exigir el pago de un tributo hasta tanto se dicte sentencia definitiva, y así evitar que el objeto en discusión se torne abstracto; es decir, asegurar el resultado práctico de una sentencia. En otras palabras, al solicitarse una cautelar de no PAGF40F 12 el resultado práctico de una sentencia.

En otras palabras, al solicitarse una cautelar de no innovar para que la Administración ya sea nacional, provincial o municipal se abstenga de iniciar una ejecución fiscal, el juez competente deberá resolver su concesión o rechazo antes de que el fisco efectivamente trabe algún embargo. Esto reviste gran importancia debido a que no se podría pedir la suspensión de una ejecución fiscal ya iniciada debido a que la jurisprudencia mayoritaria sostiene que las medidas cautelares no pueden interferir en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales. En otro orden de ideas, se podría invocar la violación del debido proceso en sede administrativa en los términos del artículo 8 de la Convención derecho.

Ciertos Códigos Fiscales, como el de Misiones, el de La Pampa o el de Entre Ríos, como así también algunas Ordenanzas Fiscales municipales, regulan la aplicación de las multas por omisión en clara violación del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, ya que las pretenden imponer de forma automática sin la instrucción de un sumario previo. Este proceder sin duda viola el derecho de defensa, del debido roceso adjetivo y el principio de inocencia y culpabilidad de los contribuyentes, convirtiendo en nulos a los procedimientos iniciados por las jurisdicciones mencionadas. Claro está que resulta totalmente inadmisible pretender aplica sanciones de naturaleza penal de oficio sin antes instruir el correspondiente sumario.

En los casos arriba mencionados, los fiscos consideran que resulta absurdo requerir que la Dirección General de arriba mencionados, los fiscos consideran que resulta absurdo requerir que la Dirección General de Rentas de su jurisdicción se aparte de la normativa que dispone las facultades, funciones y ompetencias con que cuenta, como así también de los [mites a los que se haya circunscripta. De esta forma optan por no instruir sumario en el caso de pretender imponer una multa por omisión, toda vez que, a su criterio, dicha sanción carece de responsabilidad subjetiva, diferenciándola de esta manera de la multa por defraudación. Tampoco resulta un argumento válido que los fiscos manifiesten que no cuentan con facultades para declarar la inconstitucionalidad de las normas ya que es su deber asegurar a los contribuyentes un proceso que les permita ejercer sus derechos de defensa.

Respecto a esta última cuestión cabe también preguntarse respecto a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación y la Imitación establecida por el artículo 185 de la Ley 1 1 ,683, que le prohíbe pronunciarse acerca de la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones -a no ser que exista una jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto-. En el mismo sentido se puede mencionar el articulo 1164 del Código Aduanero. Cabe resaltar el voto en disidencia del Dr. Garbarino en la causa “La Mercantil Andina Cía. , Argentina de Seguros S. A. c/ DGA / Apelación”, de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 31 de julio de 2012. Allí el vocal cita los casos de la Corte Interamericana “Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, de fecha 26 de noviembre de 2010, 6 2 Interamericana “Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, de fecha 26 de noviembre de 2010, y “Gelman Vs.

Uruguay’ sentencia de fecha 24 de febrero de 2011, afirmando que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus organos, incluidos sus jueces, estan sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque os efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convecionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. ‘ Concluye que “las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente Fallos 315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. ” 1. 2.

Derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior (inciso 2, punto h) La garantía de la doble instancia se encuentra prevista en el artículo 8, inciso 2, punto h) de la Convención, es 2 instancia se encuentra prevista en el artículo 8, inciso 2, punto h) de la Convención, estableciendo el derecho de toda persona Inculpada por un delito de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Debemos tener presente que dicha disposición resulta aplicable a casos que van más allá de la comisión de un delito. Así la Corte Suprema manifestó que debido a un excesivo rigor formal se frustra el debido control jurisdiccional del efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por el Pacto de San José de Costa Rica. (“Marchal, Juan s/ apelación”, CSJN, sentencia de fecha 10. 04. 07) Debe quedar claro que la Corte Interamericana dejó sentado que las garantías establecidas en el artículo 8 resultan aplicables cualquiera sea la materia de la controversia. En el “Caso del Tribunal Constitucional Vs.

Perú”, de 31 de enero de 2001 , sostuvo que “si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda fectar sus derechos. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes Y, 80F 12 garantizas mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.

Asimismo, esa Corte especifica en el precedente citado qué tipo de tribunales deben asegurar la doble instancia: “de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad ública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.

Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. ” En el ámbito nacional, cabe resaltar que los considerandos transcriptos del “Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú’ fueron citados en el voto de los Ministros Fayt y Zaffaroni en el aso “Marchal, Juan s/ apelación” de fecha 10 de abril de 2007 (M. 1771 . XL). Es decir que la Corte Suprema sostiene que las garantías mínimas tuteladas por el artículo Es decir que la Corte Suprema sostiene que las garantías mínimas tuteladas por el artículo 8, párrafo 2 del Pacto de San José de Costa Rica -en especial, el artículo 8, párrafo . , inciso h)- se aplican también a las cuestiones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter. Resulta conveniente invocar dicho derecho en los casos en donde el contribuyente se encuentra impedido de apelar una sentencia n razón de que existe un monto mínimo para poder recurrirla o cuando la normativa prevé la inapelabilldad de la misma, colocándolo, en consecuencia, en una situación precaria en relación a sus derechos y garantías procesales. Así lo ha resuelto, por mencionar algún ejemplo, la Sala Civil y Penal de la Corte Suprema de Tucumán en los autos “Provincia de Tucumán -DGR- Vs. Benjamín paz SRL s/ Ejecución Fiscal”, sentencia de fecha 20 de diciembre de 2013. En otro orden de ideas, según la opinión de la Dra.

Adorno, podemos encontrar la violación de esta garantía en el primer árrafo del inciso b) del artículo 86 de la Ley 11 ,683 respecto a la limitación contenida en la revisión ante la alzada. Sostiene que, en definitiva, “la Cámara Contencioso Administrativo Federal llamada a decidir en primer término en su carácter de Tribunal de Alzada del Tribunal Fiscal quien definirá el criterio a aplicar ante un planteo que exija garantizar la doble instancia y considerar la vigencia o derogación de la limitación consagrada por el artículo 86, inciso b) de la Ley 11. 683, en cuanto contempla un recurso de revisión y apelación limitada” (Adorno, Adriana, “Los Tratados Internac 0 DF 12