Organos de administración de justicia.doc

INTRODUCCION. Dado el progreso y a la civilizacion de nuestra sociedad, la fuerza ciega de las masas no puede existir ni un solo dia sin jefe, la idea de libertad es irrealizable, pues ninguna persona sabe hacer uso de ella con discrecion, por ello fue necesario establecer una figura denominada Estado.

Recurriendo al pacto social, todos por propia voluntad renunciamos libremente a su poder, y se lo entregamos a quienes nos van a representar, anhelamos tener organos de administracion de justicia eficientes, y para ello lo primero que tenemos que adecuar seria un Estado donde pusieramos mas cuidado en aquello que es necesario y aprovechable, de lo que es bueno y moral. Para elaborar un plan de accion estable, es preciso tener en cuenta la cobardia, la debilidad, la inconstancia y falta de equilibrio de las masas incapaces de comprender y respetar las condiciones de su propia existencia y de su bienestar.

Actualmente el pueblo se encuentra abandonado asimismo, es decir, el jefe es salido de sus filas, su ruina seguramente, las peleas de los partidos que nacen por el ansia del poder y los honores consiguen crear la revuelta y el desorden; un plan dividido entre tantos partidos como cerebros que llenan

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masas, pierde su valor y se hace imposible entenderlo cuanto mas ejecutarlo, sin embargo nuestro problema social es que en cuanto el pueblo cree que ha conquistado la libertad, se da prisa para convertirla en anarquia, que es la representacion mas perfecta de la barbarie.

Nuestra divisa debe ser fuerza e hipocresia; solo la fuerza es la que da la victoria politica, sobre todo cuando se oculta con talento por los hombres que gobiernan un Estado. La violencia debe ser un principio, el engano y la hipocresia una regla para los gobiernos, este mal, es el unico medio de conseguir su objeto, que es el bien. [1]

Una severidad justa e implacable, es el principal factor de poder de un Estado, en ocasiones somos implacables, cuando tratamos de terminar una resistencia, pero la palabra libertad permite convencer al pueblo de que el gobierno no es mas que el gerente que representa al propietario, que es la nacion, y que puede uno desembarazarse de el, como quien cambia de chaqueta, lo que hace necesario organos de administracion de justicia objetivos, e imparciales para cumplir con las necesidades que demanda la Nacion.

Los organos de administracion de justicia deben tener en cuenta como evoluciona actualmente el pensamiento, el caracter y las tendencias de las naciones, aplicando de forma practica la experiencia del pasado, unida la observacion del presente debemos procurar que los derechos del pueblo, las garantias individuales o los derechos fundamentales, dejen de ser ideas inaplicables para formar parte de una realidad.

En algun tiempo de la historia, el pueblo destruyo la aristocracia que era su protector natural y que aun por interes propio del mismo atendio siempre a las necesidades del pueblo y lo defendio, puesto que su interes es inseparable del bienestar del pueblo, poder que cayo, en algunas ocasiones desgraciadamente, en manos de vividores y advenedizos que mantienen a la clase trabajadora en un stado constante de necesidades e impotencia, pues esa es la forma que los sujeta a su voluntad y asi, no encontraran a su alrededor ni poder, ni energia suficiente para volverse contra dicho gobernante, observando en la actualidad como la sociedad soporta abusos de sus representantes, cuando en aquella epoca, llamese aristocracia, monarquia, etc. , al menor abuso pedian que el rey fuera decapitado.

Ahora se convence al pueblo que aunque se haga un mal uso del poder y por ello causen mal al Estado, siempre resulta que se hace con un fin elevado, es decir, por conseguir el bienestar y la prosperidad del pueblo, por causa de la fraternidad, la union y la igualdad; lo que conlleva con el paso del tiempo, a que la sociedad odie a las clases acomodadas.

Que clase de gobierno puede darse a sociedades donde la confusion y la corrupcion se han generalizado por todas partes, en donde la riqueza no puede adquirirse mas que por la astucia, la sorpresa, o por otros medios fraudulentos, donde reina el desorden, y la moral debe mantenerse por el castigo, con leyes severas y no por principios voluntariamente aceptados, donde los sentimientos de patria y de religion han desaparecido gracias al desarrollo adquirido por las teorias cosmopolitas, donde la sociedad toma las palabras de sus gobernantes por hechos y pocas veces se fijan si las promesas fueron o no cumplidas.

Todo lo expuesto anteriormente hace necesario que el Estado tenga organos de administracion de primer mundo, para dejar de oprimir y brindar nuevas oportunidades de solucion de conflictos a sus gobernados, siendo la administracion de justicia y por ende los organos encargados de ella, el pilar sobre el que va a descansar el nuevo Estado que requiere nuestra sociedad. CONCEPTOS PREVIOS DE ESTADO.

La palabra Estado en terminos juridico politico se le debe a Maquiavelo, cuando introdujo esta palabra en su obra «El Principe» al decir: «Los Estados y soberanias que han tenido y tiene autoridad sobre los hombres, fueron y son, o republicas o principados. Sin embargo, en terminos generales se entiende por Estado a la organizacion politica y juridica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando segun la razon.

Platon estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales, y con ello, analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente, las del ser humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre, porque, ademas, la estructura de aquel, aun siendo igual a la de este, es mas objetiva o evidente.

Aristoteles, por su parte, es mas enfatico y declara que el Estado existe por naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no por ser este autosuficiente y solo podra serlo respecto al todo, en cuando a su relacion con las demas partes, complementando su expresion al decir, que quien no convive con los demas en una comunidad, «o es una bestia, o es un Dios».

Por su parte, Luis XIV rey de Francia, en la epoca del absolutismo se atreve a decir la ya conocida frase «El Estado soy yo», que esto no implica mas que la falta de raciocinio en la que se vivia en ese tiempo, indica solo la mas pura esencia del absolutismo en si, se tomaba al Estado como un regimen politico en el que una sola persona, el soberano, ejercia el poder con caracter absoluto, sin limites juridicos ni de ninguna otra manera. El Estado no era sino una prolongacion de las caracteristicas absolutas del rey en ese tiempo.

Por otro lado, a la revolucion Francesa se le considera como la pauta principal del cambio de la evolucion del significado de la palabra Estado. Aun no conocemos con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el punto de vista juridico politico, pero si podemos afirmar que equivale a la Polis o ciudad Estado de los griegos. No es sino hasta la Edad Media, cuando por primera vez surge el nombre de Estado, termino tomado y sostenido por Maquiavelo, los elementos del Estado son: pueblo, territorio y poder.

Ahora podemos decir que el Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden juridico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien publico temporal de sus componentes. [2] Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinonimos, sin embargo nos damos cuenta que no es asi, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y el gobierno no lo es asi, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero tomaremos al poder como un elemento del Estado.

ELEMENTOS DEL ESTADO. Como Pueblo entendemos al compuesto social de los procesos de asociacion en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor basico de la sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables historicas. El principal valor del pueblo esta en su universalidad. No habra Estado si no existe el pueblo y viceversa. Al Poder lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad.

Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coercion, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relacion social, el poder presupone la existencia de una subordinacion de orden jerarquico de competencias o cooperacion reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines propuestos. El Territorio es el ultimo elemento constitutivo del Estado. Francisco Perez Porrua lo considera como el elemento fisico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero agrega «La formacion estatal misma supone un territorio.

Sin la existencia de este no podra haber Estado». Por otro lado, Ignacio Burgoa afirma «Como elemento del Estado, el territorio es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o ‘imperium’. Como esfera de competencia el Estado delimita espacialmente la independencia de este frente a otros Estados, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus funciones. » CARACTERISTICAS DEL ESTADO MODERNO. Necesita una cierta entidad territorial, esta se refiere al medio fisico que es necesaria para la sustentacion del Estado y debe ser una magnitud tal que no convierta n demasiado pesadas las tareas que el Estado debe afrontar. Debe establecer un poder central suficientemente fuerte, para lograr suprimir o reducir drasticamente a los antiguos poderes feudales, entre ellos el propio poder de la iglesia, que se vincula a lo que actualmente llamariamos al proyecto de Estado Nacional. Creacion de una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomatica, se desarrolla una burocracia administrativa que trabaja impersonalmente para el Estado. Burocracia y capacidad financiera se retro alimentan. La obtencion y administracion de recursos exige personal dedicado por completo a estas tareas.

La diplomacia se convierte en un instrumento indispensable para las relaciones con las demas entidades estatales que constituyen un sistema en su conjunto. Consolidacion de la unidad economica, el Estado debe ser capaz de regular y dirigir la economia en su propio seno, y con respecto al exterior, implantar un sistema aduanal y normas precisas que controlen la entrada y salida de bienes. En el articulo 39 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos podemos ver los elementos del Estado Mexicano, el articulo dice: «la soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. » DIVISION DE PODERES. Es el principio de organizacion politica por el que las distintas tareas de la autoridad publica deben desarrollarse por organos separados, la division tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control, ademas, en los sistemas democraticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoria ya que gracias a el se protegen mejor las libertades individuales.

Aristoteles, en la consideracion de las diversas actividades que se tienen que desarrollar en el ejercicio del gobierno, hablo en su momento de legislacion, ejecucion y administracion de la justicia. Sin embargo, quienes realmente aparecen como formuladores de la teoria de la division de poderes son Locke y Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los organos del poder han de autocontrolarse a traves de un sistema de contrapesos y equilibrios (checks and balances).

La primera division que efectuan separa el poder entre la corona y las demas corporaciones y, a su vez, dentro de estas distinguen los poderes legislativo, ejecutivo y federal; aunque Montesquieu sustituye el ultimo termino, que Locke relacionaba con los asuntos exteriores, por el judicial, la defensa de la division de poderes se convierte a partir de ambas aportaciones en objeto principal del constitucionalismo liberal, que encuentra asi un modelo institucional opuesto al absolutista.

Ademas, esta fragmentacion incluye la organizacion del legislativo en un parlamento bicameral; la division del ejecutivo entre gobierno y burocracia; y en algunos casos, una adicional division territorial del Estado. Todo ello, junto con la existencia de unos derechos fundamentales, pasa a ser un requisito imprescindible para evitar la arbitrariedad del poder publico y, por tanto, conseguir garantias para la autonomia individual de la accion.

Los dos mas significativos ejemplos de la aplicacion pionera de la division de poderes fueron las constituciones post-revolucionarias norteamericana y francesa. En los dos casos, el legislativo gozo en principio de primacia sobre el resto de los poderes y se doto de independencia rigurosa al poder judicial. En Francia la limitacion de la accion del ejecutivo, al tener que observar el principio de legalidad, suponia que el parlamento dominado por la burguesia podia controlar al gobierno emanado del rey.

En Estados Unidos, por el contrario, el propio jefe del Estado era elegido democraticamente y la cuestion tenia mas que ver con la distribucion de responsabilidades que, siguiendo el diseno de Madison, quedaban parcialmente solapadas a traves de la posibilidad excepcional de que el Congreso destituyera al presidente, de que este vetase ciertas leyes, y de que los jueces pudieran reinterpretarlas.

Posteriormente, se asiste a un desplazamiento del protagonismo hacia el ejecutivo como consecuencia primordial de la expansion de tareas del Estado y la evidencia de que solo el gobierno y la administracion son capaces de absorberlas, a pesar de esta tendencia, la respectiva y diferente legitimidad democratica del ejecutivo y el legislativo que es propia del presidencialismo norteamericano, hace mantener la independencia entre poderes. Por su parte, en el onstitucionalismo inspirado por Francia e Inglaterra, la direccion del ejecutivo por la corona fue reemplazada por una designacion parlamentaria del gobierno y, de esta forma, los poderes ejecutivo y legislativo pasaban mas bien a ser interdependientes y derivados de la misma mayoria. Asi, en el parlamentarismo europeo, la division de poderes solo se garantiza para el poder judicial, mientras que el poder legislativo, especialmente en los casos de estabilidad gubernamental, puede resultar paradojicamente mas marginado del proceso decisorio que en el presidencialismo.

Frente a los riesgos que conlleva esta concentracion de poder, puede apelarse a las ventajas de una mayor coherencia en la elaboracion de las politicas y, consiguientemente, una responsabilidad democratica mas directa. LA DIVISION DE PODERES EN LA ACTUALIDAD La division de poderes responde a la necesidad de distribuir y controlar el ejercicio del poder politico. Estos diversos organos estatales que se distribuyen el ejercicio del poder se ven necesitados a cooperar en la tarea de gobernar.

Si el poder esta distribuido y ejercido conjuntamente esta, al mismo tiempo, limitado y controlado. Quien mas claramente ha formulado esta teoria ha sido Karl Loewenstein quien, si bien considera superada la teoria original sobre la division de poderes, admite sin embargo, que lo que perdura aun de ella es que por un lado el Estado tiene que cumplir determinadas funciones provenientes de la propia division del trabajo y por otro, los destinatarios del poder se ven beneficiados si las funciones estan distribuidas entre distintos rganos. Loewenstein reemplazo el concepto de separacion de poderes por el de «control». Este control se realiza mediante diversas tecnicas institucionales y de procedimiento, en general avaladas constitucionalmente, que limitan y controlan los organos del poder en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas. Son mecanismos que influyen entre si a los organos y logran de esa manera que una tarea de cooperacion cuente al mismo tiempo con controles reciprocos. MEXICO, EL REGIMEN PRESIDENCIALISTA Y LA DIVISION DE PODERES

Uno de los rasgos predominantes de los sistemas politicos en America ha sido el de los regimenes presidencialistas en los que el ejecutivo fuerte se ha convertido no solo en una sena de identidad, sino tambien, en opinion de algunos analistas e historiadores, en una necesidad que ha resuelto algunas de las contradicciones derivadas de la implantacion de un regimen de gobierno formalmente democratico en sociedades que operan de manera cotidiana, sin embargo, como agregados marcado por una serie de practicas profundamente autoritarias.

Mexico desarrollo desde el ultimo tercio del siglo pasado una cultura politica que, reforzada despues del movimiento revolucionario, y especialmente a partir del paso de Lazaro Cardenas por la presidencia, acepto como historicamente necesario, por asi decirlo, la presencia de un ejecutivo fuerte que, aun cuando formalmente democratico, estaba revestido de poderes y facultades legales, paralegales, metalegales e ilegales que se aceptaban en nombre, no tanto de un proyecto democratico, sino, sobre todo, en nombre del desarrollo, del progreso.

Se renunciaba a la libertad y derechos politicos sustantivos en nombre de una necesidad que pudo ser transmitida como tal por una serie muy importante y significativa de instituciones politicas, dependientes del partido politico en el poder, y administrativas, dependientes del Gobierno Federal en un contexto que sin embargo, no permite encontrar una tesis ideologica fuerte y que nunca esta dispuesta a sumirse ni como dictadura, ni esta dispuesta nunca a romper con la estructura formalmente democratica del pais.

De esta manera, principios como el de la separacion de poderes se mantienen de manera formal, aun cuando realmente los poderes legislativo y judicial se presentan como dominados por el ejecutivo. La subfuncion del legislativo y el judicial, sin embargo, no solo es real, sino que tambien es formal. Una caracterizacion aproximada del regimen mexicano de separacion de poderes lo reconoce como uno que no hace de este principio algo rigido y que admite la colaboracion de poderes.

Mexico cuenta con un regimen presidencial y una division de poderes expresada en el articulo 49 de su Constitucion Politica. Al Poder Judicial le corresponde administrar la justicia y decir el Derecho, con lo que realiza la funcion jurisdiccional y garantiza el respecto al Estado de Derecho al interpretar la ley. Los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial), no pueden actuar mas alla de las atribuciones y facultades que les han sido expresamente conferidas por la ley fundamental y el orden juridico vigente en su conjunto Constitucion) y cuando rebasan su ambito de competencia su actuacion es inconstitucional o ilegal. En consecuencia, en Mexico los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales (en plural por existir en el ambito federal y en el de cada uno de los 31 estados de la Federacion), son poderes con facultades limitadas. La Constitucion los crea, los organiza y les otorga sus atribuciones, sin que estos puedan actuar sin fundamento constitucional y legal.

Mas aun, este principio constituye en el orden juridico mexicano una garantia individual que le es oponible a cualquier autoridad que abusa en el ejercicio de sus funciones. En el caso de Mexico un hecho por demas evidente es que la realidad politica ha trascendido las fronteras constitucionales, lo que acentua al presidencialismo, con un Poder Ejecutivo dotado de amplisimas facultades.

Esta hipertrofia del Ejecutivo ha merecido de parte de los estudiosos del tema los mas diversos calificativos que senalan que el regimen politico de Mexico asume rasgos de «monarquia sexenal absoluta», de «dictadura constitucional», de un «imperio sexenal», de «dictadura perfecta», o bien que su titular se convierte en un «dios sexenal», por senalar solo algunas de las expresiones que se han utilizado. [3] Existe una tendencia a fijar una serie de controles dirigidos a acotar el Poder Presidencial y sobre todo los amplisimos margenes de discrecionalidad con que este actua.

Entre ellos la Independencia del Poder Judicial y la recta administracion de justicia, amen de ser garantes de la vigencia del Estado de Derecho, son condicion de vida de toda sociedad y su importancia se acentua en regimenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicacion de una Ley que son contrarios a la Constitucion.

El Poder Judicial en Mexico ha dado muestras de ser una Institucion que obra con cierta independencia respecto del Poder Ejecutivo, sin embargo, la evidencia empirica nos demuestra que dicha independencia es relativa y puede verse seriamente menoscabada en los casos en que el Ejecutivo esta interesado politica o economicamente en la resolucion de una causa.

De manera practicamente unanime, la doctrina ha sostenido que la unica forma para poder asegurar la independencia del Poder Judicial es a traves de las llamadas garantias judiciales entre las que se consideran: la designacion, la estabilidad, la responsabilidad de los funcionarios judiciales y la remuneracion, lo cual es, considero, de mas amplios alcances si se le ubica como garantia presupuestal.

La designacion de los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales son hechos por el Presidente de la Republica y sometidos a aprobacion de la Camara de Senadores, no ha sido independizada del todo del Poder Ejecutivo. Con la creacion en 1994 del Consejo de la Judicatura, quien es el encargado de llevar entre otras cosas la administracion del Poder Judicial Federal, observamos que esta integrado por 4 miembros del Poder Judicial Federal y tres externos, dos son designados por la Camara de Senadores y uno por el Presidente de la Republica.

Esto significa que la independencia del Poder Judicial, no la de la Suprema Corte, esta en entredicho, porque siempre habra una mayoria de miembros externos, tanto en el pleno del Consejo como en las Comisiones, esto ultimo de acuerdo con el art. 7 de la Ley Organica del Poder Judicial que ordena que las Comisiones se integren siempre por dos consejeros externos y uno del Poder Judicial. Por otra parte, el Poder Judicial ha sido tradicionalmente un organo dependiente del Ejecutivo en su integracion, pero sobre todo en sus recursos.

El Poder Judicial ve mermada su independencia en la medida en que no existe ningun mecanismo objetivado en el marco juridico que le destine un porcentaje fijo del presupuesto federal o bien que establezca parametros o criterios minimos a considerar, con lo que consecuentemente, el Poder Judicial queda supeditado unicamente al presupuesto que pueda negociar con el Ejecutivo en turno. ORGANOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

En los ordenes juridicos modernos dos son las principales funciones normativas o modos de produccion del derecho: la legislacion y la jurisdiccion. [4] En la legislacion se comprenden todos aquellos procedimientos que llevan a la produccion de normas generales, abstractas e impersonales. Aun cuando de manera repetida y equivoca tal funcion suele identificarse (en terminos exclusivos y excluyentes) con el procedimiento encomendado a rganos de caracter representativo para la produccion de leyes (asambleas, congresos o parlamentos), una vez superada la ideologia de la Ilustracion y su materializacion en algunos de los postulados de la Revolucion francesa, la funcion legislativa esta encomendada en nuestros dias tambien a los organos ejecutivos, como acontece en la facultad reglamentaria, o a los organos jurisdiccionales mediante sentencias erga omnes y acuerdos generales, asi como de sentar jurisprudencia, por ejemplo.

Si bien los organos con facultades legislativas individualizan normas a fin de crear otras que resultan del ejercicio de sus atribuciones, es importante no perder de vista que lo especifico de la funcion legislativa radica en que la norma producida mantiene las apuntadas caracteristicas de generalidad, abstraccion e impersonalidad. A diferencia de la funcion legislativa, en la jurisdiccional se realiza una individualizacion normativa tendente a aplicar normas (casi siempre generales), a individuos o personas juridicas concretos.

No se trata ya de prever como deben realizarse determinados comportamientos humanos o que consecuencias deberan atribuirse a ciertas conductas o hechos, sino establecer el significado que el orden juridico atribuye a ese hecho o a esa conducta, asi como identificar al organo u organos que deberan llevar a cabo los actos coactivos que sean consecuencia de la conducta realizada.

Por ser el juridico un orden de caracter coactivo, podemos decir con Kelsen, que, la funcion del Estado que conocemos con los nombres de jurisdiccion o administracion de justicia, se encamina esencialmente a la realizacion del acto coactivo o su preparacion procesal. En este sentido, constituye una funcion estatal en sentido eminentemente formal[… ] [5]

En su sentido formal, la jurisdiccion habra de reducirse, entonces, a la consideracion de los supuestos abstractos, generales e impersonales (establecidos en una norma general), respecto de una situacion o conducta especifica, a efecto de determinar, primero, si tal situacion o conducta se encuentra significada juridicamente; segundo, que caracter tiene esa situacion o conducta (derecho, obligacion, acto ilicito o facultad); tercero, que consecuencias juridicas corresponden a tal situacion o conducta; cuarto, determinar la existencia o no de un acto ilicito y, quinto, realizar u ordenar la realizacion del correspondiente acto coactivo.

Vista la jurisdiccion en el sentido formal, se plantea el problema de distinguirla de la actividad administrativa del Estado, toda vez que en ambos casos se esta, en principio, frente a individualizaciones normativas que desembocan o pueden desembocar en la aplicacion de actos coactivos.

Tratando de distinguir la jurisdiccion de la administracion, tenemos la posicion de aquellos autores que identifican a la jurisdiccion en sentido general mediante una nota material, como, por ejemplo, la existencia de un litigio, la necesidad de resolver una pretension, la resolucion por el juez en causa ajena, la existencia de ejecuciones forzosas, la tutela del ordenamiento frente al poder publico, la regla ne procedat iudex ex officio, o el que las resoluciones sean irrevocables respecto del caso concreto. [6]

En cada orden juridico pueden darse ciertos contenidos a la actividad jurisdiccional, no es factible, sin embargo, confundir particulares momentos historicos con las categorias propias una teoria general del derecho. Al abordar un problema semejante al que ahora nos ocupa, Kelsen afirmaba que a nivel formal no resultaba posible distinguir la actividad jurisdiccional de la administrativa, por lo que admitiendo esa identidad formal, si era factible diferenciarlas de manera material, para lo cual debia atenderse a notas de caracter organico. 7] Teniendo en cuenta que se trabajaba sobre momentos historicos especificos, lo relevante era entonces la cualidad de los organos que ejercen la funcion: los jueces independientes realizan la funcion jurisdiccional y los organos subordinados las actuaciones administrativas. Este criterio de distincion es historico, pues se sustenta en el hecho de que ciertos funcionarios estatales gozan de ciertas cualidades, independencia, que han aparecido en tiempos recientes.

Esta circunstancia es expresamente admitida por Kelsen, una vez que ha considerado la intemporalidad de la funcion jurisdiccional, y que la distincion entre un ambito jurisdiccional mas especifico frente a otro denominado administrativo depende de circunstancias historicas, de los organos que lleven a cabo cada una de esas funciones. En los Estados constitucionales modernos, podemos decir, que se encuentra abierta la posibilidad de que sean los intereses de los «subditos» compitiendo entre si los que determinen ue materias deberan corresponder a jueces independientes (y, por ende, ser jurisdiccionales) y cuales otras habran de conferirse a organos administrativos. A partir de esa determinacion habran de manifestarse las consecuencias entre haber asignado la resolucion de los asuntos a organos independientes o a organos subordinados. Puede existir otra forma de relacionar el conocimiento de la materia con la funcion jurisdiccional especifica, como es el caso en que una Constitucion disponga expresamente que el conocimiento de tal o cual materia corresponde a los jueces.

En este ejemplo, el contenido de la independencia judicial no es determinante para llevar a cabo la identificacion de la jurisdiccion, aun cuando si sea la importancia para definir las caracteristicas de los organos que habran de impartirlo, la de ser independientes. JURISDICCION Y ESTADO CONSTITUCIONAL Los sistemas jurisdiccionales dependen de las condiciones politicas en que se desarrollan.

Esta afirmacion se actualiza en dos ambitos: primero, en el concerniente a la estructura de gobierno, es decir, el caracter que se le confiere a la autoridad que realiza la actividad jurisdiccional y las relaciones que guarda con otros organos; y segundo, en el caracter que se le confiere a la legitimacion que genera o el proposito al que sirve la funcion jurisdiccional. En cuanto a sus origenes, el Estado constitucional debe concebirse como el resultado de la evolucion de la concepcion del Estado y del papel de derecho iniciado a finales del siglo XVIII con la aparicion del Estado de derecho.

Este ultimo tipo ideal es, ante todo, un modelo que pretende garantizar ambitos de libertad a los individuos frente a la actuacion del poder publico mediante su separacion funcional y organica; el reconocimiento de un conjunto de derechos y libertades inalienables de las personas; la aplicacion de normas generales, abstractas e impersonales en condiciones de igualdad, y, por ultimo, la necesaria fundamentacion de todo acto de autoridad en normas previamente establecidas. 8] Como consecuencia de la ideologia contractualista que subyace a la concepcion del Estado de derecho, la voluntad general se deposita en el organo Legislativo, por lo que al mismo correspondia el establecimiento de aquellas normas de caracter general, abstracto e impersonal que permitieran llevar a cabo la organizacion general y racional de la sociedad.

La posicion del parlamento y de las normas por el expedidas conllevaba la relegacion de los organos jurisdiccionales de varias maneras: en primer lugar, la funcion judicial era considerada como la mera subsuncion de ciertos hechos en normas «completas»; en segundo lugar, se negaba cualquier tipo de intervencion judicial en lo que hace al control de la regularidad de las normas legales o en la valoracion o modificacion de las decisiones en ellas contenida; en tercer lugar, la actuacion de los jueces se concebia como el hallazgo de una norma en un orden juridico completo, y no como una actividad que implicara creacion del derecho, y, en cuarto lugar, al no existir los supuestos ni los organos para llevar a cabo un control de la regularidad constitucional, el Estado de derecho tenia como normas supremas las disposiciones generales del Codigo Civil, atribuyendosele a la Constitucion un caracter politico, pero no normativo. [9] El Estado constitucional tiene uno de sus elementos centrales en el reconocimiento del caracter normativo y la jerarquia suprema de la Constitucion. La ley deja de ser la norma suprema de un orden juridico, y la Constitucion actua como criterio ultimo de validez.

La normativa y nueva jerarquia de la Constitucion no significan un mero cambio en el estrato superior de validez, sino por el contrario, debido a que el reconocimiento de la normativa constitucional coincide con la incorporacion de los valores y normas propias de los modelos estatales de derecho, social y democratico, la Constitucion habra de jugar un papel material en el control de la regularidad constitucional. [10] Esta normatividad de la Constitucion resulta posible por la existencia de organos capaces de constituirla en criterio de validez de todas las normas del ordenamiento. La Constitucion no sera mas un fenomeno politico, y si juridico, por la existencia de organos a los que se atribuya esa funcion, mismos que de ordinario tienen el caracter de tribunales. El Estado constitucional es, entonces, un entramado normativo muy complejo de valores materiales de distinto contenido, instituciones y funciones variadas y diversos procedimientos para modificar las decisiones tomadas previamente.

La jurisdiccion implica la preparacion o la aplicacion de actos coactivos por organos a cuyos titulares les garantiza independencia, su funcion primordial en el Estado constitucional consiste en el control de regularidad o, como tambien se dice, en la tutela del ordenamiento. Es importante destacar que si bien es cierto que tal funcion tutelar puede conferirse tambien a los organos administrativos, las decisiones de estos ultimos comunmente suelen ser sometidas al control jurisdiccional, es decir, el ejercido por organos cuyos titulares son independientes. A los jurisdiccionales, entonces, se les confieren atribuciones para actuar (de manera exclusiva o por via de revision) en el control final de la regularidad de actos o normas.

Si la sociedad propia del Estado constitucional es plural y las normas juridicas son el referente comun de sus individuos o grupos, mediante la funcion jurisdiccional habran de resolverse conflictos sociales y asignarse los «bienes» juridicamente establecidos, buscando con ello mantener la eficacia del ordenamiento correspondiente. La racionalidad del Estado constitucional, en tanto orden de normas establecidas para garantizar una especifica posicion del individuo frente a otros individuos o frente al poder publico, al contar con una base material y permitir la toma de decisiones fundadas en el consenso y el tamano de la representacion, exige el funcionamiento de organos que mantengan su propia racionalidad mediante el control de regularidad de las normas en que el propio modelo estatal se encuentra plasmado. Si el Estado constitucional se produce como resultado de una serie de «compromisos» entre valores constitucionalizados, es necesario que cuente on el conjunto de organos necesarios para resolver los conflictos permanentes que producen esos compromisos, lo cual suele atribuirse a organos jurisdiccionales a los que se confiere independencia, a efecto de que puedan realizar sus funciones de control y de distribucion. LA FUNCION JURISDICCIONAL, LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y SUS TITULARES. Debido a su importancia para el funcionamiento del Estado constitucional, la actividad jurisdiccional se encomienda a organos a los que previamente se ha dotado de una competencia y un estatus particular. Si por «organos» se entiende la existencia de complejos normativos compuestos de manera primordial por facultades, hablar de sus cualidades implica admitir que en los ordenes modernos habra ciertas normas comunes presentes en la conformacion de esos organos.

De manera fundamental, nos parece que respecto de los organos jurisdiccionales puede hablarse de conjuntos normativos que tienden a garantizar su autonomia, entendiendo por ella un diseno normativo por el cual las normas que esos organos a su vez produzcan, resulten de la exclusiva individualizacion de otras normas juridicas y no de las instrucciones de otros organos estatales. Esta autonomia es una condicion indispensable para el control objetivo de regularidad del ordenamiento, en tanto hace posible que el derecho sea el criterio unico de validez. A esta garantia de autonomia de los organos jurisdiccionales se le denomina tambien «sujecion del juez al ordenamiento juridico» o, simplemente, «sumision a la ley». Analizandola mas de erca, resulta dificil considerar que la autonomia va dirigida al juez o al tribunal, pues en realidad se dirige, si asi puede decirse, al proceso jurisdiccional, al proceso de produccion de normas derivado de la funcion jurisdiccional. Partiendo de la distincion entre el control de regularidad de una norma (control objetivo) y el control de una conducta (control subjetivo), podemos decir que la sujecion del juez al ordenamiento opera a nivel del primero. No se trata de establecer una obligacion para el juzgador (en el sentido de acto contrario a la condicion de un acto coactivo), sino garantizar que el organo jurisdiccional conocera y resolvera litigios solo a partir de lo dispuesto por otras normas. [11] Si aceptamos que en diversos ordenes modernos se busca garantizar la autonomia jurisdiccional, debe resolverse un problema, ? omo se logra hacer que el titular del organo jurisdiccional, el individuo o individuos que con sus conductas actualizan las normas que integran el organo, cumplan con los fines del Estado constitucional? La solucion a este respecto la constituye la denominada independencia judicial. Si los jueces en el Estado constitucional controlan la regularidad de los actos y normas de un ordenamiento, es necesario otorgarle una serie de garantias a los hombres que de manera concreta van a realizar las actividades jurisdiccionales, a efecto de crear las condiciones materiales que les ayuden a no tener que considerar elementos ajenos a los estrictamente normativos. [12] En este sentido, la independencia actua en favor de la autonomia judicial. La ndependencia judicial es un principio general de los juzgadores respecto de un mundo factico y, por ende, debe materializarse positivamente, lo cual es posible de distintas maneras y con diferentes alcances. [13] En los ordenes juridicos actuales, es cada vez mas comun encontrar un conjunto especifico de garantias en favor de los juzgadores que atienden a su seleccion, nombramiento, adscripcion, remuneracion, responsabilidad y estabilidad, primordialmente. [14] JURISDICCION Y CARRERA JUDICIAL. Jurisdiccion y estatus personal. Tratandose de Inglaterra y Estados Unidos, es factible reconocer que la seleccion de los juzgadores se realiza mediante mecanismos politicos, y tiene como objetivo primordial identificar a aquellas personas que, dentro o fuera de la actividad jurisdiccional, se han destacado en la profesion juridica.

Las personas seleccionadas lo son en razon de su formacion y actuacion juridicas anteriores al cargo judicial que van a desempenar, y precisamente porque su formacion y actuacion se estiman valiosas. Un segundo elemento a destacar de estos paises es el hecho de que el nombramiento de juzgador se hace para un organo jurisdiccional determinado y respecto de el se confiere la titularidad. Por ello, el individuo designado habra de permanecer en ese cargo sin posibilidad de movilidad interna, de manera que de darse esta ultima, sera como consecuencia de un nuevo nombramiento, independiente por completo del anterior. Como en estos ordenamientos los nombramientos se hacen de manera vitalicia y en tanto se observe buena conducta, la persona designada conoce, desde un principio, que organo ocupara y que su permanencia en el sera indeterminada.

En los sistemas norteamericano e ingles, el juez se identifica individualmente, y es precisamente esa posicion individual el objeto de la proteccion de las garantias jurisdiccionales (seleccion, nombramiento, adscripcion y falta de movilidad, primordialmente). El juez, en estos ordenamientos, no forma parte de un sistema anonimo de funcionarios de Estado, sino de un sistema que identifica, analiza y mitifica a sus integrantes. [15] Jurisdiccion y estatus organizacional. A diferencia de los paises en que impera el modelo de designacion del individuo, en aquellos en que existe la carrera judicial se tiende a la creacion de un modelo de organizacion «burocratica». Como afirma Hector Fix-Fierro, la carrera judicial se distingue porque los jueces son servidores publicos que siguen una carrera jerarquicamente estructurada, ello «[… en el sentido de que la promocion desde los grados inferiores depende de los meritos y de la antiguedad», y porque «los jueces constituyen una rama separada de la profesion juridica , ya que los aspirantes a la judicatura ingresan normalmente en la carrera judicial poco despues de terminada la ensenanza universitaria, y prosiguen su entrenamiento especializado dentro de la misma institucion». [16] La seleccion de las personas que habran de actuar como titulares de los organos jurisdiccionales se realiza entre personas recien egresadas de las escuelas de derecho, a efecto de que las mismas se incorporen a las correspondientes escuelas judiciales y reciban una capacitacion y un entrenamiento especificos. Las personas que ingresan a esas instituciones de especializacion judicial no cuentan hasta ese momento con conocimientos especializados, y es solo a partir de los que reciban en el centro judicial como se distinguiran de quienes actuan en otras ramas de la profesion juridica.

Si la posibilidad de designacion depende de la capacitacion previa, resultara evidente que los nombramientos recaeran en aquellas personas que acrediten haber recibido tal capacitacion. Por ello, la totalidad o, al menos, un porcentaje muy alto de las designaciones se realizan entre sujetos capacitados homogeneamente como juzgadores, ello a partir de los estandares educativos aceptados en el correspondiente programa de estudio. Independientemente de las variedades de formacion provenientes de las diferencias en educacion o experiencia, la designacion habra de recaer en quienes (teorica y practicamente) puedan reproducir los criterios y conductas aceptados en el aparato de imparticion de justicia.

En estrecha relacion con la obtencion de calificaciones en los examenes se encuentra la determinacion de la primera adscripcion, pues tradicionalmente las plazas de mayor importancia se reservan a quienes obtienen los puntajes mas altos. Al ser un sistema predominantemente cerrado, los ascensos en los poderes judiciales dependen, en primer lugar, de los meritos acumulados en el servicio judicial, valorandose aspectos tales como la buena conducta y el desempeno, aun cuando a veces, y en menor escala, se consideran algunos aspectos formativos ajenos a tal servicio (cursos, publicaciones, etcetera). Ademas de los meritos, suele considerarse tambien la antiguedad en el Poder Judicial y en el desempeno de cargos especificos.

El hecho de que los criterios enunciados sean primordiales en la movilidad y ascenso, conlleva, nuevamente, una homogeneizacion de las tareas judiciales, pues en buena medida sera su adecuado cumplimiento lo que garantice la permanencia y proporcione mayores elementos para la evaluacion de los meritos. El hecho de que existan criterios previos y objetivos para la evaluacion de nuevas adscripciones o ascensos, significa, por una parte, una garantia de independencia en favor del juzgador en tanto no depende de criterios discrecionales pero, por otra, el incentivo para llevar a cabo practicas o conductas semejantes, pues las mismas habran de ser recompensadas en los terminos que disponga el ordenamiento.

Desde el momento en que se busca salvaguardar la independencia judicial mediante un conjunto muy acabado de normas que, simultaneamente, dan lugar a un grado importante de homogeneidad de los criterios y practicas judiciales, no resulta en absoluto casual que la carrera judicial haya aparecido en ordenamientos pertenecientes a la familia romanista. En una version superficial y hasta cierto punto ideologica (pero justamente por ello de aceptacion generalizada), los ordenamientos romanistas se consideran compuestos primordialmente por normas generales emitidas por los organos legislativos, y en esas normas se pretende incluir la totalidad de las soluciones juridicas y supuestos de hecho que deben ser considerados por los tribunales.

Por ello, y en esa vision, la tarea fundamental de los tribunales ha sido concebida como un proceso de «descubrimiento» de la norma aplicable a los hechos del caso concreto, y no como una tarea de creacion relativamente descentralizada en la cual se comparen los efectos sociales de la resolucion o las distintas interpretaciones que puede tener el contenido final de la norma creada por ellos. Si la tarea del juez es concebida como el descubrimiento de la norma aplicable dentro de un conjunto de normas creadas por el legislador, es necesario nombrar y ascender a personas respecto de las cuales se tenga la certeza que conocen cabalmente el orden juridico.

A partir de este presupuesto la carrera judicial despliega toda su eficacia en los ordenamientos romanistas: los jueces son preparados especificamente para serlo; su nombramiento depende de un grado cierto y comprobable de conocimientos impartidos al efecto, y su ascenso deriva de la satisfaccion de criterios de antiguedad y meritos realizados, primordialmente, en el ejercicio de la propia funcion jurisdiccional. En tanto el dogma romanista apuesta por la omnicomprension del legislador, y el papel de los jueces se conceptua como un ejercicio subordinado a las normas legisladas, los poderes judiciales deberan integrarse por individuos caracterizados por su preparacion homogenea en la aceptacion de un cierto modo de ejercer su funcion, ejercicio que es considerado como via de ingreso y ascenso, primordialmente. Mientras que en los sistemas de common aw puede resultar mas descriptivo considerar que las garantias judiciales tienden a conferirle un estatus personal a los juzgadores, en los sistemas de carrera judicial puede hablarse, a su vez, del reconocimiento de un estatus organizacional. Un juez o magistrado, en este segundo caso, es nombrado no por las cualidades que haya manifestado en un ejercicio profesional distinto al judicial, sino unica y exclusivamente por su desempeno en este ultimo. LA FUNCION ORGANIZACIONAL DE LA CARRERA JUDICIAL Y EL «MERCADO INTERNO DE TRABAJO» Siguiendo la distincion planteada por Fix-Fierro, puedo decir que en la actividad jurisdiccional se habla de una faceta profesional y otra organizacional.

En lo que se refiere a esta ultima, puedo decir que mediante la carrera judicial se organiza y administra a los titulares de los organos jurisdiccionales. Al plantear esta ultima posibilidad no se estan desconociendo otras de las funciones que se satisfacen con la carrera (como garantizar la independencia judicial), sino unicamente destacar este ultimo aspecto, a fin de lograr una mejor comprension de nuestro objeto de estudio. La carrera judicial, en tanto sistema de organizacion y administracion, puede ser considerada, para su mejor comprension, a la luz de los criterios propios de disciplinas ajenas al derecho, especificamente de la administrativa.

Dentro del conjunto de posibilidades teoricas encuadrables en esta ultima, parece interesante desarrollar las ideas expuestas por los profesores Milgrom y Roberts para la comprension de lo que denominan un sistema de «mercado interno de trabajo». [17] Este tipo de organizacion se caracteriza, segun ellos, por relaciones de empleo de larga duracion, por un numero limitado de vias de acceso, por determinados cauces de movilidad en la organizacion, por un sistema de promociones internas, y por el hecho de que los ingresos economicos se confieren mas por clasificaciones de puestos de trabajo que por calificaciones o meritos individuales. La carrera judicial podria ser concebida como un «mercado interno de trabajo» siempre que coincidan sus respectivas caracteristicas organizativas.

Como antes se apunto, la carrera judicial se caracteriza (al igual que los «mercados internos de trabajo»), por mantener relaciones laborales de larga duracion, en tanto el ingreso suele darse entre los veinticinco y treinta anos y concluir entre los sesenta y los setenta anos; las posibilidades de acceso se encuentran limitadas, normalmente, a la aprobacion de un examen o de un curso; la adscripcion a puestos y el otorgamiento de ascensos depende del cumplimiento de criterios estrictos objetivos y predeterminados, y las remuneraciones se otorgan en razon de la categoria de puestos que se ocupan, y no en los resultados de las calificaciones individuales obtenidas en el desempeno del cargo. Para hablar de la carrera judicial como un sistema de administracion semejante al «mercado interno de trabajo», estamos utilizando tipos ideales, dado que en ningun caso existe una realidad plenamente acorde con ella, sino solo un conjunto de caracteristicas informadoras mas o menos constantes. Por otra parte, desde el momento en que concebimos a la carrera judicial desde el punto de vista organizativo, es tambien factible percibir que la misma requiere de un aparato que administre esa organizacion.

Este requerimiento, junto con otros factores, explica la aparicion de organos especificos denominados «consejos de la judicatura» o «de la magistratura», cuya funcion primordial atane, entonces, a la permanente seleccion, nombramiento, adscripcion y ascenso del personal judicial, tarea en la cual es necesario aplicar evaluaciones de diversos tipos al ser los mismos el motor de todo el sistema. Desde el momento en que en Mexico se ha adoptado una forma de organizacion judicial poco estudiada en cuanto a su eficiencia y modalidades administrativas que, sin embargo, puede asemejarse a una organizacion mas estudiada, resulta factible aplicar a la primera las categorias utilizadas para la comprension de la segunda.

Por ello, el modelo de carrera judicial podra ser analizado a la luz de los criterios apuntados para la comprension de los «mercados internos de trabajo» ORGANOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANTE EL NUEVO RETO JUDICIAL PENAL EN MEXICO. Para entender el sistema acusatorio debemos tener en cuenta, aunque sea someramente, su origen historico y respecto de ello podemos decir que es el primero en aparecer en la historia. Nace en Grecia, de donde se extendio a Roma y sus origenes se vinculan con una concepcion Democratica, tan es asi que fue adoptado por los antiguos regimenes democraticos y republicanos y prevalecio hasta el siglo XIII, cuando fue sustituido por el sistema inquisitivo.

La denominacion de Sistema Acusatorio toma ese nombre porque en el ubicamos de manera latente el principio Acusatorio, las caracteristicas de un sistema acusatorio son: El proceso se pone en marcha cuando un particular formula la acusacion. El juez no procede de oficio. La acusacion privada determina los ambitos objetivo y subjetivo del proceso, es decir el hecho punible y la persona que se va a procesar. Rige el brocado iuxta alegata et probata es decir el juez no investiga hechos ni practica pruebas no ofrecidas por la partes. El juez no puede condenar a persona distinta de la acusada ni por hechos distintos de los imputados. Es el principio de inmutabilidad de la imputacion. El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradiccion e igualdad, permaneciendo el acusado en libertad.

En los ultimos tiempos, la mayor parte de los principios y reglas conformadoras del organo jurisdiccional y del proceso penal han pretendido centrarse en el principio acusatorio que establece un juicio oral publico y contradictorio como etapa central del procedimiento. Otra  de  las  reglas  es  que  el  juez  no  puede  acusar,  la  distincion  entre  parte acusadora y juez no es algo propio de una clase proceso sino que atiende a la esencia misma del proceso y esto se manifiesta en que no puede haber proceso si no hay acusacion y esta ha de ser formulada por persona distinta de quien va a juzgar. En ese sentido, Montero Aroca senala que no puede confundirse sta regla de que no hay proceso sin acusacion, con el que no puede haber condena sin acusacion pues son cosas diferentes, pues aun cuando el juez en el proceso se percate de la existencia de otros delitos no los podra condenar y solo se podra basar en el objeto del proceso, pues no puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a persona distintas de los acusados. Los organos encargados de administrar la justicia penal en Mexico estan sufriendo una amplia transformacion, estos cambios seran de orden fisico, tecnologico, cultural, procedimental, sustantivo y de toda orden pues cambiaremos completamente el paradigma de nuestro actual sistema de administracion de justicia por un nuevo juicio acusatorio adversarial.

En la actualidad existe un gran atraso e ineficacia del sistema para dar vigencia plena a las garantias individuales y derechos humanos que consagra la constitucion y brindar la seguridad debida a personas y propiedades, existe desconfianza en el aparato de justicia, ya que las instituciones publicas han sido premiadas por la delincuencia, los procesos y juicios penales son burocraticos y lentos, y las carceles son inseguras, y no garantizan la reinsercion social. Por ello se propone un estado democratico de derecho, donde se defienda las garantias de las victimas y acusados y la imparcialidad en los juicios, debiendo los organos tanto de investigacion, prevencion y administracion de justicia coordinarse de manera mas estrecha y compartir bases de informacion sobre la criminalidad y del personal, en general la profesionalizacion de los que en ella intervienen.

Se eleva a rango constitucional la presuncion de inocencia, con juicios publicos, orales y continuos para propiciar su transparencia, equidad e imparcialidad. Con la nueva reglas el acusado podria enfrentar el proceso en libertad, y existira la opcion de buscar la conciliacion con la reparacion del dano. Las garantias individuales se colocan en el centro del proceso penal, pues la reforma es esencialmente garantista, la investigacion sera mas agil y efectiva y procurara que la victima logre efectivamente la reparacion del dano, tendra proteccion ante posibles represalias del acusado, y tendra intervencion directa en el juicio. Existira el juez de ejecucion quien vigilara y controlara la ejecucion de las sentencias en las carceles.

Habra un juez de control, el cual resolvera de manera inmediata y por el medio mas rapido las solicitudes que le haga el ministerio publico de medidas cautelares o precautorias y tecnicas de investigacion, respetando las garantias de la victima y el acusado. De todas las comunicaciones entre jueces de control, ministerio publico y otras autoridades, se llevara un registro preciso. El juez de control podra radicar o no en el distrito correspondiente al accion. Para iniciar un proceso penal, en vez de averiguacion previa se llevara a cabo una investigacion para establecer que el delito ocurrio verdaderamente, y en lugar de acreditar el cuerpo del delito para culpar al acusado, se demostrara su posible participacion. Inicia el juicio con un auto de vinculacion a proceso, y para el caso de enor cuantia o de poca peligrosidad, si el juez considera que el acusado no causara dano, no se escapara y no pondra en riesgo la investigacion, la vida o la integridad de otras personas, podra enfrentar el proceso libertad, y quedara en decision del juez la aplicacion de medidas que asegure la comparecencia del acusado a las audiencias del proceso. Esto contribuira a reducir la poblacion de las carceles, pues la prision preventiva se limita para los casos en que otras medidas cautelares o de prevencion no sean suficientes para garantizar que el acusado se presente a las audiencias, para proteger a la victima, a los testigos o a la comunidad. La carga de la prueba, es decir, la obligacion de demostrar la culpabilidad de una persona, recaera en el ministerio publico.

Haciendo a un lado la obligacion actual de que el acusado demuestre su inocencia. En la investigacion participara la policia, al mando del ministerio publico. Debiendo preservar la escena del crimen y las primeras evidencias del mismo, cualquier prueba obtenida con violacion de derechos fundamentales sera nula, lo mismo que cualquier confesion obtenida sin presencia del abogado defensor. Todo inculpado tendra derecho a que lo defienda un abogado titulado, al que podra elegir libremente incluso desde el momento de su detencion. Se elimina la figura de persona de confianza, y si no puede nombrar un defensor particular el juez designara un defensor publico.

El objetivo de este proceso penal sera el esclarecimiento de hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los danos causados por el delito se reparen, de esta manera el ministerio publico volvera a actuar de buena fe, pues el procedimiento ya no lo obliga a demostrar que el acusado es necesariamente culpable, sino a buscar la verdad, sin importar a quien favorezca, ganando imparcialidad en los juicios. Se precisan y se amplian los derechos o garantias del acusado o imputado, asi como los de la victima y ofendido, las audiencias preliminares y la audiencia de juicio deben ser publicas, podran asistir a ellas las personas que lo deseen, esto es el principio de publicidad.

En todas las audiencias estara presente el juez, sin que pueda nombrar a nadie en su representacion, este es el principio de inmediacion. Solo se consideran como pruebas las que sean presentadas en la audiencia de juicio, este es el principio de concentracion, el juez no podra efectuar ninguna audiencia sin que esten presentes las dos partes, que son el acusado y su abogado, la victima y el ministerio publico como acusador. En todas las audiencias las partes estaran en igualdad de condiciones para conocer de viva voz las pruebas y argumentos de la parte contraria y presentar los propios tambien oralmente. Este es el principio de contradiccion, la audiencia de juicio sera continua aunque pueda durar varios dias, hasta que se llegue a la sentencia.

El juicio podra terminar anticipadamente cuando el acusado reconozca la culpa, este dispuesto a reparar el dano como lo senala el juez y la victima este de acuerdo, estas son las medidas alternativas de solucion de controversias, la conocida justicia restaurativa. Solamente la autoridad judicial podra imponer o modificar las penas, actividad que quedara a cargo del juez ejecutor que ademas tendra la obligacion de proteger los derechos de los reclusos y evitar abusos. Por lo anterior, en materia de administracion de justicia penal se debera contar con nuevas salas para juicio oral, con nuevas figuras como el juez de garantia, el juez de ejecucion, y los jueces de audiencia oral. Ahora los organos de administracion de justicia dependientes del poder judicial tambien tendran a su cargo la ejecucion de sus penas, eliminando dicha atribucion al poder ejecutivo. CONCLUSIONES;

Existe una tendencia a fijar una serie de controles dirigidos a acotar el Poder Presidencial y sobre todo los amplisimos margenes de discrecionalidad con que este actua. Entre ellos la Independencia del Poder Judicial y la recta administracion de justicia, amen de ser garantes de la vigencia del Estado de Derecho, son condicion de vida de toda sociedad y su importancia se acentua en regimenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicacion de una Ley que son contrarios a la Constitucion.

Por otra parte, el Poder Judicial ha sido tradicionalmente un organo dependiente del Ejecutivo en su integracion, pero sobre todo en sus recursos. El Poder Judicial ve mermada su independencia en la medida en que no existe ningun mecanismo objetivado en el marco juridico que le destine un porcentaje fijo del presupuesto federal o bien que establezca parametros o criterios minimos a considerar, con lo que consecuentemente, el Poder Judicial queda supeditado unicamente al presupuesto que pueda negociar con el Ejecutivo en turno. Ahora atendiendo al punto donde expuse el tema de la carrera judicial, me queda una duda, mas que una conclusion, si ya no va a existir justicia de secretarios, como se va a dar la carrera judicial, si solo van a existir los jueces.

En un inicio es facil, pues sobran secretarios capacitados para fungir como Juez, pero en el futuro, ? como sabremos quien es el idoneo? o sera un hibrido tomado del sistema ingles, donde se nombrara a personas que no tengan carrera judicial pero si tengan probadas aptitudes y recomendaciones en el ambito legal, sea postulancia o cualesquier otra. Me queda claro que para el buen funcionamiento de los organos de administracion de justicia, se debera implementar mejores condiciones fisicas de infraestructura, recursos propios y manejo de sus ingresos, y agrego desaparecer a ese mal necesario de antano pero inoperante en estos tiempos, el Consejo.

BIBIOGRAFIA. Sartori, G. «Liberty and Law» en Templeton, K. (compendio. ) The politization of society, liberty press, 1979. Hamilton, Madison y Jay, «El Federalista» (XVII), Mexico, 1957 Locke, J. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Madrid, 1990, Montesquieu, Ch. , Del Espiritu de la Leyes, Madrid, 1980 Jellinek, G. Teoria General del Estado, Buenos Aires, 1954 Kelsen, H. Teoria General del Derecho y del Estado, Mexico, 1983 Loewenstein, K, Teoria de la Constitucion, Barcelona 1976 Jorge Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, Mexico , D. F. 1978 ———————– [1] Los protocolos de los sabios de Sion, M. E. Jouin, editorial Nuevo talento. 2] Introduccion al estudio del derecho, Garcia Maynez, editorial Porrua. [3] Compendio de derecho administrativo, Acosta Romero, editorial porrua. [4] Kelsen, Hans, Teoria general del Estado, trad. de Luis Legaz y Lacambra, Mexico, Editora Nacional, 1979, pp. 301 y ss. [5] Kelsen, op. cit. , nota anterior, pp. 316-317. Vease tambien Cossio Diaz, Jose Ramon, Las atribuciones no jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia, Mexico, Porrua, 1992. [6] Sobre estos criterios, vease la magnifica exposicion de Ignacio de Otto Pardo en su trabajo «La funcion jurisdiccional», contenido en sus Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, Ministerios de Justicia, 1989, principalmente las pp. 19-31. Igualmente, cfr.

Montero Aroca, Juan y otros, Derecho jurisdiccional, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 1994, t. I, pp. 119-133. [7] Op. cit. , nota 2, p. 311. Cfr. tambien Merckl, Adolf, Teoria general del derecho administrativo, Mexico, Editora Nacional, 1980, pp. 32 y ss. [8] Aragon Reyes, Manuel, Constitucion y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 30-31. [9] Cfr. Gautron, Jean-Claude, «L’heritage de la Revolution Francaise dans le droit europeen contemporain. II: Les ambiguites de la juridiction», en Bois de Gaudusson (comp. ), La Revolucion francesa y su influencia sobre las instituciones publicas, San Sebastian, Universidad del Pais Vasco [s. f. ], pp. 89-91. 10] Zagrebelsky, Gustavo, El derecho ductil, trad. M. Gascon, Madrid, Comunidad de Madrid/Editorial Trotta, 1995, pp. 36 y 40. [11] Cfr. Aragon Reyes, Manuel, «La interpretacion de la Constitucion y el caracter objetivado del control jurisdiccional», Revista Espanola de Derecho Constitucional, Madrid, ano 6, num. 17, marzo-junio de 1986, pp. 101-106. Cossio Diaz, op. cit. , supra 3, pp. 154-155. [12] Cfr. Kelsen, op. cit. , nota 2, p. 433; De Otto, op. cit. , nota 4, pp. 33-34. [13] Requejo Pages, Jose Luis, Jurisdiccion e independencia judicial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 166, 168 y 170. [14] Cfr. Fix- Zamudio, Hector, «El pensamiento de Eduardo J.

Couture y el derecho constitucional procesal», en su libro Latinoamerica: Constitucion, proceso y derechos humanos, Mexico, UDUAL/Miguel Angel Porrua, 1988, pp. 206-208. [15] Tribe, Laurence H. , God Save this Honorable Court, New York, Mentor, 1986, pp. 36-48; Van Caenegem, op. cit. , nota 12, pp. 86-87; Goldman, op. cit. , nota 32, pp. 189 y ss. ; Hazard, Geoffrey C. y Michael Taruffo, American Civil Procedure, New Haven, Yale University Press, 1993, pp. 64-68. [16] Los consejos de la judicatura entre profesion y organizacion», Coloquio internacional sobre el Consejo de la Judicatura, Mexico, Consejo de la Judicatura Federal-UNAM, 1995, pp. 80-81. [17] Milgrom, Paul y James Roberts, Economic Organization and Management, New Jersey, Prentice Hall, 1992, pp. 358-387.