INFORME POLITICA CRIMINAL EN COLOMBIA

COMISIÓN ASESORA DE POLÍTICA CRIMINAL INFORME FINA Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano Junio de 2012 INFORME FINAL Diagnóstlco y propuesta de lineamientos COMISIONADOS Iván González Amad Yesid Reyes Alvarado Camilo Sampedro Ar or281 to View nut*ge Carlos Guillermo Castro Cuenca Daniel Mejía Londoño Fand Benavides Vanegas Iván Orozco Abad Julio Andrés Sampedro Arrubla Julissa Mantilla Falcón María Victoria Llorente Sardi Mariana Martínez Cuéllar Rodrigo Uprimny Yepes Carlos Augusto Gálvez Bermúdez, Secretario Académico Tabla de contenido úblicas que son relevantes en materia de política criminal Capítulo II: Elementos de diagnóstico empírico: una caracterización de la política criminal y de la criminalidad en Colombia a. La realidad de la “criminalización primaria”: el diseño y formulación de la poltica criminal en Colombia 1. Una política criminal reactiva, sin adecuada fundamentación empírica, con incoherencias y falta de perspectiva clara de derechos humanos 2. Una tendencia al endurecimiento punitivo, que parece expreslon de formas de “populismo punitivo” 3. Una política criminal poco reflexiva frente a los particulares esafíos del contexto colombiano 10 13 14 16 17 20 22 23 26 27 281 3. Reducción del narcotráfico 4. Futuros negocios ilegales 5. Criminalidad común difusa 6.

Escenarios actuales de criminalidad en

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Colombia SEGUNDA PARTE: Lineamientos y recomendaciones Capítulo III: Las bases generales para una política criminal de Estado: Lineamientos sustantivos y diseños institucionales a. La política criminal y el respeto de los principios penales constitucionales y de derechos humanos b. La importancia de la idea del derecho penal como ratio última de protección de bienes jurídicos en la política criminal 1. La prevención en serio 2. Las medidas alternativas a las penas privativas de la libertad y el enfrentamiento de la crisis del sistema carcelario y penitenciario (SCP) 3. V[ctimas, poltica criminal y principio de última ratio 4. Las potencialidades de la justicia restaurativa c.

La importancia del principio de no discriminación y de los enfoques diferenc,ales d. Política criminal y género 1. Elementos básicos de una perspectiva de género en la política 2. Política criminal, derecho penal y violencia sexual 3. Política criminal y aborto e. La necesidad de una política criminal estable, coherente, undamentada empíricamente y evaluada sistemáticamente f. Las necesarias reformas normativas, de sistemas de información e institucionales para mejorar la formulación de la política criminal g. Algunas recomendaciones frente a la llamada “criminalización secundaria”: recomendaci e investigación criminal y recomendaciones sobre fuero militar 2.

Algunas consideraciones y recomendaciones básicas sobre investigación criminal 36 37 42 49 50 51 53 57 58 52 63 69 70 73 76 79 trabajo de la Comisión Asesora de Política Criminal presentase de manera sintética, comprensiva y asequible el estado actual de la cuestión criminal colombiana, las ormas nacionales e internacionales que modulan la formulación de políticas criminales estatales, los desafíos más importantes que deben afrontar las políticas públicas que toquen el tema y como resultado del análisis sistematico de estos tópicos, los lineamientos y recomendaciones de política criminal. Felicito por ello a todos los miembros de la Comisión que participaron en la construcción del informe que estoy segura se constituye en un buen insumo para el trabajo que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho con miras a delinear y construir una política criminal coherente, acional y eficaz en el marco de un Estado social y democrático de derecho.

Cordialmente RUTH STELLA CORREA PALACIO Ministra de Justicia y del Derecho Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano 7 1. Presentación La Unión Europea se complace muy especialmente con la publicación del diagnóstico y lineamientos de política criminal para el Estado colombiano, realizado por una Comisión Asesora conformada por expertos independientes y nombrados para tal efecto. Esta es una apuesta que la propia UE ya venía defendiendo desde el arranque del proyecto Fortalecimiento del sector 281 e la impunidad en Colom reducción ALA/2004/16831) DCI-ALA/2010/022-250), el cual se encuentra actualmente en curso.

Estos dos proyectos constituyen el aporte más significativo que ha hecho la Unión Europea en los años recientes en materia de Justicia a través de las instituciones responsables de dicha rama, dando respuesta asi a los objetivos propuestos en nuestro Documento de Estrategia país 2007-2013* el cual define las áreas prioritarias y de interés común establecidas por la República de Colombia y la Unión Europea. La política criminal y la lucha contra la impunidad son dos elementos íntimamente ligados. Por un lado, la reducción de la impunidad está en el punto de mira de la mayor parte de las Iniciativas de reformas juridlcas y judiciales de los estados y de los programas de cooperación en materia de justicia de las Agencias Internacionales. No es una casualidad. La impunidad, entendida como la incapacidad del Estado para dar una respuesta de justicia material, sujeta a la legalidad vigente, ante las trasgresiones del orden social consideradas como delitos, supone el fracaso del Estado de Derecho.

Cuando hay impunidad (en cierto grado) el Estado manifiesta su debilidad para hacer cumplir sus propias normas y so puede llegar a cuestionar su propia razón de ser, pues cuando no se respeta la legalidad lo que se impone es el poder del más fuerte frente a los más débiles. Asimismo, los estados afectados por altos índices de impunidad tienen que resignarse a prescindir de su propio y muy valioso recurso humano, al tiempo que disuade, por no decir que ahuyenta, la inversión económica extranjera, viendo así seriamente afectada su propia viabilidad económica. Dos señalamientos importantes en relación con lo ant Dos señalamientos importantes en relación con lo anterior. 1 .

Cuando se habla de la debilidad de un Estado vinculada a a impunidad no se está refiriendo necesariamente a la debilidad o a disfunciones de las instituciones o del Sistema de Administración de Justicia, aunque sea lo habitual culpar a los jueces y a la “justicia”, entendida como sistema judicial. Es lo propio de un Estado de Derecho que cada uno de los poderes asuma las competencias y responsabilidades que le incumben. Por ello, cuando se reflexiona sobre la impunidad y su comportamiento es necesario adoptar una visión más amplia, que incluya al conjunto de las instituciones y de la sociedad, para buscar en las interactuaciones entre unas y otras las causas y las soluciones del problema. . a respuesta al problema de la impunidad ha de tener de manera indefectible una dimensión de justicia material.

Contra lo que muchos piensan, la impunidad no es un problema de cifras, aunque de alguna manera haya que medirla. Para conjurarla no son suficientes los mecanismos de gestión; no se trata, simplemente, de implementar procesos judlclales más cortos o establecer ‘Vías de escape” que permitan la descongestión del sistema y su consecuente agilización. Aunque estas medidas son necesarias y valiosas, si a través de ellas no se consigue llegar al esclarecimiento de la verdad material sobre hechos delictivos y la depuración de la responsabilidad criminal de su autor o autores, el número de casos cerrados, por alto que sea, no dejará satisfechos al Estado de Derecho ni la sed de justicia de sus ciudadanos.

En un reciente estudio financiado por la UE En un reciente estudio financiado por la UE, se argumenta lo siguiente “Colombia es un país que hace décadas está sumergido en un conflicto armado. Esta constante violencia y convulsión social ha inducido a que el Estado haya hecho una construcción social de la realidad en donde la incertidumbre, lo accidental y lo imprevisto cobran fuerte relevancia. Esta forma de pensar y abordar los problemas de la sociedad ha otorgado a los gobiernos un carácter reactivo frente a las políticas que ejecutan, toda vez que han estado dirigidas no tanto a evitar sino a conjurar coyunturalmente los efectos críticos”**.

Es así que, en ocaslones, nos encontramos ante una serie de politicas públicas fragmentadas, desarticuladas y atomizadas en múltiples objetivos, lo que se traduce necesariamente en una falta de estrategia del Estado para reducir la conflictividad social y, por ende, buscar mayores y mejores niveles de convivencia. Es aqu[ cuando nos encontramos ante la ecesidad por contar con una política criminal. * http://eeas. europa. eu/colombia! csp/07 13 es. pdf Comparar Barreto Nieto, Luis Hernando y Rlvera, Sneider, Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia, 2009. 8 Se considera que el mejor recurso de cooperación internacional, el más útil y el más cualificado es el que propicia un ejercicio de reflexión sobre la realidad nacional, tomando como referencia las experiencias y las lecciones aprendidas, buenas o malas, de otros entornos nacionales, sociales y culturales.

Desd e vista, el apoyo técnico de la UE co ponente importante e este punto de vista, el apoyo técnico de la UE constituye un componente importante e imprescindible en las dinámicas de cooperación internacional con sus pa(ses socios. Eso no slgnifica, sin embargo, que la UE o esta Delegación tengan que compartir de manera necesaria las tesis y las valoraciones elaboradas desde la subjetividad de los autores a partir de la información por ellos recibida y procesada y de ninguna manera puede afirmarse que dichas tesis y consideraciones tengan la condición de posicionamientos oficiales de la UE. Sin embargo, si creemos que desde el debate y la onstrucción de politicas elaboradas por expertos en la materia, se puede perfeccionar el marco normativo vigente y adaptarlo a la realidad social colombiana. or último, quisiera agradecer el trabajo de los expertos de la Comisión Asesora de Política Criminal, así como el de los funcionarios y operadores que facilitaron información y prestaron su apoyo a los miembros responsables de este informe, con el cual se pretende propiciar el análisis desde criterios técnicos y objetivos, sobre cuestiones básicas, no sólo relacionadas con un sistema procesal o un modelo de respuesta penal concreto, sno con todo un modelo de rganización social que permita avanzar a Colombia hacia la convivencia pacífica. Asimismo, quisiéramos recalcar el más absoluto respeto por parte de la UE en el apoyo a este tipo de procesos de elaboración de políticas públicas, así corno nuestra disposición por mantener dicho fortalecimiento institucional, siempre y cuando el valor agregado y la impronta de la UE se requieran como necesarios. M. W. J.

A (Tanya van Gool) Embajadora Delegación de la Unión Europea en Colombia g 281 necesarios. M. W. J. A. (Tanya Van Gool) Delegación de la Unión Europea en Colombia y Ecuador INTRODUCCIÓN GENERAL 2. Introducción general a. Antecedentes de la Comisión 1. Con la Resolución No. 0286 del 15 de febrero de 20111, el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, creó la “Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano” (de ahora en adelante la Comisión) con el propósito de apoyar la formulación de la política criminal del país y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional en torno a ella.

Su función esencial era entonces elaborar una propuesta de lineamentos de política criminal. Además, a Comisión debía realizar, en la medida en que el Gobierno o el Consejo de Política Criminal se lo solicitaran, otras tareas como i) evaluar y estudiar la normatividad existente en materia de p olitica criminal; ii) analizar las iniciativas académicas que se formulen sobre la materia; iii) elaborar documentos para el diseño de la Política Criminal colombiana; y iv) realizar consultas con las entidades estatales, universidades, asociaciones de abogados y abogadas, y las personas u organismos que la Comisión considerara pertinentes, sobre las reformas que sugieran deben intro La Comisión inicialmente or el Ministro

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