Estado social de derecho colombia

ESTADO SOCIAL DE DERECHO En este trabajo se entiende por Estado social una forma del Estado moderno, en el que perviven el principio de legalidad y los valores de seguridad, igualdad y libertad juridicas propios del Estado de derecho; y se supera el formalismo de tales principios mediante la defensa de un concepto sustantivo de justicia social. Las distintas manifestaciones de esta forma estatal difieren por el contenido que otorgan a la idea de justicia social.

Es precisamente esta nocion el eje sobre el cual giraran la mayoria de las criticas provenientes de las formulaciones anarquicas y libertarias, realizadas durante el siglo pasado. El Estado de bienestar como primera manifestacion del Estado social se define por la justicia social, entendida como el compromiso estatal de incrementar el bienestar material o felicidad, para la mayor cantidad posible de ciudadanos. El Estado de derecho moderno ha estado ligado desde sus origenes a la explicacion contractualista de la conformacion de la sociedad civil o politica.

A partir del siglo XIX, toma auge una critica a dicha concepcion de la sociedad, debido a su vinculo con las nociones de estado de naturaleza, ley natural y derechos naturales. Como resultado de dicha critica surge la concepcion utilitarista de

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la sociedad, en la cual se distingue el Estado o sociedad politica de la sociedad civil y el primero es puesto al servicio de la segunda. La sociedad es interpretada de modo mecanico como una sumatoria de individuos cuya racionalidad les lleva a ser conscientes de sus intereses articulares y a demandar del Estado la satisfaccion de los mismos, en la medida en que ello contribuya al bienestar del mayor numero de personas en la sociedad. Esa concepcion de la sociedad y de lo que constituye la justicia en su seno es objeto de fuertes criticas, relativas a la debilidad de sus fundamentos morales utilitaristas y a las consecuencias nocivas que ha traido a los Estados donde ha sido implantada. En el Estado social de derecho, el elemento central es el ciudadano poseedor de derechos sociales, economicos y culturales, que le permiten reclamar al Estado la satisfaccion de sus necesidades materiales basicas.

En esta manifestacion la justicia social no es el resultado del actuar benefactor del Estado o de la aplicacion correcta de un procedimiento, sino de garantizar los derechos sociales de los miembros de la comunidad politica. No podemos senalar que su creacion se deba a un teorico determinado, obedece mas bien al desarrollo historico de los derechos fundamentales de inspiracion burguesa, y a la consolidacion de un tipo de ciudadania social, consciente de sus derechos y del papel activo que la reduccion del ambito estatal le impone.

En nuestras sociedades democraticas contemporaneas es evidente el vinculo entre la forma democratica y la justicia social, pero se ha concretado una nocion distinta de esta ultima, como compromiso con los derechos sociales, economicos y culturales de los asociados. En esta tercera y ultima manifestacion del Estado social, el eje central es el ciudadano que reclama la garantia de su bienestar material, ntendido como un compendio de facultades subjetivas, reconocidas positivamente en La Constitucion y la ley. Una descripcion teorica de la realidad en mencion se encuentra en el filosofo espanol A. Perez Luno, para quien hay dependencia reciproca entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los asociados. Es a dicha dependencia que responde la explicacion historica del Estado social de Derecho, como una transformacion, o profundizacion del Estado liberal de Derecho.

Desde esta perspectiva, las caracteristicas del Estado social de derecho pueden resumirse en: la integracion de las ideas democratica y de Estado de Derecho, la superacion de la escision sociedad-Estado mediante la instauracion de un Estado que asume la transformacion del orden economico-social, la ampliacion de los derechos fundamentales, la orientacion de la actividad estatal para el logro de la participacion de individuos y grupos en el ejercicio del poder, – mediante la coordinacion de actividades de autogestion en el proceso economico, social y cultural, y la conservacion de los principios de legalidad y primacia del Derecho.

Al igual que en la formulacion rawlsiana, se expresa un vinculo entre la democracia y el Estado de derecho. Este ultimo pervive en la forma de Estado social, mediante la supremacia de la legalidad, y el respeto a los derechos libertades de los asociados; pero se amplian sus funciones al incorporar la transformacion del orden economico y social, el reconocimiento de derechos sociales prestacionales y la necesidad de una mayor participacion ciudadana en la toma de decisiones politicas.

Los 3 elementos parecen en principio definitorios de la idea de Estados social de derecho. Sin embargo, es necesario detenerse en cada uno a fin de determinar sus posibilidades de realizar el ideal del Estado de derecho. La transformacion del orden economico y social aunque deseable a simple vista, puede ser compatible con la violacion a la legalidad, o a los valores de libertad, seguridad e igualdad juridicas. De otro lado, puede darse sin el logro de la justicia social, entendida como maximizacion de las expectativas de los menos favorecidos en la sociedad.

El incremento de la participacion ciudadana en la toma de decisiones puede generar una sociedad injusta si los ciudadanos no tienen una percepcion clara de lo que constituye su interes, o sin incapaces de hacer compatibles sus intereses de grupo con los de otros grupos sociales. La participacion por si sola no garantiza el logro de la justicia social, porque la manipulacion politica, la desinformacion y en general la falta de cultura politica pueden canalizarla hacia fines contrarios a ella.

Es quiza tal tipo de problemas lo que ha llevado a las democracias modernas a consagrar en sus Constituciones Politicas los derechos sociales prestacionales, como facultades subjetivas de los ciudadanos, cuya garantia y proteccion permiten la realizacion efectiva de la justicia social, al tiempo que conservan los valores fundamentales del Estado de derecho clasico. Estos derechos desbordan el papel negativo que caracteriza a un Estado que solo reconoce los derechos individuales fundamentales.

Ya no se trata de derechos a la no injerencia del Estado en el ambito individual, sino de derechos que abarcan o implican la accion positiva del Estado para la satisfaccion de las necesidades materiales de los ciudadanos. El transito del Estado de derecho al Estado social de derecho, mediante la consagracion constitucional de los derechos sociales, economicos y culturales como derechos fundamentales, es la meta alrededor de la cual gira la instauracion de una democracia participativa.

La forma democratica, la legalidad, la participacion, se justifican en tanto contribuyen al logro de ese fin supremo, concretado historicamente. La experiencia de implantacion del Estado social de derecho en Colombia Como resultado del pacto politico realizado en Colombia a comienzos de la decada pasada, se logro dar concrecion constitucional a la formula de Estado social de derecho.

Esta consagracion positiva represento un avance con relacion al sistema anterior, que reconocia unas garantias sociales, como dadiva del Estado hacia el ciudadano, mas no como facultades subjetivas, exigibles mediante el recurso a los organos jurisdiccionales del poder publico. La garantia de las libertades fundamentales de los ciudadanos ha impuesto pautas concretas de accion al Estado, que no siempre encuentran igual desarrollo en todas los organos del cuerpo politico. Las politicas publicas encaminadas a la proteccion de tales derechos pueden en ocasiones variar de una rama del poder publico a otra.

En el caso colombiano han sido los tribunales constitucionales quienes han realizado las mayores contribuciones al logro de la tarea, en la medida en que sus decisiones tienen la facultad de realizar principios constitucionales, mediante la solucion de casos concretos. Podemos incluso afirmar que en la sociedad colombiana la estructura basica de la sociedad, para usar una categoria rawlsiana, se explicita mas a traves de las decisiones judiciales que a traves de las disposiciones legislativas o gubernamentales.

Aquellas responden a demandas ciudadanas expresadas como resultado de un nuevo tipo de ciudadania que frente a los fenomenos de corrupcion, ineficiencia del gobierno y del poder legislativo, se repliega en la via judicial para obtener la satisfaccion de sus necesidades materiales basicas, y que en ocasiones asume de modo directo la prestacion de servicios de corte social, bajo el control y vigilancia del Estado.

La satisfaccion de tales necesidades es asumida como una facultad subjetiva, que no puede condicionarse a las cuestiones de politica economica macro, o a los ajustes que los problemas de deficit fiscal imponen a los Estados perifericos.

Las disposiciones legislativas por el contrario expresan una ideologia neoliberal que impone su sello como resultado de los acuerdos de gobernabilidad que el organo legislativo realiza con los gobiernos de turno. Este organo, en los contextos latinoamericanos, tradicionalmente renuncia a la tarea de ejercer un control politico, a favor de un profundo activismo legalista, que logra su doble cometido: deja en las manos del gobierno la area de reglamentar hasta los aspectos mas minimos relativos al ejercicio de los derechos sociales, economicos y culturales y da soluciones formales a las demandas de justicia social que son formuladas por la ciudadania. El gobierno por su parte, no se limita a ejercer sus potestades reglamentarias, sino que promueve la ampliacion paulatina de estas, al tiempo que reproduce y fomenta las practicas clientelares en el seno de la corporacion legislativa.

Ese desplazamiento ciudadano desde el terreno politico al judicial ha producido lo que se conoce como activismo judicial, practica que encuentra oposicion en los defensores de la aplicacion exegetica de la ley positiva, y del regimen presidencialista que ha imperado hasta la actualidad, pero que debe ser considerado como creador de un nuevo tipo de ciudadania y en ese sentido de orden social. Este orden se opone sin embargo, a las disposiciones legislativas y reglamentarias del poder legislativo y del poder ejecutivo, lo que ha generado un constante choque de trenes entre las corporaciones publicas aludidas.

La falta de coherencia en las politicas publicas del Estado se ha evidenciado de modo mas radical en los asuntos laborales y de seguridad social, tema profundamente sensible en una sociedad con problemas de desempleo, conflicto armado, inestabilidad institucional y exclusion social, como la colombiana. Es un ambito en el que los conflictos son materia constante y se expresan en propuestas de reforma a las leyes pertinentes, que han generado protesta social a lo largo del territorio nacional.