El derecho de peticion en venezuela

EL DERECHO DE PETICION EN VENEZUELA En Venezuela, la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) preve el Derecho a Peticion, por lo que su conocimiento debe ser obligatorio por parte de funcionarios publicos al servicio del Estado asi como por particulares quienes han de ejercerlo cuando vean afectados sus propios derechos y requieran respuestas a tiempo y efectivas sobre sus pretensiones. En el presente trabajo se hara una revision documental del Derecho de Peticion, tomando bases del derecho comparado y aspectos jurisprudenciales de Venezuela.

Se considera, para los efectos de adentrarse en el estudio sobre el Derecho de Peticion, la referencia de su conceptualizacion en el marco del Derecho Comparado y se puede decir que es aquel que autoriza a los ciudadanos de un determinado pais para dirigirse a los poderes publicos solicitando reparacion de un agravio, o adopcion de medidas que satisfagan el interes del peticionario o los intereses generales, el mismo le permite a la persona dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre asuntos de su competencia y a obtener una respuesta oportuna y adecuada por parte de los entes publicos, es importante saber que al tener acceso a la informacion tenemos una herramienta fundamental para la defensa y

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el ejercicios de nuestros derechos, es importante hacer mencion que el Derecho de Peticion es un Derecho Publico Subjetivo. Por tal motivo se hace la comparacion y lo que se toma es el sustento legal del referido derecho en la Union Europea, Colombia y Venezuela: • UNION EUROPEA

De acuerdo a lo pautado en los Articulos 21 y 194 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se entiende por Derecho de Peticion el derecho de todo ciudadano de la Union Europea y de toda persona fisica o moral que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a presentar ante el Parlamento Europeo una peticion o reclamacion sobre un asunto propio de los ambitos de actuacion de la Comunidad que le afecte directamente. En tal sentido la comision parlamentaria de peticiones examina la admisibilidad de las peticiones y, si lo considera oportuno, puede someter una cuestion al Defensor del Pueblo. Si una peticion se considera admisible, la comision de peticiones puede pedir a la Comision Europea que le proporcione documentos o datos. Asimismo puede transmitir la peticion a otras comisiones parlamentarias para su informacion, con objeto de que emprendan alguna actuacion.

En determinados casos excepcionales, la comision de peticiones puede presentar un informe al Parlamento para su aprobacion en el pleno, o efectuar una mision de investigacion. • COLOMBIA El Derecho de Peticion en Colombia esta previsto en el contenido del Articulo 23 de la Constitucion Politica (1991) que reza: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interes general o particular y a obtener pronta resolucion. El legislador podra reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Sobre el particular se considera que el objetivo primordial del Derecho de Peticion es ograr una comunicacion fluida y eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares. Se busca con ello que las relaciones entre unos y otros no se limiten al esquema gobernante-gobernado, sino mas bien otorgar a los ciudadanos instrumentos que permitan hacer realidad uno de los cometidos fundamentales de un Estado Social de Derecho: que sus autoridades esten al servicio de las personas y implica el deber que tienen las autoridades de responder prontamente las solicitudes que hagan sus ciudadanos, ya sean quejas, manifestaciones, reclamos o consultas. Las autoridades deben resolver las peticiones, ya sean de interes general o particular, en un plazo de 15 dias habiles.

En Colombia tambien existe el derecho de peticion de informacion, que consiste en que toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas publicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan caracter reservado conforme a la Constitucion o la Ley, o no hagan relacion a la defensa o seguridad nacional. A tales fines, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la formulacion de la peticion, la autoridad debera responderla y una vez tomadas las medidas para hacer posible expedir los documentos, tendra tres 3 dias habiles para entregar la informacion. • VENEZUELA El Derecho de Peticion en Venezuela se encuentran establecidos en el contenido de los Articulo 28, 31, 51, 58, de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) y en los Articulos 7? y 8 de la Ley Organica de la Administracion Publica, considerado omo el derecho de peticion y de oportuna respuesta, donde se determina la obligatoriedad a la que estan sujetos los entes publicos de solventar aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer: “Articulo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la informacion y a los datos que sobre si misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, asi como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualizacion, la rectificacion o la destruccion de aquellos, si fuesen erroneos o afectasen ilegitimamente sus derechos. Igualmente, podra acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan informacion cuyo conocimiento sea de interes para comunidades o grupos de personas.

Queda a salvo el secreto de las fuentes de informacion periodistica y de otras profesiones que determine la ley”. “Articulo 31. Toda persona tiene derecho, en los terminos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la Republica, a dirigir peticiones o quejas ante los organos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptara, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitucion y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los organos internacionales previstos en este articulo”. “Articulo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier utoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. “Articulo 58. La comunicacion es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la informacion oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitucion, asi como a la replica y rectificacion cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los ninos, ninas y adolescentes tienen derecho a recibir informacion adecuada para su desarrollo integral”. “Articulo 143.

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administracion Publica, sobre el estado de las actuaciones en que esten directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los limites aceptables dentro de una sociedad democratica en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigacion criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificacion de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitira censura alguna a los funcionarios publicos o funcionarias publicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.

Asi como tambien en la via Legislativa se encuentran estipulados en la Ley Organica de la Administracion Publica en sus articulos 7 y 9 y en la Ley Organica para la Proteccion del Nino y del Adolescente en su Articulo 85. – “Articulo 7. Las personas en sus relaciones con la Administracion Publica tendran los siguientes derechos: 1. Conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que tengan interes, y obtener copias de documentos contenidos en los archivos que se lleven a tales efectos, siempre y cuando no esten calificados como reservados o confidenciales de conformidad con la normativa aplicable, a excepcion de los jueces y las partes interesadas. 2. Conocer la identidad de las funcionarias o funcionarios al servicio de la Administracion Publica bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 3.

Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportandola junto con los originales, asi como a la devolucion de estos, salvo cuando los originales deban cursar en un procedimiento. 4. Obtener copias certificadas de expedientes o documentos en los terminos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica y demas normativa aplicable. 5. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en los cuales tengan interes, en los terminos o lapsos previstos legalmente. 6. Presentar solo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. 7. Obtener informacion y orientacion acerca de los requisitos juridicos o tecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 8.

Acceder a los archivos y registros de la Administracion Publica en los terminos previstos en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y demas normativa aplicable. 9. Ser tratados con respeto y deferencia por las funcionarias y funcionarios, los cuales estan obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 10. Ejercer, a su eleccion y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la via Administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administracion Publica, de conformidad con la ley, salvo el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la Republica”. “Articulo 9?.

Las funcionarias y funcionarios de la Administracion Publica tienen la obligacion de recibir y atender, sin excepcion, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefonico, electronico o informatico; asi como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. En caso de que una funcionaria o funcionario publico se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, seran sancionados de conformidad con la ley”. “Articulo 85. Derecho de Peticion. Todos los ninos y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por si mismos, ante cualquier entidad o funcionario publico, sobre los asuntos de la competencia de estos y a obtener respuesta oportuna.

Se reconoce a todos los ninos y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, sin mas limites que los derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, representantes o responsables”. Este derecho ofrece como garantia un mecanismo de participacion del particular en los asuntos publicos del Estado, al permitirle a toda persona la posibilidad de dirigir y presentar cualquier genero de escritos, peticiones, solicitudes ante las autoridades y funcionarios(as) publicos(as) sin ningun tipo de restricciones, siempre que sean de su competencia. De manera que el derecho de peticion, comprende, por una parte, la garantia a favor de todo administrado de obtener una respuesta en tiempo oportuno.

Asi, el articulo 5 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, establece que a falta de disposicion expresa, el lapso para que los organos de la Administracion Publica den respuesta a toda peticion es de 20 dias. Por la otra parte, el derecho de peticion comprende, como correlato, la garantia del deber de dar una respuesta debida. Ello, acarrea para toda autoridad o funcionario publico una obligacion tangible de dar respuesta adecuada a todos los requerimientos elevados a su conocimiento como autoridad competente. TIPOS DE DERECHO DE PETICION PETICIONES ESCRITAS Y VERBALES. Toda persona podra hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a traves de cualquier medio. Las escritas deberan contener, por lo menos: 1. La designacion de la autoridad a la que se dirigen. 2.

Los nombres y apellidos del solicitante o apoderado. 3. El objeto de la peticion. 4. Las razones en que se apoya. 5. La relacion de documentos que se acompanan. 6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso. Si quien presenta una peticion verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedira en forma sucinta y las autoridades podran exigir en forma general sucinta que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podran elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y anadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.

A la peticion escrita se podra acompanar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotacion de la fecha de su presentacion y del numero y clase de los documentos anexos, tendra el mismo valor legal del original y se devolvera al interesado. Esta autenticacion no causara derecho alguno a cargo del peticionario. Los particulares pueden solicitar y tener acceso a la informacion y documentacion que repose en las diferentes entidades, siempre y cuando no se trate de informacion que por ley, no tengan el caracter de reservados, caso en los cuales no procede el derecho de peticion. Mediante un derecho de peticion se puedan hacer las siguientes peticiones: QUEJAS; cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestacion de un servicio publico.

Reclamos, cuando se da a las autoridades noticia de la suspension injustificada o de la prestacion deficiente de un servicio publico. Manifestaciones, cuando hacen llegar a las autoridades la opinion del peticionario sobre una materia sometida a actuacion administrativa. Peticiones de informacion, cuando se formulan a las autoridades para que estas: Den a conocer como han actuado en un caso concreto. Permitan el acceso a los documentos publicos que tienen en su poder. Expidan copia de documentos que reposan en una oficina publica. CONSULTAS; cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

En el caso que las autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias. Cualquier ciudadano que considere que por accion u omision de las autoridades o de los particulares que presten un servicio publico o actuen o deban actuar en desarrollo de funciones publicas, vulneren o amenacen el derecho constitucional de peticion, puede recurrir a la accion de tutela para reclamar ante los jueces la proteccion inmediata de su derecho constitucional. Conforme a lo expuesto en el presente articulo relacionado con el Derecho de Peticion, a las personas en el territorio venezolano les asiste el derecho constitucional de peticion, or lo que los funcionarios deben admitirlos y dar respuesta oportuna, quedando condicionados a sanciones cuando retarden o hagan obvia la respuesta al peticionario. Sobre el particular, siendo un derecho constitucional les asiste a las personas y el no ejercerlo causa danos en la administracion publica y de justicia por sus efectos negativos al promover el silencio. De igual manera, la admision de los escritos y su respuesta no determinan decisiones sino el cumplimiento de un derecho al cual se acoge el ciudadano que vea afectados sus derechos. EL DERECHO DE PETICION EN LA CONSTITUCION DE 1961 Efectivamente el Derecho de Peticion se encontraba establecido en el articulo 67 de la Constitucion del ano 1961, el cual textualmente decia: «Articulo 67.

Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario publico, sobre los asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna respuesta». Ahora bien, efectivamente se encontraba regulado este derecho para toda persona que dirigiera peticiones ante cualquier autoridad publica, sin embargo, limitaba al funcionario publico competente a responder sobre el asunto sometido a su conocimiento, sin tomar en cuenta el contenido y la calidad de esa respuesta. A continuacion se procede a realizar un analisis de algunas Jurisprudencias emanadas de diferentes Tribunales de la de Republica, relacionadas al Derecho de Peticion: JURISPRUDENCIA EN ANALISIS N? 1 TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO

DE FECHA: 04 DE ABRIL DEL ANO 2001 ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR APODERADO JUDICIAL SE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTACION DE SERVICIOS LOS PINOS CONTRA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DEL ESTADO MIRANDA. Previa seleccion de algunos parrafos de la sentencia en estudio se procede a realiza un analisis de los mismos: “La accionante, en su accion de amparo constitucional, alego la supuesta violacion al derecho constitucional a obtener oportuna y adecuada respuesta establecido en el articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, asi mismo alego una violacion al derecho a la defensa y al debido proceso.

En tal sentido, la accionante en su escrito consignado ante esta Sala en fecha 28 de julio de 2000, ratifico los alegatos presentados en su accion de amparo constitucional, en los siguientes terminos:” “… estamos en presencia de una violacion a un derecho constitucional por no producirse una oportuna y adecuada respuesta (articulo 51 CN), es decir, una omision por parte de un ente publico, en el caso que nos ocupa, la omision que se produjo en la sentencia recurrida en amparo, cuando dejo de pronunciarse sobre la falta de jurisdiccion alegada, tanto en primera como en segunda instancia. Pero por otra parte, la misma sentencia de amparo, hoy recurrida en apelacion, incurre en el mismo vicio, al silenciar la denuncia especifica del articulo 51, de la Constitucion Nacional, en conclusion, sorprendentemente tanto una como la tra incurren en una omision, es decir, falta de pronunciamiento expreso sobre el asunto que se le somete a la consideracion del Juez, en una, omision de pronunciamiento sobre la falta de jurisdiccion alegada, y en la otra, falta de pronunciamiento sobre la referida omision. Por lo expuesto, la decision de amparo recurrida debe ser revocada y evidenciado como esta de autos que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripcion Judicial del Estado Miranda, no hizo un expreso pronunciamiento en lo relativo a la falta de jurisdiccion alegada, la accion de amparo ejercida debe ser declarada con lugar, ya que la sentencia recurrida en amparo violo de manera flagrante el articulo 51 de la Constitucion Nacional, y asi pedimos lo establezca este alto Tribunal Constitucional.

De estos parrafos se puede deducir que efectivamente el accionante hace uso de su derecho de peticion, en virtud que tanto el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito de la Circunscripcion Judicial del Estado Miranda, como el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de la Circunscripcion Judicial del Estado Miranda, el primero de ellos conociendo del recurso de apelacion y la declaro sin lugar por falta de jurisdiccion, y el segundo incurre segun el accionante en omision, lo cual hace que se introduzca una ACCION DE AMPARO contra los Juzgados antes mencionados. Continuacion de algunos extractos de la sentencia en analisis: En primer termino, la accionante argumento la supuesta violacion al articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual establece: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta… ”. Tal como lo exige el articulo 51 de la Constitucion, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta “oportuna” y “adecuada”. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea “oportuna”, esto se refiere a una condicion de tiempo, es decir que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando asi que se haga inutil el fin de dicha respuesta. En cuanto a que la respuesta deba ser “adecuada”, esto se refiere a la correlacion o adecuacion de esa respuesta con la solicitud planteada.

Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que esta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relacion directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitucion a traves del articulo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera especificamente al planteamiento realizado por el solicitante. Al leer estos pequenos extractos se puede deducir que esta jurisprudencia sin duda alguna aclara en lo que es mi apreciacion los terminos claves contenidos en el Art. 51 de nuestra Constitucion Nacional vigente, el primero de llos cuando una respuesta es OPORTUNA, nos dice la Sala, que la palabra oportuna se refiere a una condicion de tiempo, o sea que la respuesta debe darse dentro de un tiempo prudencial el cual convenga al solicitante, en segundo lugar nos aclara cuando una respuesta es ADECUADA, y nos dice que la palabra adecuada se refiere a la correlacion o adecuacion que debe tener la respuesta con respecto a la solicitud planteada, y algo muy importante que toma en cuenta la Sala Constitucional en esta sentencia es que determina que nada tiene que ver lo adecuada de la respuesta con que la misma seo o no favorable al solicitante, e incluso si la misma lleva algun error material. JURISPRUDENCIA EN ANALISIS N? 2

TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO DE FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL ANO 2001 ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA CIUDADANA CRUZ ELVIRA MARIN CONTRA LOS CIUDADANOS LUIS MIQUILENA; MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, LAURENTINA DA SILVA GONCALVES; DIRECTORA GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIAS, Y LUIS ANTONIO HERCULES HUNG; REGISTRADOR SUBALTERNO DEL MUNICIPIO BRION DEL ESTADO MIRANDA. En principio se hace un breve resumen del motivo que origino esta decision. Se trata de la protocolizacion de un documento que la accionante solicita ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Brion del Estado Miranda.

Si bien el mismo se hizo, el Registrador cometio un error al insertar el precitado documento en el Protocolo Tercero, siendo lo correcto registrarlo en el Protocolo Primero, tal y como habia sido solicitado por el accionante. Ademas, segun el accionante, el referido Registrador omitio efectuar las correspondientes notas marginales. Por tal motivo la accionante se dirigio verbalmente al referido funcionario para solicitarle que efectuara la insercion correctamente (en el Protocolo Primero). Asimismo, expreso la accionante que el Registrador Subalterno, efectuo un nuevo calculo sobre los derechos de registro correspondientes, siendo mayor al ya acordado.

Por esta situacion la agraviada denuncio la ilegalidad de la situacion antedicha. Dirigio varias comunicaciones escritas a distintos funcionarios, entre los cuales se encuentran la ciudadana Laurentina Dea Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarias del Ministerio del Interior y Justicia; ciudadano Luis Alfonso Davila, entonces Ministro del indicado despacho; ciudadano Javier Elechiguerra, entonces Fiscal General de la Republica; ciudadana Dilia Parra Guillen, ex Defensora del Pueblo y al ciudadano Luis Miquilena, actual Ministro del Interior y Justicia, siendo que a este ultimo le fue dirigida la referida solicitud el 22 de febrero de 2001.

No recibiendo respuesta alguna a su peticion que es la correcta insercion del documento en el Protocolo Primero, razon por la cual denunciaron infringido su derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta. Ahora se hace una seleccion de algunos parrafos de la sentencia para realizar un analisis de los mismos. Visto tal alegato, corresponde analizar el contenido del derecho cuya violacion ha sido supuestamente delatada, el cual se encuentra recogido en el articulo 51 del Texto Fundamental, en los siguientes terminos: «Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.

Quienes violen este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo». (Subrayado de esta Sala). La disposicion transcrita, por una parte, consagra el derecho de peticion, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los organos de la Administracion Publica a los fines de ventilar los asuntos de su interes en sede gubernativa. Asimismo, el articulo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un termino prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de peticion debe guardar relacion entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario publico ante el cual es presentada tal peticion.

De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligacion de la Administracion de acordar el pedimento del administrado, sino solo en aquellos casos en que el marco juridico positivo permita al organo de la Administracion tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas. Desde la optica anotada, la peticion es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad publica; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ambito objetivo de potestades y facultades del organo que esta llamado a responderla, en este caso, denegandola.

En principio se puede decir que la Sala Constitucional, aclara que el objeto del derecho de peticion es permitir a los particulares acceder a los organos de la Administracion Publica con la finalidad de realizar peticiones de su interes. Igualmente, aclara la sala que el articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, contempla el derecho que tienen los particulares de obtener la respuesta pertinente en un termino prudencial. Seguidamente, la Sala Constitucional continua haciendo una interpretacion del articulo en mencion, y dice algo muy importante que tiene que ver con la relacion que tenga la solicitud planteada y la competencia que le hayan sido conferidas al funcionario publico ante el cual es presentada la peticion.

Desde este punto de vista si bien el derecho de peticion es un derecho fundamental, es imprescindible que el mismo sea dirigido a la autoridad competente, de lo contrario no se estaria en la obligacion por parte de la Administracion Publica de dar respuesta a dichas solicitudes. JURISPRUDENCIA EN ANALISIS N? 3 TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: LUISA ESTELLA MORALES LAMUNO DE FECHA: 08 DE ABRIL DEL ANO 2005 ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DEL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACION ACCION EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONTUR). A continuacion se procede a realizar un breve resumen del hecho que dio origen a esta sentencia.

Es este caso el accionante (Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos – PROVEA) hace una solicitud de informacion al ciudadano Edgar Camejo, Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONTUR) tales como: 1) ? Cual es el presupuesto asignado por Fondur en el presupuesto 2004 para invertir en el Proyecto habitacional Ciudad Miranda? ; 2) ? Cuantas viviendas se han entregado a las familias adjudicatarias durante el 2004 y cuantas se tiene previsto entregar en el 2004 y 2005? ; 3) ? Cuales son las razones por las cuales se ha paralizado el proyecto habitacional Ciudad Miranda? ; 4) ? Cuales van a ser los criterios para la entrega de las viviendas a las familias adjudicatarias? ; 5) ?

Cuantos centros educativos y centros de atencion de salud tiene proyectado construir con relacion al complejo habitacional Ciudad Miranda?. Manifiesta la parte accionante, que ha pasado un tiempo prudencial el cual excede los 20 dias de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, y que hasta la presente no ha recibido ninguna respuesta con relacion a la informacion solicitada. En consecuencia la falta de respuesta por parte del presidente de FONTUR vulnera el derecho constitucional de peticion. Extracto de la decision de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con relacion a la Accion de Amparo Constitucional El juez a quo fundamento la decision apelada, en los siguientes terminos:

Que “(…) se desprende de la solicitud efectuada por la parte accionante y que consta en el presente expediente judicial de los folios siete (7) al nueve (9), que estamos en presencia de una peticion de pronunciamiento de caracter generico, que no requeria por parte de la Administracion de una sustanciacion previa, conforme a un procedimiento establecido en la ley, ya que el deber del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) consistia simplemente en emitir respuesta frente a determinadas interrogantes planteadas por la parte actora (PROVEA) y referidas a un hecho del que solo la Administracion, en este caso la parte accionada tenia o ha podido tener conocimiento”.

Que “(…) contrariamente a lo expuesto por la parte accionada, se observa que ante la falta de existencia de acto administrativo alguno mal podia la parte accionante hacer uso del ejercicio oportuno de los recursos administrativo –reconsideracion y jerarquico- establecidos en la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, frente a un acto que era inexistente; en virtud que dentro del procedimiento constitutivo o de primer grado no existio manifestacion de voluntad (…) por parte de la Administracion que hubiera podido ser objeto de impugnacion alguna (…)”. Que “Del estudio efectuado al presente expediente, precisa esta Corte que en efecto consta de los folios siete (7) al nueve (9), escrito de peticion suscrito por la Organizacion Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos (PROVEA), en la persona de su Coordinador Area de Defensa, dirigido en fecha 27 de julio de 2004, al Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, ciudadano Edgar Camejo (…)”.

Que “Es de hacer notar que la representacion de la parte accionada durante el acto de la audiencia oral y publica consigno escrito contentivo –a su decir- de la respuesta a las interrogantes formuladas por la parte accionante en su escrito de peticion, las cuales constan por escrito del folio ciento cincuenta (150) al folio ciento cincuenta y tres (153) del presente expediente, no obstante del analisis exhaustivo de las mismas, puede concluir esta Corte que consistieron en respuestas genericas e imprecisas, esto es, que no se adecuaron a las peticiones hechas por el Coordinador del Area de Defensa del Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos (PROVEA) en fecha 27 de julio de 2004, y por mas decir que no cumple la pretendida respuesta con el extremo de oportunidad a que hacen referencia los articulos 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y 2 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, al haber transcurrido mas de cuatro (4) meses a contar desde la fecha de recepcion de la referida solicitud (28 de julio de 2004) y la celebracion de la audiencia constitucional de amparo, lapso este que como uede apreciar esta Corte, supero con creces el establecido en la Ley Organica de Procedimientos Administrativos”. Que “(…) en razon de lo anteriormente expuesto (…), declara con lugar la accion de amparo constitucional interpuesta (…). En consecuencia (…) ordena al ciudadano Edgar Camejo, en su condicion de Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), dar respuesta adecuada a la parte accionante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la publicacion del presente fallo, mediante consignacion ante esta Corte, so pena de incurrir en desacato a la autoridad”. De los parrafos anteriores se puede deducir que, si bien, el Presidente de FONTUR dio respuesta a la solicitud hecha por la parte accionante.

La Corte considera despues de un analisis exhaustivo de la misma, que la respuesta es generica e imprecisa, esto significa que no se adecua a la peticion hecha por la accionante, en consecuencia no cumple con el extremo de respuesta oportuna (respuesta dentro de un tiempo prudencial), ya que la mismo fue dada al haber transcurrido mas de 4 meses desde la recepcion de la solicitud. En consecuencia la Corte ordena a la parte accionada a dar respuesta adecuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la publicacion de la sentencia. Extracto de la sentencia de la Sala Constitucional, con relacion al recurso de apelacion interpuesto por el Presidente de FONTUR a la decision tomada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Precisado lo anterior, debe destacar esta Sala el contenido del articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual dispone lo que de seguidas se expresa: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. De la mencionada disposicion se puede claramente desprender dos (2) derechos: i) derecho de representar o dirigir peticiones ante las autoridades publicas y; ii) derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta, el segundo consecuencia tanto factica como juridica del primero, en virtud de que ante la peticion formulada por cualquier persona, tal como lo dispone el prenombrado articulo, debe el funcionario o autoridad competente emitir una respuesta.

En razon de lo anterior, se desprende que la violacion al derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, se configura cuando se niega al individuo la posibilidad material de hacer llegar sus peticiones a la autoridad, bien porque se resista a admitir las peticiones, bien porque las rechace in limine, sin examen alguno, o bien porque las deje indefinidamente sin respuesta. Por otra parte, se entiende conculcado el derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, cuando la Administracion, si bien da la respuesta, la misma no ha sido dada en el tiempo previsto para ello, convirtiendose para el momento en que se dicta en inoportuna, o bien cuando la respuesta dada es impertinente e inadecuada, esto es, que no se ajusta a los parametros a los cuales debio sujetarse.

Ahora bien, de lo expuesto no debe afirmarse que la respuesta debe ser favorable para el administrado para asi no resultar conculcado el derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta ante el requerimiento formulado por el individuo, sino que la respuesta dada por la Administracion debe ser, en primer lugar, oportuna en el tiempo, es decir, que la misma no resulte inoficiosa debido al largo transcurso desde la peticion formulada hasta la respuesta obtenida y, en segundo lugar, la misma debe ser adecuadamente motivada de acuerdo a las diversas pretensiones solicitadas por el administrado, esto es, debe contener una congruente decision de acuerdo a las circunstancias facticas y juridicas planteadas en el caso concreto.

Ahora se hace un analisis de los parrafos anteriores tomados de la sentencia emanada de la Sala Constitucional, de los cuales se puede entender lo siguiente: en principio la Sala clasifica el articulo 51 constitucional en que del mismo se desprende dos derechos, el primero de ellos es el derecho de dirigir peticiones ante las autoridades publicas, y el segundo el derecho que se tiene de obtener oportuna y adecuada respuesta. En consecuencia dice la Sala que se estaria violando el derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, cuando se niegue al individuo la posibilidad de hacer llegar sus peticiones, bien sea porque la autoridad publica se niegue a recibir o rechace la peticion, o bien porque la deje indefinidamente sin respuesta. Tambien aclara la Sala, que se ve violentado el derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, cuando la Administracion da respuesta pero esta es extemporanea. Breve resumen de los fundamentos de la Sala para decidir:

En el caso bajo examen, el hecho denunciado como lesivo lo constituye una presunta falta de respuesta a la solicitud formulada por la Coordinacion del Area de Defensa del Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos (PROVEA), por lo que, desde el mismo momento en que se dicto la respuesta correspondiente, ceso la lesion denunciada por la parte actora. En este sentido, se observa que al ser el derecho presuntamente violado el derecho de peticion y de obtener oportuna y adecuada respuesta, esta Sala, en sentencia del 4 de abril de 2001 (Caso: Sociedad Mercantil Estacion de Servicios Los Pinos, S. R. L. ), senalo en cuanto al goce y garantia del mismo, lo siguiente: (…) Tal como lo exige el articulo 51 de la Constitucion, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta ‘oportuna’ y ‘adecuada’. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea ‘oportuna’, esto se refiere a una condicion de tiempo, es decir que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando asi que se haga inutil el fin de dicha respuesta. En cuanto a que la respuesta deba ser ‘adecuada’, esto se refiere a la correlacion o adecuacion de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que esta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relacion directa con la solicitud planteada.

En este sentido, lo que intenta proteger la Constitucion a traves del articulo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera especificamente al planteamiento realizado por el solicitante (…)”. Siendo asi, estima esta Sala que la presunta violacion constitucional alegada, consistente en la falta de oportuna y adecuada respuesta a la peticion formulada, ceso al haber obtenido la accionante una respuesta –adecuada a criterio de esta Sala- a su peticion y sin ser inutil en el momento de su emision, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela. Por consiguiente, se debe declarar con lugar la apelacion interpuesta por la parte accionada y revocarse el fallo del a quo.

De los fundamentos alegados por la Sala se puede interpretar, que si bien la respuesta no estuvo dentro del plazo establecido por la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, la misma fue adecuada a la peticion, y algo muy importante que descifra la Sala es que la respuesta para el momento de la emision era util para la organizacion no gubernamental PROVEA, en consecuencia no se esta violando el derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, puesto que se esta dando respuesta dentro de un tiempo prudencial. JURISPRUDENCIA EN ANALISIS N? 4 TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO SENTENCIA N? DE FECHA: 22 DE JUNIO DEL ANO 2005 ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DEL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACION ACCION EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) CONTRA EL MINISTRO DE LA DEFENSA GENERAL DE BRIGADA (EJ) JOSE LUIS PRIETO. A continuacion se procede a realizar un breve resumen del hecho que dio origen a esta sentencia.

Es este caso el accionante (Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos – PROVEA) le solicito al ciudadano General de Brigada Jose Luis Prieto, Ministro de la Defensa una copia del Plan Avila. Y que no ha obtenido del funcionario publico ninguna respuesta, en consecuencia manifiesta que no se ha hecho efectivo el derecho constitucional de peticion. Extracto de la decision de la Sala Constitucional con relacion a la Accion de Amparo Constitucional. A juicio de los apoderados actores, la conducta -presuntamente lesiva- del Ministro de la Defensa, radica en la omision por parte de este de dar oportuna y adecuada respuesta a la peticion formulada por el ciudadano Carlos Jose Correa Barros, en su caracter de Coordinador General del Programa Venezolano de Educacion Accion en Derechos Humanos (Provea), de “una copia del Plan Avila”.

Ahora bien, consta en las actas del presente proceso que, el 15 de marzo de 2004, mediante comunicacion numero MD-DS-1108, el referido Despacho oficial informo al prenombrado Coordinador General del Programa Venezolano de Educacion Accion en Derechos Humanos (Provea), que “el ‘Plan Avila’ atane a la conduccion de operaciones militares a fin de reestablecer el orden publico a nivel del area metropolitana de Caracas y colaborar con el Gobierno Nacional, en garantizar a la ciudadania y a las instituciones (…); sin embargo, se infiere que el espiritu, proposito y razon de su solicitud, obedece presumiblemente a la necesidad de contar con la informacion contemplada en el mencionado Plan para ser objeto de un analisis en su proximo informe anual (…) a tal efecto, este Despacho ha considerado pertinente se sirva emitir un aclaratoria con respecto a su solicitud (…).

Igualmente es oportuno senalarle que en razon de ser este un Plan que contempla la materia de seguridad y defensa de la Nacion, existe una reserva en torno a la clasificacion y divulgacion de los aspectos operacionales que contempla el mismo, todo ello con fundamento legal en la normativa juridica prevista en el articulo 325 de la Constitucion (…); sin embargo, este Despacho esta dispuesto a colaborar con ese programa, como ustedes a bien lo estimen (…) sin que ello comprometa la seguridad de la Nacion y su defensa integral (sic)”. De este parrafo se puede entender que efectivamente el Ministro de la Defensa dio respuesta a la solicitud hecha por el representante de PROVEA. Continuacion extractos de la sentencia: No obstante ello, uno de los apoderados actores estimo que “lo que inicialmente se constituyo en una respuesta que aparentaba ser adecuada, resulto ser una respuesta sin efectividad real para satisfacer el derecho de peticion. Si la espuesta emanada del Ministro de la Defensa era que se prestaria colaboracion para acceder al Plan Avila y esa colaboracion no se produce, tal respuesta no deja de ser una formalidad que le resta seriedad y efectividad y por lo tanto conduce a la violacion del derecho de peticion”. En razon de lo cual, la Sala estima preciso reiterar que el derecho de peticion  y de oportuna respuesta, establecido en el articulo 51 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, determina la obligatoriedad a la que estan sujetos los entes publicos de resolver aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer: “Articulo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario publico o funcionaria publica sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.

Quienes violen este derecho seran sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. Su contenido y alcance fue senalado por la Sala en sentencia numero 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marin), cuando establecio: “La disposicion transcrita, por una parte, consagra el derecho de peticion, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los organos de la Administracion Publica a los fines de ventilar los asuntos de su interes en sede gubernativa. Asimismo, el articulo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un termino prudencial.

Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de peticion debe guardar relacion entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario publico ante el cual es presentada tal peticion. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligacion de la Administracion de acordar el pedimento del administrado, sino solo en aquellos casos en que el marco juridico positivo permita al organo de la Administracion tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas

Desde la optica anotada, la peticion es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad publica; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ambito objetivo de potestades y facultades del organo que esta llamado a responderla, en este caso, denegandola”. Asi pues, el derecho de peticion  y oportuna respuesta supone que, ante la demanda de un particular, la Administracion se encuentra obligada a resolver el caso concreto o indicar las razones por las cuales se abstiene de tal actuacion. De alli, que el unico objetivo racional de la accion de amparo constitucional contra la violacion del derecho de peticion y a obtener oportuna respuesta, es el de obligar al presunto agraviante a dar curso a la solicitud planteada y a emitir un pronunciamiento, sin que ello implique necesariamente una respuesta favorable.

A juicio de la Sala, el supuesto de hecho planteado en el presente asunto, no se corresponde con el criterio apuntado, pues no puede, en ningun caso, la accionante, utilizar la accion de amparo con fundamento en la violacion del derecho de peticion  y a obtener oportuna respuesta, para lograr otros objetivos, como los que pretende, cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ambito objetivo de potestades y facultades del organo accionado. Se puede entender de lo dicho en los parrafos anteriores, que la Sala hace referencia a una sentencia numero 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marin), donde aclara que el derecho de peticion no es violado si no se complace al peticionario en sus pretensiones, que basta con dar respuesta oportuna y adecuada, pero no puede pretender el solicitante que la respuesta le sea favorable.

En el caso que nos ocupa, efectivamente el Ministro de la Defensa dio respuesta a la solicitud formulada. INTRODUCCION El lograr hacer una pequena resena de lo que ha sido la evolucion del derecho de peticion en Venezuela, al igual que hacer una comparacion con respecto a este derecho en otras Constituciones de Paises hermanos, aunque profundizando mas esta evolucion en lo que nos ha dicho la Jurisprudencia luego de haber entrado en vigencia la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela. Sin duda, que el paso que se dio en el articulo 51 constitucional actual, con referencia a lo contemplado en la Constitucion de 1961, fue agigantado, que si bien es cierto que la anterior Constitucion en su articulo 7 hacia referencia a este derecho, el cual era muy limitado. Se evoluciona en Venezuela con la importancia que se le da en la nueva Constitucion y mas aun con la interpretacion que los diferentes Tribunales de la Republica le han dado a este articulo 51 constitucional. Por supuesto empezando por las Jurisprudencias que han sido emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son de un alto contenido de ensenanza para quienes habitamos en este Pais. Y garantizando de esta manera el derecho que tienes los particulares de realizar solicitudes ante cualquier organismo de la Administracion Publica, y recibir de manera oportuna y adecuada una respuesta. CONCLUSION

Con la investigacion realizada la cual nos deja una gran ensenanza, hoy en dia se puede decir que en nuestro Pais, y para bienestar de sus habitantes, se cuenta con un derecho de peticion, oportuna y adecuada respuesta, contemplado en la Constitucion de 1999 y bien desarrollado e interpretado por los Tribunales de la Republica, lo cual va a garantizar el acceso a peticiones ante la Administracion Publica, y a recibir una oportuna y adecuada respuesta de la misma. BIBLIOGRAFIA Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela Constitucion de la Republica de Venezuela – 1961 Ley Organica de Procedimientos Administrativos Ley Organica de la Administracion Publica Ley Organica para la Proteccion del Nino y del Adolescente www. tsj. gov. ve www. enti. gob. ve www. abn. ve/go www. satecnica. org www. aporrea. org www. ave. org