DETENCIÓN

DETENCIÓN gy Trial-Haus cbenpanR 17, 2016 4 pagos DETENCIÓN. LA FLAGRANCIA LA FLAGRANCIA Y LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA: 44. 1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Difamación-lnjuria-Daños a la propiedad privada-Contra las buenas costumbres-apropiación indebida-todos aquellos contra la moral como acto carnal, seducción, actos lascivos. Vacío legal dentro del procedimiento penal venezolano.

Siendo la libertad personal un derecho fundamental con rango constitucional, la detención de una persona, como excepción o restricción de aquel derecho, se consiente únicamente cuando se aterializa cualquiera de estos dos supuestos: flagrancia y orden judicial. Entonces, la aprehension orfla rancia se autoriza, siempre y cuando: ora to View nut*ge Swipe to page 1. Exista un hecho qu e e 2. Que el hecho esté 3.

Que el delito mere nd acaba de cometerse. delito. ertad. El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal no se refiere en lo absoluto a la naturaleza de la acción penal del hecho punible, admitiendo, en consecuencia, tanto la aprehensión por flagrancia que provenga de un delito de acción penal pública como de acción penal privada; o al menos, no se opone xpresamente a ésta última.

Como corolario, se tendrá como delito flagrante, por ejemplo, el homicidio, robo, secuestro, amenazas, daños, violación de

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domicilio, y cualquier otro que, previsto en la ley, me merezca pena privativa de libertad, se esté cometiendo o acabe de cometerse. Recordemos que la acción privada es aquella sólo puede ser ejercida directamente por el ofendldo, sin intervención del Estado el cual está impedido por ley de conocer.

Será la víctima la que se encargue de ejercer la accion, ya no el Ministerio Público, realizando los trámites legales necesarios como si de un fiscal se ratara (ver art 391 COPP). Inconsistencia legal: El Código Orgánico Procesal Penal, al aceptar la aprehensión por flagrancia en los casos de delitos de acción privada – si se quiere, por omisión — su normativa no regula este supuesto; por el contrario, su contenido denota de forma inequivoca que se encuentra orientado a normativizar tan solo la acción pública, olvidando referirse al otro tipo de acción. Véase Art. 373 COPP) En la práctica sucede que cuando el delito flagrante corresponde a uno de acción privada, el Ministerio Público, al no tener el oder jurídico, solicita al juez la libertad del imputado junto con la desestimación del caso, al imponerse ante él un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Creemos que esta solicitud es completamente ajustada a derecho, ya que al no poseer la acción legal mal puede hacer uso de ella. No obstante, persiste un inconveniente.

La victima, quien ha sufrido el daño ocasionado por el hecho antijurídico, en estos casos, ve negada su oportunidad de ejercer la acción penal privada ya que el código dispone que para los casos de delitos de acción «dependient cción penal privada ya que el código dispone que para los casos de delitos de acción «dependientes de acusación o instancia de parte agraviada» debe seguirse un procedimiento especial que no admite — o al menos, no prevé — la flagrancia.

El artículo 373 ejusdem, que establece el procedimiento aplicable con respecto a la aprehensión por flagrancia, pareciera otorgar una oportunidad a la víctima de presentar su acusación, cuando dispone que «el Fiscal y la victima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral», circunstancia que e corresponde con la formalidad prevista en el procedimiento especial en los casos de delitos de acción privada: «la acusación privada deberá formularse por escrito directamente ante el tribunal de juicio» (Art. 92); mas sin embargo, el articulo 373 señala que «se seguirá, en los demás, las reglas del procedimiento ordinario», lo cual, desde una perspectiva exegética, comporta una incompatibilidad procedimental. La única forma de evitar una lesión a los derechos de la víctima y obtener los beneficios procesales de la flagrancia, es introducir una disposición semejante a las contenidas en el Código Procesal

Penal de la República Dominicana y en el Código Procesal Penal Argentino (de la Nación): el primero, dispone que «si se trata de una infracción que requiere la instancia privada, es informado inmediatamente quien pueda presentarla y, si éste no presenta la denuncia en el término de veinticuatro horas, el arrestado es puesto en libertad» (Art 3Lvf4 presenta la denuncia en el término de veinticuatro horas, el arrestado es puesto en libertad» (Art. 24 CPP Rep. Dom. ); mientras que la solución argentina señala que «tratándose de un delito cuya accón dependa de instancia privada, inmediatamente erá informado quien pueda promoverla, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el detenido será puesto en libertad» (Art. 284 cpp Arg. ).

Mientras tanto, seguiremos observando fallos donde se ponga en libertad al aprehendido por flagrancia en ejecución de un delito de acción privada sin otorgar previamente una oportunidad a la víctima de ejercer su acción de forma directa, quien, aunque no pierde el derecho de su acción, debe ejercerla siguiendo el procedimiento especial, desperdlclándose de este modo la inmediatez de la flagrancia.

Cabe advertir, de todas formas, que el procedimiento de prehensión en los casos de delitos de acción privada no es nulo, ni aun legal – pero sr ineficaz ya que la víctima podrá promover como testigos a los ciudadanos o funcionarios que detuvieron al imputado, y por sobretodo, solicitar y tener acceso al acta suscrita por estos últimos donde se deje constancia de las circunstancias en que ocurrió la aprehensión. por supuesto, tendrá que reglrse por el procedimiento especial (Art. 391 y siguientes del COPP). DELITO, INFRAGANTI, LIBERTAD, CAUSAS, APREHENSION, DERECHO PROCESAL PENAL Abog. carlos hidalgo Guevara