Derechos de los migrantes indocumentados

Derechos de los migrantes indocumentados La proteccion y defensa de los derechos de los migrantes tiene como marco referencial la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces la legislacion internacional ha estado prevista de convenciones, protocolos, declaraciones, pactos, convenios y tratados de gran significancia para los derechos humanos de los inmigrantes regulares e indocumentados.

Cinco instrumentos basicos consagran la proteccion a los migrantes, inspirados a partir de los convenios de la Organizacion Internacional del Trabajo: Derechos Humanos, Derechos de los Trabajadores Migrantes, Derecho Humanitario Internacional, Derecho de Extranjeros y Derechos Humanos Fundamentales de los Trabajadores Migrantes.

Otros instrumentos de importancia son los elaborados y signados en ambitos regionales por los gobiernos de los paises de America Latina, Africa y Europa. Es en este campo donde la Convencion sobre los estatutos de los refugiados, Convencion contra la Tortura, Convenio Europeo de Derechos Humanos debe ser entendida como aplicacion universal y naturaleza obligatoria para todos los Estados.

Asimismo, debe prestarse atencion especial y prioritaria a los migrantes en situacion irregular en especial mujeres y ninos, debido a la vulnerabilidad de los migrantes frente a los abusos contra los derechos humanos, poniendo

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en marcha politicas y planes de accion destinadas a prevenir los abusos, y que de igual manera atienda, como plantea Amnistia Internacional, la situacion de “invisibilidad administrativa” de las personas migrantes en situacion irregular.

La mayor consideracion en el ambito internacional para lograr la proteccion de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que contiene normas fundamentales de aplicacion universal, la podemos observar en la Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, (adoptada por la Organizacion de Naciones Unidas en 1990), ratificada por 22 Estados para funcionar a partir del 1 de julio de 2003.

La entrada en vigor de la Convencion presupone que sus preceptos son ley para los Estados que la signaron. Mexico fue el primer pais americano, y el primer receptor y expulsor de migrantes que la ratifico, aportando con su ejemplo al fortalecimiento de los derechos humanos en el contexto internacional y nacional, mediante la reivindicacion de la dignidad de los migrantes en sus diferentes modalidades de llegada, transito, permanencia y salida.

En el contenido de la Convencion es importantes destacar lo relacionado con la vigencia de los derechos politicos de los migrantes aun cuando habiten en otro pais, particularmente el derecho a votar y ser votado en elecciones de su pais de origen. Se trata de reivindicar derechos politicos minimos, declarados en el pais de origen, y con la potencialidad de ejercerlos desde otro pais, sin importar su condicion migratoria. En otras palabras, dejar de ser objetos de politicas binacionales, multilaterales y nacionales sin derecho a participar, siendo aceptados y reconocidos como actores sociales con derechos politicos.

De manera frecuente apreciamos una discrepancia entre lo que regula la Declaracion Universal de los Derechos Humanos y lo que establece el derecho internacional en torno a la soberania de cada Estado y la posibilidad de autorregular su soberania. Esto se traduce en la serie de violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas que intentan ingresar a un pais en forma irregular. En realidad, pareciera que estos ciudadanos pierden su condicion de personas y se convierten en objetos de caza de los paises de atraccion de inmigrantes.

En algunos se presentan abusos de autoridad, maltratos, torturas, desapariciones y muertes que quedan impunes dentro de un limbo que la legislacion internacional no ha atendido de manera puntual. Sin embargo, lo que aparece como una contradiccion antagonica en el fenomeno de la inmigracion no lo es en el fondo, toda vez que la soberania de los Estados democraticos para autorregularse y ser independientes lleva implicita en sus constituciones la consagracion de los derechos humanos, garantizando su soberania y el respeto a la integridad fisica y moral de cualquier iudadano del mundo. Este orden impuesto en el marco de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, le impone a los Estados la necesidad de priorizar el respeto a los Derechos Humanos sobre otros, puesto que “no hay soberania que valga para justificar la violacion sistematica de los derechos humanos” (Bustamante, 2002: 166). Ello esta plasmado en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos cuando establece: “Articulo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Articulo 5: Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Pensar en los derechos humanos aplicados a los migrantes internacionales conduce a reflexionar sobre la relacion compleja entre el Estado expulsor, el receptor, la nacionalidad, la ciudadania y los derechos de las personas que han arribado a otro pais con o sin documentos para permanecer en el.

En un sentido amplio de la relacion derechos humanos e inmigracion aflora la contradiccion entre lo manifestado en los tratados internacionales sobre la libertad de movilidad de las personas y las leyes y practicas de los Estados de no aceptar inmigrantes. Los Estados en ejercicio de su soberania regulan el ingreso y salida de personas de su territorio, y la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en su Art. 13 dice que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.