DERECHO ADMINISTRATIVO

El Código Judicial en su artículo 97, confiere a la Sala Tercera los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o que incurran en ejercicios de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autónomas o semiautónomas.

En atención a lo indicado en esta disposición, la Sala conocerá en materia administrativa los siguientes procesos: . Acciones de nulidad: dirigidas para impugnar actos de carácter general, es decir, que no están dirigidas exclusivamente a una persona. b. Acciones de Plen OF4 ara impugnar actos que solo tienen un ef to ci ara el particular p afectado por la decisi c. Interpretación prej debe decidir un proc idad judicial que istrativa que debe ejecutar un acto administrativo, para que dicho acto sea interpretado en su sentido de alcance. 2. d.

Apreciación de validez: la utiliza la autoridad jurisdiccional que consulta la validez legal de un acto administrativo que deberá plicar para decidir un proceso. 3. e. Protección de los derechos huma humanos: un particular o el ciudadano que considere que una autoridad nacional ha violado un derecho humano justiciable reconocido

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en una ley. f. De las demandas de indemnización: de las que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños y perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule. por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños y perjuicios que originen as infracciones en que incurran en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. – De las que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos. g. Recursos de Casación Laboral: contra sentencias o autos que impiden la continuación del proceso, que provienen de los Tribunales Superiores de Trabajo.

Por otro lado, el Código Judicial en el artículo 1780, también tribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de la jurisdicción coactiva que incluye: – Apelaciones – Incidentes – Tercerías Coadyuvantes y Tercerías Excluyentes – Excepciones – Recursos de Hecho Como ya fue enunciado en nuestro ordenamiento positivo existen leyes especiales que le at Hecho Como ya fue enunciado en nuestro ordenamiento positivo existen leyes especiales que le atribuyen a la Sala Tercera competencia para conocer de lo siguiente: a.

Con la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República se le atribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer de la viabilidad jurídica de pago o de refrendo negados por el Contralor General de la República. b. Con el Decreto de Gabinete No. 36 de 1990, se le atribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer de las decisiones de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. . Con la Ley 41 de 1996, se le atribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la competencia para revisar las decisiones de la Administración Aduanera. d. Con la Ley 19 de 1997 de la Autoridad del Canal de Panamá e le atribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer: – De las Apelaciones contra decisiones de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal. De las Apelaciones contra laudos arbitrales de la Autoridad del Canal. e. Con el Decreto Ley 9 de 1998 (Superintendencia de Bancos), modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 se le otorga competencia a la Sala Tercera para conocer: – De las impugnaciones contra las decisiones de liquidadores bancarios 3 Tercera para conocer: De las impugnaciones contra las decisiones de liquidadores ancarios – Incidentes f.

Con la Ley 38 de 2000 se le atribuye a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer : – Advertencia de ilegalidad: Cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta que la norma o normas reglamentarias o el acto administrativo que se debería aplicar para resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, someterá la consulta respectiva a la Sala Tercera. Es importante destacar que existen ciertos actos expedidos por servidores públicos que no son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativo, asi lo revé el artículo 28 de la Ley 135 de 1943 que dice: «28.

No son acusables ante la jurisdicción Contencioso – administrativa: 1 . Las resoluciones de los funcionarios o autoridades del orden administrativo que tengan origen en un contrato civil celebrado por la Nación o el Municipio. 2. Las resoluciones que se dicten en los juicios de policía de naturaleza penal o civil. 3. Las correcciones disciplinarias impuestas al personal de la fuerza pública y del cuerpo de policía a ella asimilado, excepto cuando impliquen suspensión, postergación para el ascenso o separación del cargo de empleados que sean inamovibles, s