Administrativo Tarea 1 Miriam

Administrativo Tarea 1 Miriam gyaImamia20CO I $eopa,1R 10, 2016 18 pagcs Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes La sentencia tiene que decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso. La congruencia de la sentencia hace referencia a la necesaria correlación entre las pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia. Ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensions.

La Ley de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, obliga a los órganos jurisdiccionales a ‘uz ar dentro del límite Swp to page de las pretensiones f que fundamenten el posibilidad de que el procedimiento establ de las partes, traer al y de los motivos PACE 1 18 _ ó stando prevista la eda, mediante el nto e intervención usceptibles de fundar el recurso o la oposición (art. 33. 2, LJCA ) u otros motivos relevantes para el fallo distintos de los alegados ( art. 65. 2, LJCA ).

La congruencia presupone la confrontación entre la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso delimitado por eferencia a sus

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elementossubjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum), de modo que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la «causa petendi», alterando de oficio oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el «thema decidendi» La incongruencia, como desajuste entre el fallo judicial y las retensiones formuladas por las partes, puede producirse al conceder la sentencia más o menos o cosa distinta de lo pedido, y puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal Incongruencias y sus clases La falta de adecuación entre las pretensiones formuladas por las partes y lo resuelto supone la falta de congruencia o, lo que es lo mismo, la incongruencia de la sentencia.

La incongruencia jurisdiccional, puede ser positiva cuando otorga más de lo pedido. negativa cuando se concede menos de lo solicitado y aceptado por el demandado, interna, cuando los razonamientos que en ella se vierten resultan contradichos unos respecto de otros o con lo resuelto, a las que hay que añadir la incongruencia «extra petita» cuando se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes; y la «citra petita» si dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como una esestimación tácita. Así, la incongruencia a la que se refieren los arts. *** falta de congruencia externa) puede producirse de diferentes formas, al conceder la sentenci 20F 18 de congruencia externa) puede producirse de diferentes formas, al conceder la sentencia más, menos o cosa distinta de lo pedido: • Si se concede más de lo pedido (ultra petita) Si se dejan incontestadas o sin resolver alguno o algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita o incongruencia omisiva). Si se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado (extra petita). La congruencia como límite del proceso hace referencia a la correlación que debe existir entre el fallo, las pretensiones y los problemas debatidos en el recurso.

Es una exigencia procesal en cuya virtud, el contenido de la sentencia debe guardar correspondencia con las cuestiones debatidas y pretensiones formuladas por las partes en el proceso (STS de 8 de marzo de 2012 [j 1]). Cristian Rojas & Miguel Gutiérrez. Enero 2015. Nombre de la institución. Nombre del departamento. Nombre de la asignatura CONGRUENCIA PROCESAL, INCONGRUENCIA PROCESAL, INCONGRENCIA OMISIVA, CAUSA, CONTROVERSIA, FUNDAMENTOS, HECHOS, ARGUMENTOS, PRUEBAS. NTRODUCCION: La omision de la congruencia por el juzgador implica incongruencia procesal, pero no es sólo el juzgador quien está sometido al cumplimiento en el proceso de ciertas reglas lógicas. En la redacción de una demanda, en el planteamiento de cualquier reclamación judicial, también el actor está sometido a ciertos limites que tiene que ver con la lógica del propio discurso.

Cuando alguna de las partes incurre en un incumplimiento tan grave respecto a la lógica que impide a la otra 8 parte dar cabal respuesta , rompe la esencia ar cabal respuesta a lo planteado, rompe la esencia contradictoria del proceso e incurre en la denominada desviación procesal. En ambos casos, bien sea la parte, bien el juzgador, el vicio de incongruencia resulta inaceptable, por lo que en los ordenamientos jurídicos contemporáneos la sanción que recibe es la más severa que se puede establecer: respecto a las partes la inadmisión de la acción, que pone fin al proceso y supone la condena en costas; respecto al juzgador, la nulidad ex nunc de la sentencia o resolución dictada, que abre la vía al planteamiento frente a ella de recursos de revisión. Aunque a diferencia de la legislación española el ordenamiento colombiano no regula expresamente la figura de la desviación procesal.

Como no podia ser de otra forma, por la propia lógica del tema, y las cuestiones de justicia material con que se vincula la coherencia, la doctrina y jurisprudencia interpretativa colombiana también exigen a las partes en el proceso el cumplimiento de ese deber. La promulgación de un nuevo texto legislativo obliga a la Doctrina y a la jurisprudencia a interpretar nuevamente los preceptos que han resultado formalmente modificados, pero también les frece la ocasión de ensayar una reflexión más profunda sobre las cuestiones procesales que tienen una auténtica relevancia material, bien porque afectan a derechos fundamentales, bien – como la que aquí nos ocupa- porque afectan a la propia lógica y sentido de todo el proceso. obligación de congruencia de la sentencia fue un requisito que se estableció expresamente en España desde la promulgación del art. 43 de la Ley procesal de 1956. La actual legislación proces 40F 18 España desde la promulgación del art. 43 de la Ley procesal de 1956. La actual legislación procesal española sigue manteniendo la bllgación de congruencia de la sentencia como principio rector de toda la actividad del juez del orden de la jurisdicción de lo contencioso, y esta obligación se establece expresamente en el artículo 33. 1 y 2 y 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa[1].

Precepto este último que tiene un claro paralelismo con el artículo 218 de la Ley española 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[2], que resulta de aplicación subsidiaria al proceso contencioso. Aunque los citados artículos 33. 2 y 65. 2 de la LRJCA conceden una cierta ibertad al juzgador para motivar su decisión, los pnncpios de contradicción y congruencia, le exigen que cuando efectivamente fundamente la decision en motivos o cuestiones nuevas, previamente los someta a la consideración de las partes. ya que efectivamente la previsión contenida en el citado apartado 2 del ya citado artículo 33, obliga a someter a las partes los nuevos motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposicion en que el juez pretenda fundar su resolución.

En España, desde la ya clásica STS de 5 de noviembre de 1992[3] el Trlbunal Supremo habla salido al paso de confusas doctrinas nteriores, señalado claramente los criterios para apreciar la congruencia de las sentencias: A) PRETENSIONES: En la demanda contencioso-administrativa se albergan pretensiones de índole varia, de anulación, de condena etc.. B) CUESTIONES O MOTIVOS: Las pretensiones se fundamentan a través de concretos motivos de impugna CUESTIONES O MOTIVOS: de impugnación, que la jurisprudencia denomina «cuestiones». C) ARGUMENTOS: Las «cuestiones» o motivos de invalidez alegados por las partes, se hacen patentes ante el Tribunal mediante la aportación de argumentos fácticos y jurídicos.

La congruencia exige del Tribunal que no solamente se pronuncie sobre las pretensiones -para acogerlas o rechazarlas en todo o en parte- sino que tras aquél examen se pronuncie sobre todas las cuestiones que han servido de soporte inmediato a las pretensiones; es decir, que el deber de coherencia requiere un analisis de los diversos motivos de impugnación y de las correlativas excepciones u oposición que se han planteado ante el órgano jurisdiccional. PARA PODER PRONUNCIARSE SOBRE LAS PRETENSIONES EL JUZGADOR ANALIZAR LAS CUESTIONES O MOTIVOS PLANTEADOS POR LAS PARTES, AUNQUE EN ESA LABOR EL JUZGADOR NO ESTÉ VINCULADO, NI TENGA QUE SEGUIR EL DISCURRIR LOGICO-JURIDICO QUE LAS PARTES HAN EMPLEADO EN LA ELABORACIÓN DE SUS ARGUMENTOS. Afirmando esa doctrina, el Tribunal Constituclonal español dictó la Sentencia de 9 de febrero de 2004[4] encaminada a preservar el principio de contradicción como eje esencial del proceso.

En esta sentencia el Tribunal constitucional también señala que debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones, sin que las primeras requieran «una respuesta xplícita y pormenorizada» mientras que, por el contrario, las pretensiones si exigen que se le «de respuesta congruente» sin más excepción que la denomnada «deses 60F 18 más excepción que la denominada «desestimación tácita de la pretensión», que se produce cuando la ratio de la decisión puede deducirse del conjunto de razonamientos incluidos en la sentencia. En síntesis pues, para el Tribunal Constitucional español la congruencia de la sentencia presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivo (partes) y objetivo (petitum y causa de pedir).

La adecuación o correspondencia que la congruencia impone debe extenderse tanto al resultado o efecto jurídico que el litigante pretende obtener con el pronunciamiento judicial postulado (petitum) como a los hechos que sustentan la pretensión y nutren su fundamento (causa pretendi). Citando esta consolidada doctrina jurisprudencial, también una reciente sentencia del Tribunal Supremo español (vid. STS. de 20 de julio de 2012 reitera la obligación de que la decisión judicial mantenga la congruencia con las pretensiones y con las alegaciones de las partes, aunque resalta nuevamente que como alegaciones de la partes» únicamente deben entenderse los auténticos motivos del recurso (o cuestiones) y no la totalidad de los argumentos juridicos esgrimidos por las partes.

Pretensiones y motivos delimitan el alcance objetivo de la resolución judicial, debiendo, no obstante, añadirse para precisar el alcance del requisito de la congruencia que examinamos, otras dos consideraciones adicionales: a) Que la congruencia procesal es compatible con el principio iura novit curia en la formulación por los Tribunales de sus razonamientos ju sus razonamientos juridicos. b) Que la incongruencia es relevante, incluso, desde la erspectiva del derecho a la tutela efectiva y del derecho de defensa constitucionalmente reconocidos (artículo 24. 1 y 2 Constitución Española), cuando como consecuencia de ella se produce una modificación de los términos del debate procesal, con quiebra del principio de contradicción y menoscabo del fundamental derecho de defensa. Por ello (vid.

STC 8/2004 de 9 de febrero) el Tribunal Constitucional ha insistido en que es «PRECISO PONDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN CADA CASO PARA DETERMINAR SI EL SILENCIO DE LA RESOLUCION JUDICIAL REPRESENTA UNA AUTENTICA LESION DEL DERECHO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 24. 1 CE O SI, POR EL CONTRARIO, PUEDE INTERPRETARSE RAZONABLEMENTE COMO UNA DESESTIMACIÓN ÁCI A QUE SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA». LOS MODOS DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA EN LA JURISPRUDENCIA Y EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA. El Tribunal Constitucional español (vid. STC 20/1982), viene considerando el vicio de incongruencia, en sus distintas modalidades, como el desajuste entre el fallo judlcial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, concediendo más, menos, o cosa distinta de lo pedido.

Este vicio uede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación en que consista la incongruencia sea de tal naturaleza que suponga una completa modificación de los términos en que discurrió la controversia A partir de este 18 completa modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal. A partir de este planteamiento general, la jurisprudencia española distingue tres distintos modos de incongruencia, precisando las condiciones para apreciar su existencia: LA LLAMADA INCONGRUENCIA OMISIVA O EX SILENTIO: Se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes.

Para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no es necesaria una contestación ni explícita, ni pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión pudiendo bastar, en atencion a las circunstanclas particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respuesta respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Como ya mencionamos, o existe incongruencia ex silentio cuando quepa interpretar (razonablemente) ese silencio judicial como una «desestimación tácita» y la motivación de la desestimación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución 2. LA DENOMINADA INCONGRUENCIA EXTRA PETITUM: Se da cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un tema que no esté incluido en las pretensones procesales, de tal modo que se haya impedido así a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al efraudar el principio de contradicción. 3. – LA DENOMINADA INCONGRUENCIA INTERNA. Como ya expusimos, el Tribunal Supremo en sintonía por lo declarado por el Tribunal Constitucional, ha declarado que Tribunal Supremo en sintonía por lo declarado por el Tribunal Constitucional, ha declarado que deben examinarse todas las cuestiones controvertidas. RES REFLEXIONES Y UNA PRECISION. CONGRUENCIA Y PRINCIPIOS PROCESALES.

Primera: Durante todo el juicio, desde su inicio, el juez debe cuidar la coherencia, o lo que es lo mismo, prevenir la incoherencia, especialmente cuando el proceso es oral y queda vinculado l orden mantenido en las sesiones. En un proceso judicial contradictorio verbal o escrito, cada una de las partes elabora su propio discurso (contradiciendo y contrariando el adverso), para que sobre la base de aquellos dos, y sólo en cierta medida con su límite, el juzgador fije los hechos probados, y los argumentos más ciertos. Es decir que el juzgador tiene el deber de componer un tercer discurso que -resolviendo la controversia planteada (contrariedad y contradicción)- dará y quita razones a las partes.

Para ello el juzgador debe: a) Primero debe fijar los hechos, considerando cuales realmente caecieron y cuáles no, y discerniendo entre los acaecidos los que resultan relevantes y los superfluos, según la conslderación expuesta por las partes y la que se deriva de su aceptación o rechazo. b) A continuación, el juzgador debe estudiar la trascendencia fáctica y jurídica, que las partes pretenden hacer resultar de esos hechos. c) Por último, atendiendo a lo que cada parte pretende, a la vista de los hechos relevantes que han resultado probados y de los argumentos contradictorios frente a los que la otra parte tuvo posibilidad de defensa, considerar las iguales, mayores o menores razones que a cada uno asisten, para